material per al debat sobre l’estatut del partit transnacional (II)

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LIMITES DEL MODELO POLITICO/ORGANIZATIVO DEL PR

Este modelo político y organizativo ha demostrado, en la primera fase de construcción del partido transnacional, elementos de debilidad por lo que se refiere a las tres características consideradas.

1) Finalidades y objetivos - La ausencia de instituciones parlamentarias supranacionales en donde se pueda desarrollar efectivamente el debate democrático y que estén provistas de poderes legislativos reales hace que sea problemática, para una organización como el PR que no quiere limitarse a la agitación y a la denuncia, la búsqueda de salidas políticas y legislativas de sus campañas. La experiencia de la lucha contra el exterminio causado por el hambre en el mundo ha demostrado desde luego el alto valor y la utilidad de las tomas de posición de instancias internacionales, exentas de poderes, como el Parlamento europeo pero también la extremada dificultad de hacer que las deliberaciones del PR, a pesar de estar aprobadas por amplísima mayoría, desencadenen acciones gubernamentales efectivas. De ahí la necesidad de replegar de alguna manera en los interlocutores nacionales y las instituciones representativas que, sin embargo, por una parte, de forma singular, no son adecuadas a dar una solución eficaz y global a los grandes temas políticos de nuestro tiempo y por otra proponen la necesidad de contar con alguna forma de articulación nacional y en cualquier caso de influencia en los parlamentos nacionales. Se ha intentado superar este handicap, a partir de la concepción transpartídica del PR, teorizando sobre la posibilidad de proporcionar a los parlamentarios de distintos países el “servicio” del partido, es decir la posibilidad de desencadenar, paralelamente en los distintos parlamentos, iniciativas idénticas de orientación legislativa. Legítimamente se ha dicho que la iniciativa de cada uno de los parlamentarios o incluso de Parlamentos enteros amenazados por fuerzas totalitarias (por ejemplo en Croacia) estaría enormemente potenciada por este servicio de “asistencia mutua”, de coordinación y de promoción. Un intento en esta dirección está representado por la campaña para la abolición de la pena de muerte en el mundo antes del año dos mil que, partida como iniciativa específica con respecto a Rusia, se ha transformado en una propuesta política generalizada y de más amplio alcance. Pero a pesar de la adhesión de cientos de diputados, no logra despegar como auténtica batalla política. El mayor obstáculo para el éxito de esta u otra iniciativa está representado por la resistencia de la mayoría de los parlamentarios de los países occidentales (menor en los nuevos parlamentos de los países salidos del comunismo) en convertirse en sujeto activo y organizado de otro partido, a pesar de ser transnacional y de no hacerle la competencia a los partidos nacionales. La solución más obvia para intentar darle un viraje a esta dificultad sería la creación de ligas transnacionales, federadas al PR, que reuniesen a parlamentarios y militantes políticos en temas concretos de lucha. Pero a parte de la dificultad de mantener en pie a distintas organizaciones que deberían contar con estructuras organizativas propias y diferenciadas, este modelo teórico sacrifica precisamente la cuestión de base del partido transnacional que es ser “complementario” con respecto a los partidos nacionales y no externo ni ajeno.

2) Identidad - La supuesta existencia de una demanda política de partido transnacional con una destacada identidad supranacional, europeísta, federalista y noviolenta, no necesariamente vinculadas a campañas políticas concretas, no ha hallado par en los hechos. Es más aún, no ha surgido, en la clase dirigente internacional, un elemento suficientemente motivado con respecto a los problemas del refuerzo y de la democratización de las instituciones supranacionales.

Los “sondeos” efectuados con muestrarios significativos como los 40 mil diputados de gran parte de los parlamentos del mundo, destinatarios de los 5 números de un periódico escrito en 14 lenguas, ha dado resultados inadecuados, con la excepción - muy significativa e importante, cabe destacar - de distintos nuevos parlamentos de los países recién salidos del comunismo. Es necesario llevar a cabo un análisis profundo de las razones de estos resultados distintos.

