confiança ciutadana: metges, científics i professors, amunt; partits, bisbes i bancs, avall

Metroscopia elabora des de fa un any un Baròmetre de la Confiança a Espanya, en el que pregunta als ciutadans per l'aprovació o desaprovació que els mereixen un total de trenta-cinc institucions, grups socials o figures públiques. El col·lectiu que aconsegueix un major nivell de confiança és el dels metges (93%), seguit dels científics (90%), els professors d'ensenyament públic (88%) i les petites i mitjanes empreses (87%). En la banda contrària, aquelles institucions de les que més desconfien els espanyols són els partits polítics, als quals només aprova un 9%, seguits dels bancs (11%), el Parlament (16%) i els bisbes (16%). Els segueixen en el hit parade del recel social la patronal, el Govern i els sindicats.

Analitzant més detingudament l'estudi, es perceben coses curioses: Càrites obté un grau d'aprovació que duplica al de l'Església catòlica, el Príncep mereix més confiança (set punts més) que el Rei i la Guàrdia Civil goleja al Tribunal Suprem (74 a 27). La ràdio obté major aplaudiment que la premsa i aquesta és valorada molt per sobre de la televisió, a la qual desaprova la meitat del país.

La fotografia d'Espanya que resulta de l'estudi hauria de preocupar als dirigents polítics i socials, encara que José Juan Toharia, president de Metroscopia i catedràtic de Sociologia de la Universitat Autònoma de Madrid, pensa que aquesta desconfiança respecte a les institucions, especialment de les més directament relacionades amb la gestió d'assumptes públics, no ha d'inquietar a ningú. Al seu judici, és un fenomen propi de democràcies madures i consolidades, amb ciutadans cada vegada millor informats, més crítics i exigents. No obstant això, el rebuig tremend al Parlament, veritable òrgan de la sobirania popular, amb un 81% de desaprovació, mereixeria que els partits, el farolillo vermell de les institucions, proposessin un debat en profunditat sobre com aconseguir apropar-se als ciutadans, com aconseguir una democràcia més participativa i com obtenir major respecte de la col·lectivitat.

La dada més positiva és que la societat entén la labor de l'educació, de la ciència i de les petites i mitges empreses. Totes elles obtenen alts índexs de confiança, com si el país tingués clar que a través d'una bona formació, de la investigació i del teixit empresarial podrem tornar a créixer. Un problema no només econòmic ho tenen els bancs (88% de desaprovació), que han passat de ser dipositaris de la confiança dels ciutadans, a causar grans recels pel seu paper en la crisi.

4-VII-12, Màrius Carol, lavanguardia

Desde hace ya al menos tres decenios se viene detectando, en todos los países democráticos, una tendencia de ambigua evaluación: aumenta la proporción de ciudadanos que expresan su desconfianza respecto de las instituciones sociales, y muy especialmente respecto de las más directamente relacionadas con la gestión de los asuntos colectivos. En la medida en que las instituciones representan los pilares básicos que articulan la vida social, esta pauta (con el correlativo ensalzamiento de lo no institucional o antiinstitucional) puede resultar inquietante. Pero si se tiene en cuenta que el fenómeno se registra fundamentalmente en democracias maduras y muy consolidadas, con ciudadanos cada vez más informados, críticos y exigentes, esta pauta no solo parece esperable, sino incluso positiva. Sea como fuere, lo cierto es que el recelo institucional parece acentuarse de forma acusada cuando se dan circunstancias excepcionales. Crisis tan generalizadas, profundas y prolongadas como la actual acaban haciendo aflorar, junto con el empobrecimiento general que generan, los aspectos más turbios de la vida colectiva, no tan claramente perceptibles en tiempos de bonanza: las corruptelas, las incompetencias, las turbiedades de todo tipo y —lo peor de todo— las impunidades. Ello, a su vez, fomenta la desmoralización colectiva y la puesta en cuestión de las normas éticas y de los valores sociales compartidos. El desgaste institucional alcanza en esas condiciones un insoportable grado máximo: no por azar, las grandes convulsiones económicas han derivado con frecuencia en hondas crisis sociales y en incontrolables terremotos políticos.

Por supuesto, estamos aún muy lejos —al menos en nuestro país— de un escenario tan catastrófico. Pese a la actual crisis, ya en su quinto año triunfal, nuestro estado de ánimo colectivo dista mucho de parecer tocado por el “efecto cambalache”: que al igual que en las vitrinas —siempre irrespetuosas— de ese tipo de tienda, la vida se aparezca mezclada sin rango ni jerarquía alguno, propiciando la sensación de que ya todo es igual y nada es mejor. La realidad es muy otra: nuestra ciudadanía sigue mostrándose perfectamente capaz de discernir con claridad y sereno juicio qué es lo que en nuestra sociedad funciona bien y qué es lo que, por el contrario, funciona mal. Ni todo le parece lo mismo, ni todo le merece el mismo juicio.

