"Marruecos: Represión de derechos en el Sáhara Occidental", HRW
Marruecos viola los derechos a la libertad de expresión, asociación y de asamblea en el Sahara Occidental, señaló Human Rights Watch en un informe hecho público hoy, en el que revela límites claros a los avances de Marruecos en la protección general de los derechos humanos. Las condiciones de los derechos humanos también han mejorado en los campamentos de refugiados saharauis, administrados por el Frente Polisario en Argelia, aunque el Polisario margina a los que se oponen directamente a su liderazgo.
Human Rights Watch instó tanto a Marruecos como al Frente Polisario a que adopten medidas concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en los territorios bajo su control de facto; y apeló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que asegure la verificación regular de la situación en el Sahara Occidental y Tinduf.
"La represión se ha reducido en cierto modo y actualmente los disidentes están poniendo a prueba los límites", señaló Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch. "Sin embargo, las autoridades marroquíes tienen el mérito de no querer ser juzgadas con respecto a su historial, sino en función de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con este criterio, todavía les queda mucho que mejorar", agregó.
El informe de 216 páginas, "La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los campamentos de refugiados de Tinduf", se centra en la situación actual, más que en los abusos cometidos en el pasado. Human Rights Watch documenta el uso por parte de Marruecos de una combinación de leyes represivas, violencia policial y procesos judiciales injustos para castigar a los saharauis que defienden de manera pacífica la independencia o la total autodeterminación del territorio disputado del Sahara Occidental.
"El problema internacional del Sahara Occidental ha estado en segundo plano durante décadas", señaló Whitson. "No obstante, este conflicto sirve para que el mundo pueda entender y abordar los problemas más amplios de derechos humanos que siguen existiendo para Marruecos", agregó.
En el Sahara Occidental, las autoridades marroquíes consideran que toda oposición a su control del territorio en disputa constituye un ataque ilegal contra la "integridad territorial" de Marruecos, lo que utilizan como base para prohibir o dispersar las manifestaciones pacíficas y negar el reconocimiento legal a las organizaciones de derechos humanos. No obstante, el problema va mucho más allá de las leyes represivas: la policía maltrata a los pro independentistas que se manifiestan pacíficamente y, en ocasiones, tortura a los detenidos, señaló Human Rights Watch. Los ciudadanos presentan denuncias del abuso policial y el sistema judicial las desestima habitualmente sin realizar una investigación seria, lo que refuerza la sensación de impunidad de la policía.
Aunque en las manifestaciones saharauis se producen a veces actos de violencia, que las autoridades marroquíes tienen la obligación de prevenir y sancionar, esto no puede justificar una prohibición general de las reuniones pacíficas. Los tribunales marroquíes han condenado a activistas pro derechos humanos saharauis por incitar o participar en la violencia partiendo de pruebas dudosas y con procesos claramente injustos.
Durante la preparación de este informe, Human Rights Watch entrevistó a numerosos habitantes del Sahara Occidental y a actuales y antiguos residentes de los campamentos de refugiados de Tinduf. Tanto el Gobierno de Marruecos como el Frente Polisiario recibieron a la delegación de Human Rights Watch, no interpusieron ningún obstáculo significativo a su trabajo y ofrecieron respuestas extensas a las preguntas de Human Rights Watch, que se incluyen en el informe.
En los campamentos de refugiados de Tinduf, el Frente Polisario permite que los refugiados critiquen su gestión de los asuntos cotidianos, pero margina efectivamente a los que se oponen directamente a su liderazgo. Los residentes pueden abandonar los campamentos si así lo desean, incluso para reubicarse en la zona del Sahara Occidental bajo control marroquí. El hecho de que la mayoría transitan por la carretera principal a Mauritania, en lugar de utilizar rutas clandestinas, demuestra su confianza en poder viajar. Sin embargo, los que se dirigen al Sahara Occidental suelen ocultar sus planes, por temor tanto a los obstáculos oficiales como al rechazo de otros residentes del campamento si se da a saber su destino final.