3) Modelo organizativo - En primer lugar cabe destacar que situaciones contingentes han impedido el debate sobre nuevos instrumentos estatutarios. En práctica, el PR ha utilizado aquellos aspectos del viejo estatuto aún vigentes en presencia, con el congreso de Bolonia de enero de 1988, de la inequívoca decisión de convertirse en sujeto transnacional. Con el Congreso de Budapest de abril de 1989 ninguna modificación estatutaria tuvo lugar, salvo prever la posibilidad de adoptar poderes estatutarios de forma colegial, por parte del Secretario, del Tesorero, del Presidente del CF y del Presiente del PR. Esta situación ha impedido la experimentación de nuevos modelos organizativos y por lo tanto la posibilidad de madurar nuevos análisis y nuevas hipótesis. Por lo tanto, lo único que se puede observar es que la perspectiva de autofinanciación basada predominantemente en las cuotas de inscripción individuales que deberían proceder de un mínimo de 50 mil inscritos representa una hipótesis que hasta el momento presente no se ha hecho realidad ni en las anteriores experiencias del PR, ni en la de las organizaciones internacionales no gubernamentales existentes.

HIPOTESIS PARA LA DEFINICION DE UN NUEVO MODELO POLITICO/ORGANIZATIVO DEL PR

De estas observaciones preliminares se desprende la exigencia de que el modelo político/organizativo del PR transnacional se encargue de una serie de exigencias.

1) FINALIDADES Y OBJETIVOS

Se proponen aquí, para contribuir a la discusión, algunos esbozos de razonamiento posibles, que en parte se integran y en parte se contradicen.

a) Acuerdos con organizaciones nacionales.

Se puede partir de la cuestión de que cabe confirmar totalmente, en los términos que se han definido hasta ahora, la hipótesis del partido “transparente” con respecto a los partidos nacionales, a pesar de las dificultades con las que se ha encontrado hasta el momento presente. En ese caso, se plantea la cuestión de si dicha hipótesis debe hallar realización no tanto y no sólo basándose en iniciativas individuales de parlamentarios cada uno por su cuenta, sino a partir de acuerdos con dichas organizaciones nacionales que reconocen de alguna manera el “carácter complementario” del PR con respecto a sus propios objetivos. Esta hipótesis debería hallar una forma de decodificación y de reglamentación en el estatuto del PR con mecanismos un poco más fantasiosos que los meramente confederales o federales. No cabe la menor duda de que esta relación debería basarse en intereses recíprocos y efectivos. Cabe evaluar si también el estatuto debe prever expresamente automatismos por ejemplo en el apoyo electoral de aquellos diputados o partidos que han establecido una relación orgánica con el PR. En cualquier caso sigue existiendo el obstáculo que constituye la “desconfianza” de parlamentarios o partidos de asociarse a otro partido, aunque no se presente a las elecciones.

b) Una organización incluso a nivel nacional?

Por el contrario, se puede poner en discusión esta noción de “transparencia”. De hecho, es lícito dudar sobre si una “transparencia” como la que se debate en este momento es un factor de dificultad, una opción que puede ser coherente con la naturaleza de organizaciones tipo Amnesty, pero incongruente con respecto a la de un partido (parte, contrapuesta a otras partes).

No es tan fácil además, sobre todo para una organización que quiere ser partido político, marcar con rígida nitidez la frontera entre el “terreno nacional” y el “terreno transnacional” de acción. El partido transnacional no puede en absoluto aceptar que el ámbito transnacional, el ámbito en el que desea crear batalla política, y por lo tanto victorias y derrotas, sea entendido como una especie de resultado negativo, es decir como lo que es residuo y por lo tanto marginal, poco relevante con respecto a la confrontación política tanto que se puedan realizar convergencias transpartídicas. En su propia lógica, querrá promover una iniciativa y un enfrentamiento político en los que, desde una perspectiva transnacional, considere que son los nudos centrales, sean cuales fueren los nexos con las confrontaciones de política interna. En muchos casos, así pues, el lazo entre ambos contextos será estrecho.

