Hace algunos años, con ocasión de una controvertida iniciativa gubernamental sobre el Mercado de Valores, escribí un artículo que se titulaba El Ministro de Economía que no sabia de Bolsa.En el mismo sostenía idéntica tesis que la del presente artículo, salvo que entonces estaba referida a valores inmobiliarios y hoy lo está dedicado al mundo de la energía. La tesis se resume muy brevemente: el Gobierno no entiende de precios (ni debería entender, por el bien del mercado).
La escalada en el precio del petróleo, la subida de los costes energéticos, la necesidad de revisión de las tarifas eléctricas, las tensiones inflacionistas y, en general, la necesidad de promover medidas para paliar la crisis económica, ha puesto sobre la mesa, una vez más con el desorden y la falta de criterio habitual, un tema acuciante. Por un lado, propugnamos en nuestra Constitución que somos una economía de mercado. Por otro lado, asistimos sin rubor a la necesidad de que el Gobierno se pronuncie sobre el precio de la electricidad, sobre la evolución del petróleo...
MEDIDAS POCO POPULARES
A estas alturas, casi toda nuestra sociedad tiene dos cosas claras. La primera es que las medidas poco populares se toman mejor en épocas de vacas gordas que en tiempos de crisis. La segunda es que ha sido un error histórico, difícil de evitar por otra parte, la utilización de las tarifas como arma electoral y política.
El Gobierno de una economía de mercado no debería ocuparse de los precios. Ese Gobierno debería evitar que su presidente se manifestara sobre cuánto deben subir las tarifas eléctricas y, si me apuran, sobre cuánto debería la tarifa subvencionar una u otra forma de generación. No es su tema. No dispone de armas para hacer que las cosas valgan más o menos. Pero nada de esto ocurre, y con un riesgo y un desenfado perturbador medio Gobierno habla de precios como si fuera un departamento de traders.Luego, llegada la crisis, el Gobierno descubre con horror, que el margen de maniobra para trasladar los mayores costes de todo tipo que ha ido acumulando el sistema, a los precios, es cada vez más estrecho y más difícil de entender y de aceptar por el ciudadano y por la sociedad. Lo que tendría que haber sido una evolución pausada pero continua a un mecanismo de mercado se ha ido dilapidando por una política de intervención en precios y de dirigismo en las normas regulatorias.
Así, el ciudadano español está hoy peor preparado para aceptar que la electricidad cueste más (bastante más), aunque así sea en realidad. Está peor preparado para aceptar que una parte cada vez más importante de lo que paga se lleva a subvencionar fórmulas alternativas de generación (sin que se le haya pedido su acuerdo ni explicado lo que eso significa). Es muy fácil y muy romántico sembrar la idea de que la energía eólica es la que nos conviene y que, por tanto, debería representar el 25% de nuestra producción eléctrica, sin explicar el coste que eso tiene (y que el ciudadano tendrá que pagar). Con razón, determinados colectivos más expuestos al mayor coste de las energías, reclamarán de inmediato un trato de favor que les libere de determinados costes externos que consideran que no van con ellos.¿Con quiénes van?
CUADRAR LOS NÚMEROS
El martirio del ministro Sebastián, no ha hecho más que empezar. Nunca conseguirá cuadrar sus números, porque él no es el mercado y porque no es a él a quien debería corresponder hacerlo. Tratando de elevar las tarifas, sin atender a los criterios de la CNE, del mercado, de las empresas, sin más criterio que la percepción de lo que el ciudadano puede aguantar en cada momento, le llevará a un dislate mayor. Y es aquí donde toda la clase política debería entonar el mea culpa, Gobierno y oposición. La utilización de la tarifa como arma política ha evitado introducir en la sociedad española una educación de mercado,una aceptación de que los precios los marca el mercado y no el Gobierno y que cuando se encarece la producción, lo hace el producto final y el bien se hace más caro y, por ello, más necesario su uso inteligente.
España, muy tempranera (respecto al resto de Europa) en aires liberalizadores en materia energética, se ha atascado y ha perdido una década en la implantación de un mercado que necesita como nadie. No tenemos materia prima y dependemos críticamente del mercado internacional y del suministro externo. No tenemos un modelo energético bien definido, sólo algunas piezas del mismo y no hemos sabido dar el necesario paso al mercado. No necesitamos a una oposición que diga que el Gobierno ha encarecido la tarifa eléctrica, sino una oposición que le lleve a aceptar los precios de mercado. No necesitamos a un presidente del Gobierno que diga que las tarifas deben crecer con la inflación sino que siente las bases para que el mercado funcione, que no intervenga ni en las empresas ni en el mercado.
La liberalización completa del mercado eléctrico, como fue el caso del petróleo y sus derivados, no traerá necesariamente una reducción de precios. ¡Dígase eso, alto y claro! Al contrario, traerá un fuerte encarecimiento. ¿Entonces? ¿Cuál es su ventaja para el consumidor y para nuestra economía? Simplemente que permitirá ajustar la demanda energética a la realidad, producirá una asignación más eficiente de recursos, generará ahorro en el consumo (la ley del precio es infalible en este aspecto) y, usada adecuadamente, definirá el verdadero interés de los españoles por subvencionar la energía limpia y mejorar nuestro entorno. Y nos ahorrará el espectáculo de ver a nuestros políticos hablar de precios, como si fueran tenderos.