el mateix idioma a Girona o Alacant, a Ciutadella o Mequinensa

“No se puede pretender negar una evidencia, cotidiana y científica, que el idioma que se habla, por ejemplo, en Mequinenza o Alcampell es el mismo que se habla en Ripoll, Barcelona, Vinaròs o Ciutadella,” de manera que “la lengua catalana no es tan sólo patrimonio de Catalunya, sino que también lo es, entre otros territorios, de la Franja, la Comunidad Valenciana y las islas Baleares, y como patrimonio cultural compartido tiene que tratarse”. Con estas palabras, la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, defendió ayer la unidad de la lengua catalana delante de los representantes de los parlamentos de Aragón, Valencia y Baleares –autonomías todas con gobiernos del PP–, en un acto institucional sobre el sexto centenario del compromiso de Caspe que se celebró en esta localidad aragonesa.

La defensa del catalán como patrimonio común de los territorios de la antigua Corona de Aragón coincidió con el día en que se cumplían dos años de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut y cuando todavía está muy presente la última sentencia del Tribunal Supremo que anula la inmersión en catalán en la escuela para los niños de 3 a 6 años. La presidenta del Parlament había escogido con tanto cuidado las palabras de su discurso que, por ejemplo, no es casualidad que entre los sitios donde se habla catalán citara Ripoll, la villa natal de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de Aragón, que ha decidido que a partir de ahora el catalán pase a denominarse aragonés oriental. La consejera estaba presente en el acto, pero evitó hablar con Núria de Gispert.

La presidenta del Parlament, en cambio, sí que recibió felicitaciones por la intervención de concejales del Ayuntamiento de Caspe y algunos ciudadanos, que se acercaron expresamente a saludarla. A la conmemoración asistieron también el presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel; el de las Cortes Valencianas, Juan Gabriel Cotino, y el vicepresidente primero del Parlamento de Baleares, Pere Palau. Ninguno hizo referencia alguna a la situación del catalán.

29-VI-12, J. Gisbert, lavanguardia

Nunca desde la recuperación de la democracia en España la lengua catalana había estado bajo tanta presión. Una presión que se ha intensificado en los últimos tiempos tanto en el terreno político como en el judicial, que incide sobre todo en el ámbito educativo, pero también en el del funcionamiento de las administraciones públicas, y que afecta no tan sólo Catalunya, sino que se ha extendido al resto de territorios de habla catalana: Valencia, Baleares y Aragón. ¿Qué ha pasado para que allí donde no había ningún tipo de conflicto se haya abierto una herida hoy por hoy de consecuencias imprevisibles? ¿Por qué el asedio al catalán?

Nada de ello se entendería sin la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut, de la que justamente ahora -el 28 de junio- se acaban de cumplir dos años. Aquella sentencia representa, de hecho, un antes y un después para la inmersión lingüística en la escuela. Es cierto que reafirma que el catalán tiene que ser lengua vehicular en el sistema educativo, pero, a diferencia de lo que había sido la doctrina jurídica hasta entonces, por primera vez introduce que no puede ser la única que disfrute de esta condición y, por tanto, "el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". En aplicación de esta decisión, el Tribunal Supremo (TS) no tardó en reaccionar. Primero dio la razón a tres familias que denunciaban que no podían escolarizar a sus hijos en castellano, en una resolución que obligaba a la Generalitat a introducirlo como lengua vehicular "de manera proporcional y equitativa al catalán en todos los cursos". Y ahora ha anulado la inmersión en lengua catalana para los niños de 3 a 6 años.

En la misma línea, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dado la razón a cuatro familias más en la demanda de escolarizar a sus hijos en castellano y ha suspendido los reglamentos de usos lingüísticos de varios ayuntamientos por establecer como preferente el uso del catalán. Una ofensiva judicial que deja demasiados resquicios, porque una cosa es que la protección de la lengua catalana tenga un apoyo política y socialmente muy mayoritario, y más cuando todavía está en situación de inferioridad en terrenos como el del cine o el de los medios de comunicación -a pesar de los avances- o en el uso en las grandes ciudades, y otra que legalmente esté cada vez más a la intemperie. Y es precisamente en función de esta contraposición que algunos, empezando por el mismo Govern de la Generalitat, ven una intención determinada en unas decisiones que enmiendan por la vía de los tribunales lo que se había acordado por la vía de la política.