Por ejemplo: la alternativa partidocracia-democracia de derecho. Si el partido transnacional ve en ella una cuestión que va más allá de los límites de cada una de las “políticas nacionales” y cobra las características de una de ellas sobre la cual están en juego asimismo los derroteros del mundo, sin lugar a dudas es de de su competencia coordinar a nivel transnacional las batallas políticas que se deberán llevar a cabo a partir de los distintos ámbitos nacionales. “Transparencia”, ya lo creo. Se trata de decantarse, de pringarse, creándose amigos y enemigos en los distintos marcos nacionales. O la batalla antiprohibicionista en materia de droga: más transnacional que nadie, obviamente. Pero en algunas situaciones (por ejemplo, Italia en la pasada legislatura) puede llegar a convertirse en uno de los grandes temas de discriminación de la política nacional…. No tenemos más que reflexionar un momento, surgen infinidad de ejemplos en cuestiones en las que no puede existir espacio marcado entre la dimensión nacional y la transnacional de la lucha política. Y el sentido de la existencia de un partido transnacional es precisamente crear la posibilidad de la lucha política a dimensión transnacional; lo que las organizaciones transnacionales no hacen.

Se trata, en resumidas cuentas, llegados a este punto, de meditar sobre la relación entre dimensión nacional y dimensión transnacional de la acción política; ello puede comportar consecuencias sobre la relación que puede o debe existir entre la militancia en los partidos nacionales por separado y la militancia en el partido transnacional. A estas consideraciones cabe relacionar una cuestión crucial desde el punto de vista estatutario: cabe llevar a cabo la lucha política de dimensiones transnacionales, básicamente en los distintos ámbitos institucionales nacionales puesto que es ahí en donde sigue estando el poder, la fuerza, el poder decisional, el PR debe o no, y eventualmente de qué manera, organizar su propia lucha, y por lo tanto organizarse, en las distintas sedes nacionales? Si se mantiene la decisión de no crear una organización también a nivel nacional - en cuyo seno dar concreción al carácter transpartídico - no estaremos a caso corriendo el riesgo de privar al partido de instrumentos políticos eficaces?

Desde luego, saltan a la vista los peligros a los que, por este camino, se vería expuesto el carácter transnacional del partido. En presencia de una organización también a nivel nacional se corre el riesgo de que la sigla del partido transnacional se convierta en una simple tapadera de operaciones políticas básicamente sólo nacionales.

Desde este punto de vista, cabe meditar el ejemplo del estatuto de Amnesty, organizada con criterios nacionales pero con la prohibición para cada organización nacional de ocuparse de los problemas de su propio país. Por motivos obvios no tendría ningún sentido repetir este modelo en el PR: se puede resolver en torno a la hipótesis de permitir a las eventuales organizaciones con criterios nacionales del PR de asumir, como tales, iniciativas sobre los problemas de su país sólo en presencia de un fuerte consenso con respecto a las mismas ya adquirido por el partido a nivel transnacional.

Sin embargo, queda claro que el problema real es el de las dinámicas que uno u otro tipo de realidades asociativas acaba por cuestionar. De esta manera, se vuelve a lo que, tal vez desde siempre, desde luego desde hace algunos años es así, a representar una de las carencias y de las debilidades más graves del PR: es decir, la insuficiencia cualitativa y cuantitativa de su vida asociativa, como, por otra parte - tal y como ya hemos recordado - representa el estatuto. En donde se lograse dar vida a un fuerte tejido de asociaciones no territoriales pero por temas, de carácter transnacional, también el problema de eventuales formas de coordinación nacional acabarían cobrando un valor muy distinto.

