El magistrado Manuel Marchena (c) preside el tribunal, junto a los jueces Andrés Martínez Arreieta (i) y Juan Ramón Berdugo (d), al inicio de la vista del "procés"
amnistia: els jutges tindran l’última paraula
Los tribunales podrán plantear cuestiones de inconstitucionalidad, lo que paralizaría la decisión final de amnistiar a en torno las 400 personas que se podrían ver beneficiadas por la ley
“Como toda ley, la amnistía tendrá que ser aplicada y revisada por los jueces”. Esta frase dicha por fuentes conocedoras del contenido de la ley de amnistía define a la perfección cómo se va a articular su aplicación el día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La ley prevé amnistiar algo más de 300 personas con procedimientos penales, sin contar a los Policías Nacionales, que podrían ascender a más de medio centenar, y a los que se sumarían los encausados del Tribunal de Cuentas, pero la anulación de sus causas no será automática. Cada juez o tribunal, de oficio o a petición de alguna de las partes, tendrá que revisar el caso y aplicarlo.
Una vez aprobada la ley, se verá a quien beneficia concretamente la amnistía que se supone que irá dirigida a retirar las causas para aquellos que han tenido alguna relación directa o indirecta con la consulta del 9-N de 2014 y con el referéndum del 1-O de 2017.
La mirada puesta en el Supremo
El caso más relevante y donde van a estar puestas todas las miradas es el del Tribunal Supremo. En esta causa hay dos ramificaciones. La primera, es la aplicación de la ley con los nueve condenados por sedición, entre ellos el presidente de ERC Oriol Junqueras. Y la segunda, la parte que afecta a los huidos, es decir al líder de Junts Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comin y Lluis Puig.
En la parte de los condenados, las penas de prisión ya las tienen extinguidas a raíz de los indultos concedidos en 2021 por el Gobierno con Juan Carlos Campo como ministro de Justicia –ahora magistrado del Tribunal Constitucional-. Sin embargo, todavía tienen activas las inhabilitaciones.
La Sala de lo Penal del alto tribunal, con Manuel Marchena como presidente, tendrá dos opciones; aplicar la ley y amnistiar a los condenados para eliminar la inhabilitación y hacer borrar sus antecedentes penales o presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Este mecanismo da la potestad al juez o tribunal para dejar paralizado un asunto hasta que el órgano de garantías le diga si la ley que debe aplicar es o no constitucional.
Una de las grandes dudas estas últimas semanas es si los jueces están obligados a amnistiar antes de que el TC resuelva. La propia doctrina del tribunal de garantías especifica que “el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad determina la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión y, de ser admitida, hasta que resuelva definitivamente la cuestión”.
La postura de la Fiscalía General del Estado
Esto significa que hasta que el TC no se pronuncie, la causa del Supremo quedará suspendida, es decir, sin resolver y, por tanto las inhabilitaciones siguen activas por lo que Junqueras y el resto de exconsellers condenados no podrán volver a presentarse a las elecciones hasta que no haya una decisión definitiva del órgano de garantías.
Antes de plantear la cuestión, la Sala tendrá que reclamar alegaciones tanto a la Fiscalía como a las partes para que se pronuncien sobre la conveniencia de acudir al órgano de garantías. Ahí será la primera ocasión en la que el ministerio fiscal tendrá que tomar una posición sobre la ley de amnistía. El fiscal general del Estado, Álvaro García, se tendrá que tomar partido en torno a la norma o dejar en manos de los cuatro fiscales del procés que den su criterio al respecto.
En la segunda parte, la que afecta a los huidos, la Sala llevará a cabo el mismo procedimiento. Lo que pasa es que en la ley de amnistía se concretará que las órdenes de detención así como las medidas cautelares dictadas quedarán alzadas automáticamente. Fuentes jurídicas indican que al plantear la cuestión de inconstitucionalidad sobre Puigdemont la causa queda suspendida, lo que significa que la orden nacional de detención que pesa sobre él también.
¿Vuelta de Puigdemont?
Podría volver entonces a España sin que el juez instructor del procés Pablo Llarena, a priori, pudiese adoptar ninguna medida contra el expresidente de la Generalitat. Además, se abre la vía a que el magistrado plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también paralizaría el proceso judicial.
La cuestión de inconstitucionalidad lo que paraliza es el procedimiento penal en cuestión, pero no la aplicación de la ley, por lo que dependerá de cada juez y tribunal de cada asunto que decida cómo actuar. Algunos tribunales podrán aplicar de manera automática la amnistía aunque la previsión es que muchos jueces esperen a ver cómo actúa el Supremo e incluso si éste planteara la cuestión esperar hasta que haya una resolución. Lo que pasa es que la ley podría determinar que los jueces deben aplicar la norma en un plazo determinado, con lo cual todos tendrán que posicionarse, aunque sea para paralizar el procedimiento, antes de esa fecha, que podría no ascender a los dos meses.
En paralelo, el Tribunal Constitucional recibirá, como ya se ha anunciado, recursos de inconstitucionalidad de PP y Vox que también deberán resolver en paralelo. Una de las primeras decisiones que se tendrán que estudiar es si tanto el presidente, Cándido Conde-Pumpido como el magistrado Campo deben abstenerse de intervenir en el asunto. El primero ya lo ha hecho en otras causas vinculadas al procés, mientras que el segundo podría quedar apartado al haber sido ministro de Justicia con Pedro Sánchez y resolver sobre los indultos de los líderes independentistas.
