El próximo 19 de noviembre se cumplirán 50 años desde el reconocimiento del derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, a través del real decreto 2636/1976. Fue una de las múltiples medidas del Gobierno de Adolfo Suárez para asegurarse un sí aplastante a la Ley para la Reforma de Política, la clave de bóveda de la transición, en el referéndum del 15 de diciembre de 1976.

Suárez contaba con el seguro aval a su proyecto reformista de los expatriados incluidos en el censo, obreros de la Europa más próspera y democrática, por lo que les concedió todo tipo de facilidades, que se convirtieron en un muro de obstáculos burocráticos ante las generales de 1977, pues sabía que apoyarían mucho más a la izquierda que a la UCD. Así, el voto exterior nació como el más descarnado objeto de la ingeniería electoral española, en un bucle interminable de maniobras y cálculos, avivado ahora por la polarización y la permanente estrategia ultra de sembrar sospechas.

Sin embargo, los grandes escándalos de la primera década de este siglo, que afectaron sobre todo a Galicia y desembocaron en el ya derogado “voto rogado”, no se han repetido, y por ahora basta con la mínima garantía, introducida para las elecciones gallegas de 2009, de adjuntar la fotocopia del DNI o documento equivalente.

El decreto suarista de 1976 estableció el procedimiento de menor seguridad, el del correo. Deja en manos de las empresas postales de los países de acogida la verificación de que quien hace el envío sea el elector, trámite que, como reconoció ya en el siglo pasado la Junta Electoral Central, no se les puede exigir a esas compañías.

Si en vez de por correo el sufragio fuese en urna, en consulados, embajadas o locales habilitados, sí regirían las leyes españolas. Sin embargo, cuando en 2022 se derogó el llamado “voto rogado”, Vox nada dijo sobre ese sufragio postal contra el que ahora clama. 

Lo cierto es que la mayor paradoja de esta historia reside en que el que más podría condicionar la votación en el exterior es el Gobierno del país que cuenta con el mayor número de electores españoles, la Argentina de su aliado Javier Milei, que tiene bajo su tutela el servicio aún público de Correos .

“Ayuda secreta de la Casa Rosada al triunfo de los socialistas” se titulaba una crónica del principal diario de Buenos Aires, Clarín , nunca desmentida, con abundantes datos del apoyo del peronista de izquierdas Néstor Kirchner al PSOE de Emilio Pérez Touriño en las gallegas de 2005, en una maniobra dirigida por el entonces secretario de organización federal, José Blanco, de cuyo equipo formaba parte como asesor el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a Galicia.

En las más controvertidas elecciones que se han disputado nunca en el extranjero llegaron a Galicia 105.510 votos válidos, frente a los 67.630 del 2001 y el PSOE, que presidía el Gobierno central con José Luis Rodríguez Zapatero, triplicó sus votos, de 14.184 a 45.432 y pasó de un 21% a un 43%. Así se frustró el intento de Manuel Fraga de arrebatar a los socialistas un escaño en Pontevedra y retener la mayoría absoluta. Prevaleció en cualquier caso el resultado registrado dentro de Galicia, donde la suma de PSOE y BNG rondó el 52% de los votos y superó al PP en más de 100.000 papeletas.

Alberto Núñez Feijóo, entonces vicepresidente de la Xunta, tomó nota de aquella experiencia, en la que el PP se quedó más lejos de lo que estaba de la mayoría absoluta. Los populares aprovecharon en 2008 la presencia en Santiago del principal experto internacional en voto exterior, el mexicano Carlos Navarro, para preguntarle sobre cómo introducir garantías en el recuento, algo que nunca les había interesado cuando gobernaban en Madrid y Santiago y en Buenos Aires mandaba su aliado peronista de derechas. Navarro aconsejó exigir que se adjuntase una fotocopia de DNI o documento equivalente. El PP logró que se aplicase en 2009 este requisito que generó la primera caída en el volumen de votos. Un notable descenso de la conflictividad y resultados menos oscilantes.

En 2010, cuando el PSOE sabía que iba a perder el Gobierno y temía el uso por parte del PP de las palancas del exterior y los populares no se fiaban de una maniobra final socialista, ambos partidos acordaron reducir al mínimo la participación, con el llamado “voto rogado”, que establecía una solicitud previa con plazos imposibles, sobre todo desde América. Coincidió con la ola migratoria provocada por la crisis financiera y generó una oleada de protestas de los nuevos expatriados.

En 2022 se derogó el “voto rogado”, pero en las generales de 2023 la participación creció mucho menos de lo esperado, al pasar de un 6,8% a un 8,7% del censo con un volumen de votos, de 203.254, incluso inferior al de las solicitudes que habían presentado en 2019. Se demostró así que la cifra que se tomaba como referencia, la de 382.568 votantes de 2008, estaba viciada por el fraude, la maquinaria que se había montado en el Río de la Plata y las injerencias de gobiernos extranjeros.

Ahora el censo se sigue disparando, fruto de las sucesivas modificaciones de la ley de la nacionalidad y, sobre todo, de un sistema automático de inclusión en el censo electoral del exterior, fruto de la reforma de 1995, que se aparta de los cánones más comunes, de exigir como mínimo una solicitud. El fraude sigue siendo posible, pero resulta mucho más complicado que cuando no había que adjuntar el DNI. Y fruto de la fragmentación, en las dos últimas elecciones generales cambió de manos un escaño del Congreso fruto del voto exterior, en ambos casos en favor del PP, lo que pone las calculadoras a rugir.