Desde otro punto de vista, por último, con respecto a la hipótesis a) cabe tener en cuenta el valor insustituible en esta fase de la adhesión directa individual al partido transnacional, es decir del hecho de que las decisiones políticas que caracterizan al PR sean sentidas por cada inscrito como una cuestión individual, sin tener que estar mediadas por instancias partídicas nacionales.

c) La cuestión del reconocimiento como partido transnacional

No cabe la menor duda de que uno de los problemas más destacados que el partido tiene ante sí es el de hallar un ámbito institucional transnacional de acción; una sede, o una pluralidad de sedes, en las que actuar y en las cuales lograr “visibilidad” política más allá y por encima de los ámbitos nacionales. Ya hemos hablado sobre la imposibilidad de resolverlo actualmente de forma adecuada. Desde este punto de vista, en cualquier caso, una hipótesis que cabe profundizar y explorar está relacionada con la posibilidad de que el PR obtenga el reconocimiento por parte de instituciones supranacionales un estatus consultivo o de distinta y nueva naturaleza. Ya ahora, en el Preámbulo de la Convención europea sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales no gubernamentales del Consejo de Europa se afirma que las OING “ejercen una actividad útil a la comunidad internacional […] y contribuyen a la realización de los objetivos y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto del Consejo de Europa”. En el artículo 2 de la Convención se prevé que la personalidad jurídica de una OING como la adquirida en el Estado en el que tiene su sede estatutaria, sea reconocida con plenos derechos en los demás Estados que han firmado la Convención. Por lo tanto se ha abierto una brecha en el muro del interestatalismo jurídico - afirma Antonio Papisca - a través de la previsión de una nueva figura para la ordenación jurídica internacional: las entidades no estatales de “utilidad internacional”. Idénticas observaciones cabría desarrollar por lo que se refiere al reconocimiento del estatus consultivo de las OING en el sistema de las Naciones Unidas.

Por el momento, se trata de preguntarse si estos precedentes pueden consentir lanzar hipótesis de formas de reconocimiento jurídico del PR transnacional, como entidad de “utilidad internacional”, por parte de instituciones supranacionales más políticas como el Parlamento europeo. A parte, así pues, de la previsión estatutaria, esta “brecha” abriría la posibilidad de dar vida a una fuerte iniciativa política para el reconocimiento, junto a los partidos nacionales, también de los partidos transnacionales como portadores de nuevos intereses y utilidades federalistas; y por lo que nos atañe, obtener un reconocimiento por parte de la ONU o del Consejo de Europa comportaría un aumento de nuestra credibilidad política internacional.

A estos interrogantes, entre otras cosas, se ha objetado que no está en nuestro interés conseguir un reconocimiento como Organización No Gubernamental, por la irreversible diferencia especial entre un partido y una OING. Esta última, se observa, tiene como razón social ser intérprete de las instancias sectoriales para impulsar, desde fuera del poder político, a la clase política y a los gobiernos a tomar tal o cual decisión. Nuestro partido, por el contrario tiene vocación de clase política y de gobierno, limitarlo a ONG significaría dar por descontado que permanecerá siempre relegado a un papel marginal con respecto a las sedes de las decisiones políticas. Por ejemplo, con respecto a nuestra batalla contra la pena de muerte, que no es y no puede identificarse con la campaña de Amnesty, sin lo que desaparecería nuestra razón de ser como partido.

No hay que descontar, desde otro punto de vista, que el art. 138 A de los acuerdos de Maastricht consta: “Los partidos políticos a nivel europeo son un factor importante para la integración en el seno de la Unión. Contribuyen a formar una conciencia europea y a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la Unión”. Se trata de un artículo que ha sido fuertemente deseado por los partidos de las tres internacionales, presumiblemente para garantizar financiaciones comunitarias. Se trata en cualquier caso de un reconocimiento de principio importante, que puede abrir tal vez perspectivas interesantes para nosotros, único auténtico “partido a nivel europeo” y no limitado a la actual Europa comunitaria, con objeto de “promover la integración en el seno de la Unión”.