Sectores judiciales ven en la amnistía “el principio del fin de la democracia”
El juez Manuel Marchena presidió el principal juicio contra los impulsores del 1-O
La ley de amnistía será el principio del fin de la democracia”. Con esta contundente frase rechaza la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación mayoritaria de jueces, sobre los efectos que tendría la aprobación de la ley de amnistía. Aunque desde los grupos conservadores de jueces y no tan conservadores –estos de manera no tan pública– llevan semanas advirtiendo del riesgo que supone esta ley para la separación de poderes, esta semana se ha redoblado la presión judicial contra la medida al ver que el acuerdo entre PSOE y los independentistas está cada vez más cerca. Es un hecho que una vez que la amnistía se apruebe, toda la presión va a estar en la judicatura porque serán los jueces quienes tengan que aplicarla caso por caso.
Entre los jueces hay desazón por ver que todas las causas e investigaciones abiertas desde 2017 por múltiples delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos, van a quedar en papel mojado. El actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defiende que la ley tiene como objetivo la convivencia en Catalunya pero desde ciertos sectores judiciales lo ven un ataque al poder e independencia judicial.
El Supremo estudia ya la vía para acudir al TC para que fije la posible inconstitucionalidad de la amnistía
Al respecto, el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha forzado un pleno para el lunes para tratar de aprobar una declaración contra la amnistía, que define como una “abolición del Estado de Derecho en España”. Los progresistas les acusan de utilizar el órgano de gobierno de los jueces como un “mercadeo”.
Desde el Tribunal Supremo ya se estudia cómo poder actuar ante una ley todavía sin conocer su literalidad pero ya sospechan que puede tener visos de inconstitucionalidad. Por tanto, toda la presión va a estar enfocada en el Tribunal Constitucional. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido y de mayoría progresista tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de la ley y será su resolución la que marque el paso al resto de jueces para su aplicación.
Fuentes del tribunal reconocen que desde que se ha empezado a hablar de amnistía la presión, sobre todo a través de distintas declaraciones públicas de dirigentes políticos, va en aumento. Y el foco va a ir a más si se aprueba la reforma planteada por el PP del reglamento del Senado, donde tiene mayoría absoluta, para modificar el artículo 133 y permitir así a la Mesa, controlada por el PP, decidir si aplica o no el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley. Con ello los de Alberto Núñez Feijóo pretenden retrasar hasta la primavera la entrada en vigor de la ley que en el Congreso se tramitará por vía de urgencia y que sin la modificación del reglamento en la Cámara Alta podría estar lista en un mes desde su registro. Sin embargo, el Gobierno puede recurrir la reforma y solicitar su suspensión cautelar al TC, pero fuentes del tribunal explican que no está claro que pueda concederse su paralización. En todo caso, ello supondrá mayor foco en el TC, al que se tiende a mirar con ojos más políticos que jurídicos.
Pero no son solo los jueces los que andan revueltos por la eventual amnistía. Entre los sindicatos de la Policía Nacional y la Guardia Civil también suena un ruido que no gusta nada a los oídos del Ministerio del Interior. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sigue muy de cerca los pasos de las organizaciones mayoritarias –Justicia Policial (Jupol) y Justicia Guardia Civil (Jucil)– que durante los últimos cinco años han liderado la ofensiva contra el Gobierno progresista. En una decisión inusual, a principios de semana, la Dirección de la Guardia Civil puso en conocimiento de sus servicios jurídicos un tuit de Jucil en el que acusaba al jefe del Ejecutivo en funciones de “felonía”. Un movimiento que, lejos de achantar a la asociación mayoritaria en el instituto armado, le ha dado alas para desplegar toda su maquinaria, muy activa en redes sociales, para denunciar “la humillación” a los agentes.
“Grave despropósito”, “ataque directo a la democracia” o “menosprecio absoluto” son los calificativos que utilizan los principales sindicatos en los comunicados que han enviado, recogiendo el sentir, dicen, de sus afiliados. El histórico Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que la ley de amnistía “atenta” contra los principios fundamentales de la Constitución y “socava” los pilares del Estado de derecho. Pero, sobre todo, denuncian el intento del Gobierno de “utilizar a la policía como herramienta para blanquear este ataque”, al incluir a los policías como posibles beneficiados de la ley. “No queremos que nos metan en el mismo saco que terroristas urbanos, sediciosos, malversadores y personas desobedientes a la autoridad judicial”, avisan. “Amnistiar supone decirle al que ha cometido un delito que el Estado ha obrado mal ¿Dónde está la justicia para estos policías?”, lamentan.
Para Jupol, que suele usar un tono mucho más beligerante, lo que se conoce de la proposición de ley supone “un menosprecio absoluto” a los 10.000 policías que se desplazaron a Catalunya en octubre del 2017, durante los momentos de mayor tensión en el procés , y en el 2019, por los disturbios posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo. Según el sindicato, los agentes “defendieron la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsados de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte de los diferentes gobiernos”.
Tras trascender que la idea del PSOE era fijar la sesión de investidura de Sánchez a finales de la próxima semana, varias organizaciones decidieron anunciar protestas. Algunas como SUP o AUGC tienen previsto concentrarse en Barcelona el viernes 10 de noviembre. Otras como Jupol o Jucil lo harán frente al Ministerio del Interior mañana lunes, pero tras las advertencias de Interior de que podrían estar quebrantando el principio de neutralidad política han decidido convocar bajo el lema “por la equiparación, la jubilación digna y el incremento de dietas”. Fuentes sindicales reconocen, no obstante, que las voces contra la amnistía se escucharán.