la Constitució, segrestada per la partitocràcia, pel PPSOE

Vuit magistrats és el mínim exigit per la llei perquè el Tribunal Constitucional pugui reunir-se en ple i prendre decisions. La voluntat de renúncia dels jutges Gay, Pérez Vera i Delgado implicava, per tant, deixar la institució a punt de la inoperància, del KO tècnic. Si qualsevol dels vuit magistrats que compondrien el Constitucional en aquesta situació patís un contratemps que l’apartés d’aquesta tasca, la institució hauria quedat bloquejada, inservible.

Això explica, probablement, per què el president del TC, Pascual Sala, va decidir ahir a la nit rebutjar les renúncies. Sala comprèn les raons dels dimissionaris, però li toca menar el timó. És més que probable, en tot cas, que la inclinació natural de Sala, que coneixia les intencions dels tres magistrats des de la setmana passada, hagués estat la d’acceptar les renúncies, tenint-ne en compte els antecedents.

El president del TC ja va acceptar la dimissió de sis vocals del Consell General del Poder Judicial quan el presidia, el 1996, i la falta d’acord entre el PP i el PSOE prolongava el mandat d’uns vocals que ja no havien d’exercir aquesta responsabilitat, perquè s’havia expirat el mandat, com passa en el cas actual. Això succeïa el 1996, amb un PP que iniciava l’etapa de govern. Ara, en canvi, hi ha un Executiu que lluita per arribar al final d’una legislatura, sostingut per un PSOE molt minvat en la seva força electoral, segons ha posat en relleu el resultat dels comicis municipals i autonòmics.

Per al PSOE, en suma, té una importància especial desbloquejar la renovació del TC abans de les pròximes eleccions generals. El motiu resideix en què si les guanya el PP, i sobretot si ho fa per majoria absoluta, la institució podrà quedar composta amb una majoria decantada cap a posicions conservadores. En tot cas, la renúncia dels tres magistrats no sembla haver aconseguit que es mogui
res. El PP va considerar ahir que les dimissions són un reflex més de la situació de desgovern que segons el seu parer passa el país, i el PSOE va lamentar que l’oposició no faciliti el relleu dels jutges, una actitud que atribueix a la pretesa voluntat dels populars de negociar des d’una posició de més força d’aquí a un any.

Apart de les corresponents als tres dimissionaris hi ha una quarta plaça pendent de renovació al TC. És la que va ocupar el magistrat Roberto García-Calvo, vacant des que va morir el 2008. L’expresident Francisco Tomás y Valiente ja va afrontar una situació similar fa vint anys, però les advertències de llavors als partits no han servit de res, com s’observa.

14-VI-11, J.M. Brunet, lavanguardia

Una bofetada al Gobierno y al PP. A eso equivale la renuncia del vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, que deberían haber sido sustituidos el pasado noviembre. La falta de acuerdo entre PSOE y PP lo ha impedido y se han cansado de esperar. Por eso remitieron ayer al presidente del Constitucional, Pascual Sala, una carta de renuncia que pretende forzar su sustitución en el plazo más breve posible.

A su vez, el presidente del TC decidió anoche que rechazaba las renuncias. Pero el daño ya estaba hecho. Es difícil que el Constitucional tome ahora con plena autoridad en sus manos, como si nada hubiera pasado, las sentencias más conflictivas que tiene pendientes, como las que se refieren a los partidos de la izquierda abertzale o al tratamiento penal de los terroristas. Legalmente, el TC goza de plena autoridad, pero será ineludible el dato de que tres de sus magistrados, entre ellos su vicepresidente, siguen forzados en su puesto.

No es sólo el malestar por el retraso en su renovación lo que ha agotado la paciencia de los magistrados dimisionarios. También es la falta de reconocimiento hacia su labor. La sentencia sobre Bildu ha colmado el vaso. El Constitucional ha recibido críticas durísimas por esa resolución, y sus miembros no se han sentido suficientemente defendidos. Los magistrados dimisionarios se han preguntado qué hacen prolongando su labor en el TC si el Gobierno y el PP se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de lo que decide la institución y además son incapaces de renovarla por tercios cada vez que, como ocurre ahora y desde hace ya seis meses, corresponde legalmente.

La sensación de falta de respeto y utilización de la institución con intereses partidistas es antigua en el Constitucional. Pero todo lo que ha ocurrido en torno al TC desde que se presentó el recurso contra el Estatut no ha hecho más que acrecentar esa convicción. La diferencia es que entonces no dimitió ningún magistrado, pese a que no faltaron las invitaciones a hacerlo, y ahora sí han llegado las renuncias.

Cuando los requerimientos procedían de Catalunya, no tuvieron la misma respuesta. Eugeni Gay alude a ello en su escrito de renuncia. Lo relata diciendo que él ya quiso marcharse desde que expiró su mandato, hace siete meses, pero que entonces se le pidió que no dimitiera "cuando no lo habían hecho otros compañeros que hacía casi tres años que habían finalizado su mandato". Gay expone, en suma, que quiso irse cuando debía, y no le dejaron.

La situación del TC, en todo caso, no ha hecho más que agravarse con el paso del tiempo. Ahora ya no cuentan sólo las críticas recibidas, sino las que previsiblemente quedan por llegar. El TC tiene que resolver sobre la legalización de Sortu, sobre la nueva legislación del aborto, sobre el matrimonio homosexual y sobre muchos otros asuntos sumamente conflictivos en los que, en la situación actual, difícilmente logrará que su decisión sea recibida y respetada como un pronunciamiento pacificador.

Todo eso ha pesado en la renuncia de los tres magistrados dimisionarios. Sus cartas de renuncia transmiten una profunda sensación de fatiga. La del vicepresidente del TC, Eugeni Gay, recoge que en numerosas ocasiones, cuando estaba pendiente la renovación anterior, había dicho en el pleno que tenía "la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".

La decisión de Pascual Sala de rechazar las renuncias supone, en suma, que la renovación no podrá forzarse. Ese era otro elemento clave para entender la importancia que tienen los momentos concretos de relevo de los magistrados. Si se hace ahora, el PSOE podrá consolidar la influencia de los jueces progresistas. Si se espera un año y el PP ha ganado las elecciones, sucederá exactamente lo contrario.

14-VI-11, J.M. Brunet, lavanguardia