*La educación universitaria en un país liberal*, Jeffrey A. Miron

La enseñanza superior estadounidense ha sido noticia últimamente, y no en el buen sentido. La creciente polarización y acritud, además, parecen susceptibles de empeorar con las actuales políticas gubernamentales hacia la enseñanza superior.

En Libertarian Land, todas las universidades son privadas. Los gobiernos no financian la investigación, no subvencionan los préstamos a los estudiantes ni gestionan las universidades.

En relación con esto, el código fiscal nunca grava los "ingresos empresariales" como tales, sino que atribuye todos los ingresos a las personas físicas. Esto elimina cualquier necesidad de distinguir entre actividades lucrativas y no lucrativas y, por tanto, elimina cualquier estatus fiscal preferente para la enseñanza superior. Las dotaciones de las universidades reciben el mismo trato que los activos de otras entidades económicas.

Bajo este régimen, todo el gasto en educación superior e investigación procede de fuentes privadas (ingresos por matrículas, financiamiento privado de la investigación, donaciones) y la educación superior no recibe ninguna ayuda ni obstáculo del código fiscal.

Esto significa que el gobierno en Libertarian Land no tiene las justificaciones que el Congreso utiliza actualmente para interferir en la educación superior. Los colegios y universidades son libres de practicar la discriminación positiva en las admisiones, restringir la libertad de expresión, desinvertir en combustibles fósiles, apoyar la investigación que utiliza células madre, cambiar el nombre de los edificios, excluir a los estudiantes de una determinada raza, género o religión, determinar sus propias políticas hacia el acoso sexual o intimidación, y todo lo demás.

Cada institución funciona como le parece, sujeta únicamente a la disciplina del mercado.

Este régimen político no garantiza que el Congreso y las legislaturas estatales no intervengan nunca en la enseñanza superior; los responsables políticos regulan innumerables actividades que no reciben subvención alguna.

Sin embargo, la ausencia de financiamiento o de un trato fiscal preferente dificulta justificar la injerencia. El Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972, por ejemplo, exige a las universidades que aceptan fondos federales que adopten determinados procedimientos para tratar la discriminación de género y las agresiones sexuales, permitiendo implícitamente que otras escuelas adopten enfoques diferentes. El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que desempeñó un papel fundamental en la reciente prohibición del Tribunal Supremo de la discriminación positiva en las admisiones universitarias, establece:

Ninguna persona en los Estados Unidos podrá, por motivos de raza, color u origen nacional, ser excluida de la participación en ningún programa o actividad que reciba ayuda financiera federal, ni se le denegarán los beneficios de los mismos, ni será objeto de discriminación. (Énfasis añadido.)

El Congreso y la administración Biden han justificado sus investigaciones universitarias señalando explícitamente la aceptación de fondos federales.

Otra cuestión distinta es si el régimen político propuesto aquí es deseable en general, ya que la educación y la investigación podrían generar externalidades positivas. Las personas razonables pueden discrepar sobre esta cuestión.

Sin embargo, los argumentos aquí expuestos sugieren que la sociedad no puede subvencionar la enseñanza superior y evitar al mismo tiempo la controversia que esas subvenciones exacerban.

Este artículo fue publicado originalmente en Substack el 15 de enero de 2024.