La balanza fiscal de una región es la diferencia entre los gastos que el sector público central realiza en ella y el volumen de ingresos fiscales obtenidos en esta región para financiar el conjunto del gasto público. Por tanto, el cálculo de la balanza fiscal de una región exige conocer los ingresos aportados por esta al Estado y los gastos que efectúa el sector público central en dicha región.
Recientemente se han hecho públicos dos estudios que calculan las balanzas fiscales: el de la Fundación BBVA (FBBVA) y el de la Fundació Josep Irla (FJI). En ambos casos, los ingresos aportados al Estado por cada región se han obtenido aplicando el enfoque de carga, que imputa los ingresos al territorio donde residen las personas que soportan la carga de los impuestos, al margen de dónde se localiza la recaudación. En cambio, ambos estudios difieren en el método empleado para imputar los gastos del Estado en cada comunidad autónoma. La FBBVA utiliza el enfoque del flujo del beneficio, que asigna el gasto público del Estado en función de la región donde reside el beneficiario, independientemente del lugar donde se produce el servicio público o se realiza la inversión. Por su parte, la FJI usa el enfoque del flujo monetario, que atribuye el gasto público a la región donde efectivamente se materializa el gasto o la prestación de los servicios.
Según la FBBVA, el gasto generado por los funcionarios que trabajan en el Ministerio de Economía en Madrid se debe imputar a todas las regiones proporcionalmente al peso de su población en el conjunto del Estado. En cambio, según la FJI, estos gastos deben imputarse a Madrid, puesto que es en esta región donde estos funcionarios residen. ¿Dónde debe imputarse el gasto de los trabajadores de RTVE que desarrollan su actividad en Madrid? Según la FBBVA, debe imputarse por igual a todos los españoles, puesto que beneficia a todo el Estado, mientras que la FJI los imputa a Madrid, ya que es el lugar donde se materializa.
Las diferencias que provoca en el cálculo de las balanzas fiscales la utilización del enfoque del flujo del beneficio o del flujo monetario (en nuestra opinión el más razonable) son muy elevadas. Así, según la FBBVA el déficit fiscal de Catalunya el año 2005 se sitúo en 11.003 millones de euros, lo que significa 1.604 euros por habitante y equivale al 6,5% del PIB catalán. En cambio, los datos presentados por la FJI, utilizando el criterio del flujo monetario, sitúan el déficit fiscal de Catalunya ese año en 18.595 millones de euros, lo que equivale a 2.622 euros por habitante y al 10,2% del PIB. En definitiva, este elevado déficit fiscal provoca que paulatinamente un número creciente de catalanes nos preguntemos si seguir formando parte del Estado español es racional desde un punto de vista económico.
23-III-08, Jordi Pons i Novell, economista, lavanguardia