2) IDENTIDAD

No es el momento de afrontar lo que es el problema político de fondo del congreso. Lo que sí cabe destacar es que las decisiones estatutarias y organizativas no pueden dejar de depender en amplia medida de las respuestas a este nivel.

3) MODELO ORGANIZATIVO

El congreso como problema financiero y organizativo.

Tal y como hemos visto, la cuestión de la autofinanciación debe condicionar la predisposición del estatuto tanto por lo que se refiere a la previsión de procesos decisionales, de órganos no excesivamente caros, como por lo que se refiere a las fuentes de financiación.

Anteriormente, por ejemplo, se dijo que no era concebible volver a proponer mecánicamente en el nuevo estatuto la cita anual del congreso, por motivos evidentes relacionados con los costes de un congreso efectivamente transnacional (actualmente un congreso parecido al de Budapest, con interpretación simultánea y traducción de los documentos en cinco lenguas, no cuesta menos de mil millones de liras).

Si por lo tanto la convocatoria del congreso no podría ser una vez al año, se plantea la cuestión del plazo de la inscripción al PR de cada cual que según el estatuto actual está vinculada a la aprobación de las mociones congresales. Una hipótesis es la de prever no la inscripción al PR sino al congreso del PR con cuotas distintas para la contribución anual a las campañas o a las iniciativas del órgano político que debería tomarse la responsabilidad de orientación política en el intervalo entre las distintas sesiones del Congreso. Este mecanismo permitiría prever dos niveles de adhesión, el primero, muy caro, que daría derecho a participar en el congreso con derecho al voto, el segundo permitiría eventualmente delegar el voto.

Un aspecto que puede ser extraído del estatuto de Greenpeace es el de vincular el derecho al voto en el “Congreso” no sólo a una cuota sino a un determinado nivel de autofinanciación. A este respecto, cabe destacar que el Congreso se transformaría en una especie de Conejo de administración. En ese caso, la función asamblearia debería ser atribuida a otro órgano, con poderes de recomendación o vinculantes sólo en presencia de determinadas mayorías.

Pero en ambos esquemas se plantea el problema de inventar formas de participación de los inscritos a la vida y a los momentos decisionales que no sean exageradamente caras. La hipótesis del “Partido por correspondencia” se asoma, a partir de estas premisas, de forma obligada. Pero si bien es banal prever estructuras de comunicación basadas en el mailing (correos por carta o telemático), más delicado es prever el ejercicio de algunos derechos a través de correos u otro medio de comunicación.

La calidad y el ámbito del proceso decisional.

Dando por descontada la imposibilidad de concebir un congreso en el que participen todos los inscritos, sobre todo celebrado una vez al año, la cuestión puede afrontarse bajo otro punto de vista, situando en primer plano la exigencia de salvaguardar la sustancia de los principios que inspiran el estatuto histórico del PR. Lo que cuenta, desde este punto de vista, no es tanto la forma de participación de los inscritos al congreso - directa, por delegados u otras cosas - sino salvaguardar la garantía que el proceso decisional sea tal como para mantener el carácter del PR como organización política basada en la libertad. Para ello es indispensable que no se pierda la característica por la que las decisiones adoptadas como comprometedoras sean esas y sólo esas, a partir de las cuales el consenso es general, y representen no el predominio de una mayoría sobre una minoría sino lo que representa el máximo denominador en general, efectiva convergencia, dejando a cada cual la pacífica libertad de posturas distintas en las materias en las que dicho consenso no se produzca y no imponiendo de esta manera la necesidad de una disciplina de partido constringente.