Políticamente, en realidad, la defensa del catalán en general y de la inmersión lingüística en la escuela en particular nunca ha estado en cuestión en Catalunya. La primera ley de Normalización Lingüística, de 1983, incluso se aprobó sin ningún voto en contra (Alianza Popular no tenía entonces ningún diputado y el Partido  Socialista de Andalucía tenía dos). Y ahora el 84% del Parlament (CiU, PSC, ICV-EUiA, Esquerra y SI) abona sin fisuras que no puede darse ni un paso atrás, y esto es lo que permite a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, decir que la inmersión se mantiene intacta y que “no ha cambiado nada y estamos donde hemos estado siempre”.

Desde la óptica política, tiene razón: la lengua, como nervio de la nación catalana, sigue siendo la línea roja que aglutina de forma transversal al conjunto del catalanismo político y en torno a la que nadie está dispuesto a ceder ni un milímetro.

Sólo el PP y C’s lo ven de manera diferente y comparten los criterios expresados tanto por el TC como por el TS. Las dos formaciones han defendido siempre el bilingüismo, en la escuela, en la administración y en todas partes, aunque el PP no había hecho nunca bandera de ello hasta que la irrupción de C’s con un claro mensaje anticatalanista provocó que entraran en competencia por un segmento del electorado común. Desde entonces, el PP no ha disimulado sus intenciones y hasta ha agitado el debate de la lengua cuando le ha convenido.

La llegada de este PP, envalentonado por la sentencia contra el Estatut, al poder en Aragón y Baleares ha sido también lo que ha extendido la presión sobre el catalán en unos territorios que hasta ahora –con gobiernos del PSOE e incluso del mismo Partido Popular– habían quedado al margen del acoso. Valencia era el único lugar donde la ofensiva política no tenía freno y la unidad del idioma quedaba en cuestión, pero con el tiempo el conflicto, lejos de resolverse, se ha acabado extendiendo como una mancha de aceite.

El catalán bajo gobiernos populares

BALEARES
Fin a 26 años de consenso
Las medidas del Govern balear en materia lingüística han devenido en una crispación social inédita. La decisión de rebajar el catalán de requisito a mérito en el acceso a puestos de la administración y la introducción de la libre elección de lengua en las etapas tempranas de la enseñanza han provocado numerosas protestas ciudadanas y escisiones en el PP. En el primer caso, se prevé que la nueva normativa quede aprobada antes de vacaciones sólo con los votos de los conservadores, que gozan de mayoría absoluta. Para llevar a cabo la rebaja se modificará la ley de Normalización Lingüística, aprobada en 1986 por unanimidad. En el caso de las escuelas, Bauzá sigue alentando la libre elección enviando cartas a los padres, pese a que sólo el 13% ha escogido el castellano en las nuevas matriculaciones. El Ejecutivo esgrime las últimas sentencias judiciales para acabar con la inmersión en catalán, vigente en el 80% de los centros. / E. Carranza

ARAGÓN
Del catalán al aragonés oriental
Aragonés oriental en lugar de catalán. El borrador de la nueva ley de Lenguas presentado por la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Dolores Serrat, que niega la realidad del catalán en Aragón, no ha cesado de recoger críticas. El Consejo Escolar de Aragón rechazó el jueves por mayoría el contenido del anteproyecto y defendía la enseñanza de y en catalán y aragonés en las zonas bilingües. La Universidad de Zaragoza, mediante su área de Filología Catalana, afirmaba que “el catalán pervive en Aragón”. Por su parte, el IEC rechazaba el borrador y apoyaba la declaración conjunta de las asociaciones de Iniciativa Cultural de la Franja en su defensa de la enseñanza del catalán en las escuelas de esta zona. El Gobierno de Luisa Fernanda Rudi desoye de momento las críticas y las referencias científicas. “Estáis de suerte, ahora hablamos una lengua más”, ironizaba Josep Antoni Duran Lleida, natural de Alcampell (Huesca). / M. Sasot

VALENCIA
Una lengua sin protección
Lo alertaba recientemente el Consell Valencià de Cultura: el valenciano corre peligro y podría llegar a desaparecer por falta de inversión cultural (poca difusión de textos en valenciano y débil papel de los medios de comunicación). Sólo RTVV ha tenido, hasta ahora, una programación regular en valenciano, aunque cediendo terreno a programas en castellano. El PP, además, no ha querido que el valenciano sea una exigencia para trabajar en la administración; lo que provoca que en este estamento esté retrocediendo su uso, como reconoce la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La idea, además, de incentivar el plurilingüismo –castellano, valenciano e inglés– en la escuela pública parece positiva para potenciar la lengua extranjera, pero desde el profesorado se plantean interrogantes sobre cómo puede afectar al valenciano. En la calle, sin embargo, el valenciano funciona. / S. Enguix

1-VII-12, J. Gisbert, lavanguardia