El Cuadro que acompaña a estas líneas recoge los resultados de la tercera oleada del Barómetro de Confianza Institucional que periódicamente, y desde hace ahora un año, lleva a cabo Metroscopia. Se trata de un intento de captar de forma recurrente el juicio que al español medio merece una amplia, y constante, selección de grupos sociales, figuras públicas e instituciones de todo tipo. En esta ocasión, lo que el Barómetro recoge es la medida en que el desempeño de las funciones de cada uno de ellos es objeto de pública aprobación o desaprobación. La clasificación resultante apenas varía, pese a la ligera variante metodológica empleada.

Lo primero que llama la atención es que los ámbitos institucionales que, por su desempeño profesional, obtienen los mayores niveles de aprobación resultan ser precisamente los que se están viendo más castigados por los recortes en el dinero público: es el caso, por ejemplo, de los científicos, de la enseñanza pública, de la Universidad o de la sanidad pública. En cambio, las instituciones financieras en general, que aparecen en el penúltimo lugar de la tabla, con un espectacular saldo de -78 puntos, son las que —siempre en bloque— han recibido mayores aportaciones públicas. Por comprensible que pueda ser esto desde un punto de vista económico general, no por ello escuece menos a la ciudadanía, lo que explica que un 64% esté sencillamente a favor de dejar quebrar a aquellas entidades financieras que por su mala gestión se encuentren en graves dificultades para sobrevivir. Como en oleadas anteriores, médicos, científicos, docentes, sanidad pública e instituciones protectoras (Policía, Guardia Civil, ONG y Cáritas) copan la cabecera del ranking, con abrumadores saldos aprobatorios. Merece en esta ocasión destacarse la presencia de las pymes en este máximo nivel del aprecio ciudadano. En oleadas anteriores aparecían ya bien evaluadas en lugares intermedios de la tabla: la profundización de la crisis y su especial impacto en este concreto sector empresarial (el que más empleo da) explica sin duda su creciente —y ahora ya máxima— buena imagen.

En cuanto a los medios de comunicación, la radio sigue en cabeza (con un saldo de +46), seguida de la prensa (+13). La televisión, cada vez asociada más al entretenimiento que a la información creíble, sigue por detrás con un saldo negativo (-6). La Corona (personificada por el Rey y por el Príncipe de Asturias) registra, por primera vez, una inversión en la evaluación ciudadana: el Príncipe Felipe (con un saldo de +29) queda por encima del actual Jefe de Estado (+15). La relativa pérdida de brillo social de este último no parece difícil de explicar a partir de acontecimientos aún recientes que, en todo caso, parecen haber hecho mella exclusivamente en su propia imagen personal y no en la de la institución que encarna. Así es, probablemente, como cabe entender la amplia aprobación ciudadana a la forma en que desarrolla sus funciones el llamado a ser constitucionalmente su sucesor, que no solo se consolida sino que incluso —lentamente— se amplía. Una buena noticia sin duda para todos cuantos pudieran sentir inquietud por el grado de apoyo popular, al menos en el futuro inmediato, a nuestra actual forma de Estado.

Por último, resulta llamativo el caso de la Justicia y de la Iglesia, que coinciden en algo que no parece irrelevante: cuanto más elevado el rango institucional de las mismas sometido a evaluación ciudadana, peor resulta ser esta. Así, se penaliza especialmente al Tribunal Supremo (con un inquietante saldo de -41, que probablemente refleja el juicio público de conjunto a su trayectoria en lo que cabe designar como “era Dívar”) y el Tribunal Constitucional (cuya exasperante lentitud en temas cruciales se traduce en un -37); mejora algo la evaluación de conjunto de la Justicia (“los tribunales de Justicia”) y quedan ya prácticamente a mitad del ranking los jueces y magistrados de a pie. Algo similar ocurre con la Iglesia: Cáritas está excelentemente evaluada (+53), los curas de las parroquias consiguen un honroso nivel medio (+5), la Iglesia en su conjunto presenta ya un saldo negativo (-20), mientras que los obispos (con un clamoroso -60) quedan al fondo, por encima tan solo de quienes, en todas las democracias, ocupan la cola de este tipo de clasificaciones: los políticos.

2-VII-12, J.J. Toharia, elpais