La retirada de la política es una de las cuestiones que no acaban de estar bien resueltas en el sistema español, en el que, al contrario que en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos, está mal visto que una persona deje un alto cargo y pase inmediatamente a la empresa privada a ganar dinero. Simplemente el hecho de que gane dinero, o al menos más del que hubiera obtenido sin pasar por un puesto político, ya es motivo de desconfianza. Bill Clinton, por ejemplo, sería observado aquí con recelo porque todo el mundo pensaría que su fortuna se ha forjado como pago a los favores realizados desde la Casa Blanca. Aquí existe incluso una restrictiva ley de Incompatibilidades que prohíbe a los políticos trabajar en los dos años siguientes a su cese en sectores privados sobre los que han tenido responsabilidad pública.
Esa difícil salida de la vida pública lleva a que un elevado porcentaje de los parlamentarios y de los responsables gubernamentales provenga de la función pública. Así, el día que son destituidos o caen de una lista electoral pueden volver a su puesto de funcionarios, médicos o catedráticos sin mayor problema. Es cierto que estos puestos de alta responsabilidad política van acompañados de excedencias de retorno automático en cualquier trabajo que se realice, también en la empresa privada, pero aunque la ley lo recoja así la vuelta no siempre suele ser tan sencilla. Menos aún si el político en su vida anterior era autónomo. Así que, aunque de eso se hable menos, también hay solventes y honrados políticos que acaban en el paro. Por eso, otro efecto que producen estas situaciones es el de los que se aferran a cargos y escaños y se acaban convirtiendo en una rémora para el sistema.
Vale pues que no hay retirada fácil. Pero los mecanismos de salvaguarda establecidos para evitar el tráfico de influencias o el cobro de favores deben cumplirse porque están ahí para garantizar a los ciudadanos la honradez del sistema. No sólo en lo referente a la ética sino también a la estética, que, a veces, es igual de importante.
Todo esto viene a cuento de dos noticias de esta misma semana. El abandono de la política de Eduardo Zaplana y su fichaje millonario por Telefónica, y la contratación de David Taguas como presidente de Seopan, la patronal de las grandes constructoras, tan sólo quince días después de cesar como director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno. A Zaplana no le afecta la ley de Incompatibilidades porque hace ya cuatro años que dejó de ser ministro, pero Taguas está pendiente del informe de Administraciones Públicas que sería favorable de hacer caso a los argumentos esgrimidos hasta ahora por el Gobierno que insiste en que, como la función de Taguas no era ejecutiva sino de asesoramiento, no incurre en incompatibilidad. Los técnicos tendrán que interpretar la ley, pero incluso si es así y formalmente no hay incompatibilidad, su pase a Seopan ni parece muy estético ni beneficia a la imagen de los políticos.
3-V-08, Rosa Paz, lavanguardia