La población de los campamentos sigue estando expuesta al abuso debido a su ubicación aislada, la falta de verificación regular e independiente sobre la situación de los derechos humanos e información sobre la misma; y la afirmación de Argelia de que el Frente Polisario, y no el propio Gobierno de Argelia, es responsable de salvaguardar los derechos humanos de los residentes en el campamentos.
"Los refugiados de Tinduf llevan más de 30 años exiliados de su patria, y gobernados por un movimiento de liberación en condiciones de dureza física y aislamiento", señaló Whitson. "Independientemente de la situación actual, tanto el Frente Polisario como el país de acogida, Argelia, tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de esta población refugiada vulnerable", agregó.
Human Rights Watch señaló que el Consejo de Seguridad de la ONU debe garantizar que la presencia de las Naciones Unidas en la región incluya la verificación regular de la situación de los derechos humanos. Prácticamente todas las misiones de pacificación de la ONU en el mundo incorporan un componente de derechos humanos y, dado que las fuerzas de la MINURSO (acrónimo en francés para la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sahara Occidental) operan con esta función el Sahara Occidental, esta región no debería ser una excepción. Francia y Estados Unidos, al ser los miembros permanentes del Consejo de Seguridad con mayor interés en la región, deben desempeñar un papel importante en esta cuestión.
Dentro de sus recomendaciones, Human Rights Watch insta a Marruecos a:
- Revisar o eliminar las leyes que penalizan las expresiones o las actividades políticas o asociativas consideradas un cuestionamiento de la "integridad territorial" de Marruecos y se emplean para reprimir la defensa no violenta de los derechos políticos de los saharauis.
- Poner fin a la impunidad de los abusos policiales garantizando investigaciones serias de las denuncias presentadas por civiles y, cuando se justifique, formular cargos o imponer medidas disciplinarias a los agentes responsables.
- Permitir que las asociaciones independientes de derechos humanos utilicen el procedimiento para obtener el reconocimiento legal.
- Garantizar que las sentencias de los tribunales se basen en el examen imparcial de todas las pruebas relevantes. Los jueces y los fiscales deben permitir que los sospechosos ejerzan su derecho, bajo las leyes marroquíes, a pedir un examen médico, y rechazar el valor probatorio de las declaraciones que se demuestre que han sido obtenidas mediante tortura policial.
Human Rights Watch insta al Frente Polisario a:
- Adoptar medidas pro-activas para que todos los residentes de los campamentos sepan que pueden salir libremente, lo que incluye trasladarse a la región del Sahara Occidental bajo control marroquí.
- Garantizar que los residentes de los campamentos tengan libertad para cuestionar por medios pacíficos el liderazgo del Frente Polisario y defender opciones alternativas a la independencia del Sahara Occidental.
- Eliminar o concretar los artículos demasiado vagos del Código Penal Polisario que penalizan, por ejemplo, la impresión de publicaciones o la participación en manifestaciones que "podrían alterar el orden público".
Marruecos ha gobernado de facto el Sahara Occidental desde que movilizó sus tropas a la región después de la retirada de España de su antigua colonia en 1976. Marruecos se refiere oficialmente a la región como sus "provincias del sur", aunque las Naciones Unidas no reconocen la soberanía marroquí.
Marruecos consideró inviable el plan promovido por la ONU para la celebración de un referendo sobre el futuro de la región y ha propuesto un plan de autonomía del Sahara bajo la soberanía marroquí. Sin embargo, Marruecos también ha dejado claro que el plan no prevé la anulación de las leyes que penalizan los "ataques contra la integridad territorial". Por lo tanto, la concesión de la autonomía no conllevaría que los saharauis puedan ejercer su derecho a reclamar la independencia o un referendo sobre el futuro de la región.
"Los saharauis discrepan sobre la manera de resolver el conflicto", señaló Whitson. "Pero independientemente de dónde residan, las autoridades deben permitirles expresar o defender sus opiniones por medios pacíficos. Cualquier propuesta de solución para la Sahara Occidental que no garantice estos derechos no resuelve absolutamente nada", agregó.
Human Rights Watch no toma ninguna posición sobre la cuestión de la independencia del Sahara Occidental o sobre la propuesta de Marruecos de autonomía para la región.