Telma Ortiz y su pareja, Enrique Martínez, no despertarían ningún interés periodístico de no ser ella hermana de la princesa de Asturias. Ni son personajes públicos, ni han buscado ninguna notoriedad y, por tanto, tienen todo el derecho a mantenerse al margen de los medios de comunicación. Pero no lo consiguen y el hecho de ir en moto o de comprarse una crema, cosa que hace el común de los mortales, se ha convertido en reportajes en la prensa rosa. El embarazo de Telma Ortiz ha sido el desencadenante de un complejo proceso legal emprendido por la pareja contra 53 medios para tratar de impedir que estos sigan obteniendo imágenes de su vida privada. El caso ha puesto encima de la mesa los límites de la libertad de expresión en un país donde los márgenes se han difuminado y donde determinados soportes informativos tienen barra libre.
Puede que el procedimiento al que ha recurrido la pareja no sea el más adecuado, pero es perfectamente legítimo en aras de preservar su intimidad y de no sentir el acoso permanente de una cámara a las puertas de casa. Es evidente que si asisten a un acto público en función de su parentesco no pueden negar que se tomen fotos o imágenes, pero cuando regresan a su universo personal tienen todo el derecho a que no se les importune. El lunes mismo, mientras los representantes de una serie de empresas periodísticas declaraban en el juzgado de primera instancia n. º 3 de Toledo, algunas teles hacían picadillo a los Ortiz-Martín por boca de presuntos adalides de la libertad de expresión, que se alimentan de la comidilla ajena.
La Asociación de la Prensa de Madrid ha hecho un ejercicio de sensatez recordando que la pareja está en su derecho de reclamar la tutela judicial en defensa de su vida privada y, en especial, de la intimidad de los menores. Y ha subrayado que el ejercicio de la libertad de expresión se sustenta en el respeto a la verdad y a la intimidad de los ciudadanos. Seamos serios: por la libertad de informar mueren cada año decenas de reporteros que intentan explicar al mundo la realidad de países en guerra o en dictaduras implacables. Que ahora veamos apóstoles de la telebasura enarbolar la bandera de la libertad de expresión resulta una broma de mal gusto y una falta de respeto con quienes han dado su vida por la verdad en el periodismo.
La ley de protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen es de 1982, y debería actualizarse. La vida privada de las personas no es, en principio, materia periodística, sino mero espectáculo, circo, tal como declaraba ayer el profesor Carlos Elías. Recordemos que Oriana Fallaci escribió que el periodismo es un extraordinario privilegio a veces envilecido por periodistas capaces de ejercer crueldades sin asumir responsabilidad por el dolor que causan. Toda una lección en tiempos de vale todo.
14-V-08, Màrius Carol, lavanguardia