´Europa y los ´sin papeles´´, Eduard Sagarra
El 18 junio fue aprobada por el Parlamento Europeo (PE) la denominada Directiva del retorno de extranjeros que se encuentran ilegalmente en el territorio de la Unión.De los europarlamentarios sólo 369 votaron a favor; 106 abstenciones y 197 en contra. Como dato para la historia, los eurodiputados socialistas Josep Borrell (ex presidente del PE) y Raimon Obiols (ex candidato a la Generalitat) fueron los únicos socialistas españoles que votaron en contra.
La directiva no es de aplicación inmediata, sino que los estados miembros deberán adaptar su legislación a los parámetros mínimos de esta disposición, pero no antes del 2010. Entre otras medidas se faculta al Estado a retener (detener) a un expulsable o expulsado, por un periodo de hasta 18 meses; a prohibir la entrada del expulsado en toda la UE durante cinco años; a establecer limitaciones al derecho de defensa y asistencia jurídica gratuita; a permitir la expulsión de menores solos a países que tengan una estructura de acogida. En España la detención en un centro de internamiento sólo puede durar 40 días, tras los cuales debe liberarse al expulsado hasta efectuar la expulsión.
El mayor problema no será la directiva en sí, sino su dispar o rigurosa aplicación por cada Estado. Temor fundado con sólo examinar las políticas y las normas sancionadoras que están adoptando, sin directiva, Francia, Italia o el Reino Unido.
El verdadero dilema que debe plantearse Europa ante estas nuevas medidas es cómo debemos comportarnos frente al fenómeno migratorio, ante su afluencia masiva de irregulares, en especial en plena crisis económica y social de nuestra sociedad. Debemos pues reflexionar y contestarnos si estas medidas restrictivas contra la inmigración irregular son compatibles o no con los principios en que se basa en Europa nuestra convivencia, que pivota sobre pilares como el Estado de derecho, la separación de poderes, la defensa de la libertad y el respeto a la dignidad de todas las personas con independencia de su nacionalidad, raza, lengua o religión.
Si bien es cierto y necesario que debe ordenarse la inmigración, ni la crisis económica ni la afluencia masiva de seres humanos en busca de un mundo mejor pueden hacer tambalear los valores y las normas que garantizan los derechos y libertades de cualquier persona, ya que son la base de nuestra pacífica convivencia en la Europa del 2008.
25-VI-08, Eduard Sagarra, abogado, profesor Derecho Internacional, Universitat de Barcelona y Esade, lavanguardia
