guerra a les taxes

El canon digital es el centro de una importante polémica industrial y cultural. Según sus detractores, esta tasa que empezó en los discosCD yDVDy que se va extendiendo a todo tipo de soportes, aparatos y servicios, es abusiva, arbitraria y poco efectiva ante fenómenos como la piratería industrial. Por su parte, entidades como la Sociedad General de Autores de España (SGAE) defienden el canon como el único sistema para compensar las pérdidas industriales que achacan a las copias privadas. Esta semana, la plataforma Todoscontraelcanon. es, que ha tenido su base de acción en internet, ha presentado 650.000 firmas en oficinas de la Comisión Europea en Madrid.

Todoscontraelcanon. es esta formada por usuarios, consumidores, asociaciones empresariales y sindicatos. Entre las 22 organizaciones que la integran, están Facua (consumidores), Astel (operadoras y empresas de telecomunicaciones), AUI y AI (usuarios de internet), el sindicato Comisiones Obreras y Asimelec, la organización que agrupa a los principales fabricantes de España. Las firmas acompañaban un escrito dirigido a las comisarías europeas de Competencia y de Sociedad de la Información, argumentando que el canon vulnera los derechos de los usuarios y consumidores españoles.

Hoy por hoy, no existe una política común europea en el tema. Existen países, por ejemplo Inglaterra, que no aplican este canon. En otros casos, cuando se aplica, no siempre es sobre la misma lista de artículos o servicios. Y no existen tasas comunes, lo que da lugar a situaciones chocantes. Reproductores idénticos de MP3 (misma marca y misma capacidad) pueden tener una diferencia de precio de hasta 70 euros en países vecinos, lo que dada la existencia de las tiendas online y las importaciones paralelas resulta un absurdo desde el punto de vista del mercado.

En España, la progresiva aplicación del canon ha generado capítulos de gran tensión. Como las condenas judiciales a fabricantes de soportes y las denuncias de la SGAE contra Apple por el canon del iPod. Las críticas de la industria y los usuarios señalan que la tasa se aplica sin un criterio claro y crea situaciones polémicas. Por ejemplo, la que se deriva de cobrar un canon por copia privada en todos los casos, aunque los usuarios utilicen sólo materiales propios o sin copyright. O la que se produce cuando se instituye el canon por copia privada y, a la vez, se colocan sistemas anticopia en muchos productos.

La nueva ley de Propiedad Intelectual (LPI) que entró en vigor el pasado 29 de julio no ha clarificado el panorama. Y una de las acciones previstas por Todoscontraelcanon. es es pedir su inconstitucionalidad. "Nuestros servicios jurídicos están trabajando en el recurso, que presentaremos antes de que acabe octubre", explica Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI y uno de los encargados de presentar las 650.000 firmas ante la UE.

Sobre la petición de ayuda a Bruselas, señala: "Queremos que sepan que mientras Europa realizaba una consulta pública para ver qué hacía con el canon, aquí ya lo habían aprobado y se estaba denunciando a las empresas, en una estrategia que no tiene equivalente en otros países. La Unión Europea tiene una visión ponderada del tema, mientras que aquí los políticos han sucumbido ante el poder de las entidades de gestión y está ignorando a consumidores y usuarios".

1,20 euros más por DVD Las cifras generadas por el canon no son pequeñas. Según datos de Apemit (pequeñas y medinas empresas de informática), el importe de esta tasa aumenta el precio de un DVD virgen en 1,20 euros. Y el de un reproductor MP3 de 4 Gigas en unos 19 euros. Según la asociación, el canon supone "un incremento de entre el 35% y el 100% del coste". En números redondos, la recaudación en España por el canon de losCDy los DVD se ha triplicado desde el 2003, al pasar de 11,4 millones de euros a los 35 en el 2005.

Ensu escrito, Todoscontraelcanon. es recuerda que la mayoría de veces los soportes vírgenes se utilizan para almacenar contenidos propios o adquiridos legalmente o hacer copias de seguridad. En consecuencia, pide una mayor transparencia sobre una tasa que, hoy por hoy, encarece todos los productos. También recuerda que el canon no diferencia entre contenidos sujetos a copyright y aquellos que voluntariamente están libres de ellos, como los copyleft o creative commons,que promulgan el uso libre de materiales.

Otro de los puntos críticos se basa en la imposición múltiple que se origina al comprar. "Se pagan los derechos al adquirir el contenido, y se vuelve a pagar por el hecho de almacenarlo en un dispositivo, o de moverlo a través de una red de telecomunicaciones", dice el escrito. El tema es especialmente flagrante cuando alguien utiliza materiales libres de derechos, por ejemplo sus propias fotos o vídeos familiares, y pese a esto va acumulando tasas en cada aparato y soporte que utiliza al tomar, editar o visionar las imágenes. El escrito también señala que el canon no ayuda en la lucha contra la piratería industrial. "El canon no erradica, en ningún caso, la piratería o el topmanta,y en algunos casos, incluso la incentiva, al incrementar el coste de los soportes y propiciar que el negocio se traslade a otros países que no tienen estos gravámenes".

La plataforma pide a la Comisión Europea que se impida la instauración de un canon indiscriminado, que se impida la imposición múltiple y que se exima de su pago a todos los usuarios que no utilizan contenidos con derechos de autor. Y también solicita que, llegado el caso, la administración española recaude y distribuya el canon y cree organismos de arbitraje.

Unas peticiones que probablemente intentan quitar poder a las actuales sociedades de gestión.

Mientras, la polémica LPI sigue su camino, y el próximo paso previsto es actualizar la lista de dispositivos afectados y sus tarifas. Para ello se han empezado a reunir esta semana el Ministerio de Industria, nueve entidades de gestión, entre ellas la SGAE, y dos asociaciones de empresas, una de ellas Asimelec. En la reunión no están presentes ni la plataforma Todoscontraelcanon. es como tal ni las asociaciones de usuarios.

Alud de reclamaciones Otros afectados ausentes de la reunión son los pequeños comerciantes de productos informáticos, muchos de ellos acosados por las demandas retroactivas de las entidades de gestión. Apemit, que agrupa un millar de tiendas, tiene constancia de unas 200 denuncias por importes que van desde los 18.000 hasta los 459.000 euros.

Ana Maria Méndez, impulsora de la asociación, señala: "Las tasas son abusivas y el efecto retroactivo es injusto. Nos están pidiendo el canon de épocas anteriores a los primeros acuerdos sobre el tema, que son del año 2003. Eso quiere decir que en entonces nosotros no cobrábamos el canon, pero que ahora lo tenemos que pagar. Y nos piden que paguemos 1,20 euros de canon por cada DVD virgen vendido en el 2002, cuando entonces los discos se vendían a 0,60 euros. ¿Tiene esto algún sentido?".

Y agrega: "Para crear un canon digital, lo primero que debe existir es una tarifa lógica, pactada y aplicada a partir del fabricante. Lo que se está haciendo ahora es una chapuza que, además, hará que muchas tiendas tengan que cerrar".

Àlex Barnet, lavanguardia, 24-IX-06.