Por lo tanto, se da por descontado que, de una manera u otra, el congreso realmente debe ser de pocos, incluso de pocas decenas de personas. Pero lo que cuenta es el “debate previo al congreso”. Mejor dicho, el auténtico momento congresal es el del debate, el de las votaciones, “previas al congreso”. El congreso de los delegados es simplemente el momento final y de alguna manera la coronación: el momento en el que se ratifican las decisiones a partir de las cuales ha sido determinado el consenso.

Establecido que el partido no es un gobierno ni un parlamento que debe decidir sobre todos los temas, si sobre una materia determinada no existe un consenso amplísimo quiere decir que el partido en su conjunto no tiene una postura común, y por lo tanto no se toman decisiones. Quiere decir que en el ámbito del partido no se ha realizado, sobre el tema en cuestión, una “unidad laica de las fuerzas”.

Se trata entonces de concebir un mecanismo articulado para adoptar iniciativas y la determinación de la voluntad común. Ello se hace necesario sobre todo en un partido que puede contar con una tan amplia y variada cantidad de estímulos para la acción como el que está presente en tantos y tan distintos países.

La regla y la costumbre podrían consistir en una estructura única del partido - asociación u otro - que delibera adoptar, o propone a todo el partido adoptar una determinada iniciativa. El consenso, y sobre todo las adhesiones activas que la iniciativa recoge en las demás organizaciones del partido establece en qué medida la iniciativa pase a ser del partido en su conjunto. En resumidas cuentas: el partido transnacional ya no es un lugar en el que anualmente se decide en el centro qué hacer, o en el que existe un único centro que asume toda la responsabilidad y el gasto de la iniciativa política. El partido pasa a ser una red de relaciones, una ocasión brindada a cada cual.

Desde esta perspectiva, la sustancia política transnacional se realiza en el momento en el que las iniciativas concebidas y propuestas, probablemente, en un país basándose en problemas de dicho país se conviertan en ocasión y compromiso de crecimiento común incluso en otros países. Basándose evidentemente en la pujanza, en el descubrirse a sí mismos a partir de “intereses” (en el sentido más amplio de la palabra) en que un determinado frente político active una presencia política no sólo nacional. Sólo así cabe concebir que el compromiso individual de los inscritos, y tal vez en primer lugar el de los parlamentarios, al partido transnacional sea vivido por todos no como un añadido marginal a los compromisos políticos sustanciales, sino como algo en lo que uno se sienta implicado con fuerza.

Sin embargo, cabe repetir que, desde este punto de vista es indispensable que se logre dar vida a una vida efectiva asociativa en el PR.

LA AUTOFINANCIACION

Sobre este punto, de vital importancia, el grupo de trabajo no ha llegado a síntesis significativas, más allá de las ideas contenidas en las páginas anteriores, y en particular por lo que se refiere a las referencias a los ejemplos de otras organizaciones internacionales o transnacionales.

La elemental reflexión que, en esta fase, se puede someter a debate es que hasta el momento presente el modelo de autofinanciación delineado por el estatuto de 1967 ha demostrado que no se puede aplicar a una estructura política con las dimensiones y las ambiciones como las del PR. Si por lo tanto no se desea, o no se quiere, apuntar a soluciones que, de alguna manera, dependan de las financiaciones públicas a los partidos, y excluyendo obviamente las formas de financiación oculta, es necesario reflexionar ante la hipótesis de hallar recursos a través de actividades económicas directamente controladas por el partido. Se trata, como es evidente, de formas de financiación que - de ser posibles - garantizan la independencia del partido ante presiones externas, pero pueden acarrear problemas gravísimos, tal vez insuperables, en lo que se refiere a la prioridad de las posturas de poder que a través de ellas adquieren los que, en el seno del partido, controlan la gestión. Esta es la razón por la que dichas formas de financiación no estaban previstas en el estatuto de 1967. Hipótesis de este tipo podrían ser tomadas en consideración sólo si fuese posible disponer un sistema de garantías adecuado desde este punto de vista.