Saad Eddin Ibrahim, profesor de Sociología Política en la Universidad Americana de El Cairo y presidente del Centro Ibn Jaldún de Estudios sobre el Desarrollo.
La decisión del Gobierno del presidente egipcio, Hosni Mubarak, de juzgar a dos jueces de alto nivel por denunciar la manipulación del voto en las elecciones parlamentarias del otoño pasado ha conmovido al país. Mucha gente se ha manifestado para apoyar a los jueces, lo que ha cogido al régimen de Mubarak totalmente desprevenido.
Ahora, el Gobierno de Mubarak parece estar dando marcha atrás lo más rápido que puede. El juez Mahmud Mekki fue absuelto, y el juez Hisham Al Bastauisy, que tuvo un ataque al corazón la noche anterior, tan sólo fue reprendido. Con todo, El Cairo sigue inquieto, y el Gobierno teme otra lluvia de muestras de apoyo a la democracia, ya que los jueces han convocado manifestaciones en todo el país.
Los jueces egipcios tienen una larga tradición de discreción y decoro, pero sienten que el Gobierno abusa de ellos en sus esfuerzos por disimular la manipulación de una elección tras otra, para lo que aducen que los jueces vigilan el voto. Lo que hace que su lucha cobre tanta importancia para un público egipcio usualmente inactivo es en parte que casi todos los nueve mil jueces se han mostrado solidarios. El cuerpo que los representa, el Club de Jueces, ha presionado desde hace mucho por una nueva ley que restablezca la independencia judicial. Ahora los jueces exigen su independencia ellos mismos.
El régimen de Mubarak se opone firmemente y recurre a medios extrajudiciales como los tribunales de emergencia y los tribunales militares y de seguridad nacional, que no se ajustan a las normas internacionales. En contra de las promesas que hizo durante su campaña por un quinto periodo como presidente, Mubarak ha solicitado (y su obediente Parlamento le ha otorgado) una prórroga de dos años de la ley de Emergencia, bajo la cual Egipto ha sido gobernado durante toda su presidencia.
Es esta ley, por encima de todo, a la que los jueces y la sociedad civil de Egipto se oponen. La ley de Emergencia ha estado en vigor desde el asesinato del presidente Anuar El Sadat en octubre de 1981, y Mubarak argumenta que necesita otra prórroga para luchar contra el terrorismo. Pero, según un informe reciente sobre los derechos humanos, pese a la ley de Emergencia, 89 personas fueron asesinadas y 236 heridas en ataques terroristas llevados a cabo en Egipto durante los últimos 12 meses. En el vecino Israel, que todavía está luchando con los palestinos, sólo hubo 18 muertos y 25 heridos en ataques similares durante el mismo periodo. Sin embargo, los israelíes no viven bajo una ley de emergencia.
La primera guerra interna de Mubarak fue con los militantes islámicos durante sus primeros años en el poder, pero ahora se encuentra atrapado en otras tres guerras internas. La batalla con los jueces ha propiciado el suficiente descontento popular para obligar a Mubarak a movilizar a miles de miembros de las fuerzas de seguridad central, uniformados de negro, en el corazón de El Cairo. Esta movilización, que lleva tres semanas hasta ahora, ya es más larga que la duración de las últimas dos guerras con Israel.
Otra guerra interna estalló hace dos años con los beduinos egipcios del Sinaí. Siguiendo el ejemplo de sus vecinos palestinos, si acaso no el de Al Qaeda, los jóvenes beduinos, aparentemente enajenados, decidieron rebelarse contra el trato que reciben como ciudadanos de tercera clase. Alrededor de ellos, pero especialmente en los bulliciosos centros vacacionales del Sinaí meridional, se gastan miles de millones en caminos, aeropuertos y playas; se asignan generosamente terrenos de tamaño considerable a los egipcios ricos del valle del Nilo y a los extranjeros, pero no a los nativos del Sinaí.
En efecto, los beduinos del Sinaí tienen el derecho de uso de la tierra, pero no de propiedad, porque la burocracia aletargada, corrupta en ocasiones, sigue considerando el Sinaí una zona militar y cuestiona la lealtad de los locales. Hace dos años, en el aniversario de la guerra de octubre de 1973, jóvenes militantes del Sinaí pusieron una bomba en el Taba Hilton. En julio pasado, también atacaron tres lugares turísticos no lejos del complejo familiar de Mubarak en Sharm El Sheij.
La última guerra interna, ésta sobre los derechos de los ciudadanos cristianos coptos, se ha estado fermentando durante años. Los coptos fueron los primeros egipcios y constituyeron el grupo mayoritario hasta el siglo X. A medida que Egipto se fue arabizando e islamizando, los coptos se convirtieron en minoría en su propia tierra.
En el Egipto de Mubarak, la igualdad jurídica de los ciudadanos, si bien está establecida en la Constitución, no se respeta ni se observa, sobre todo en lo que se refiere a la construcción y la protección de las iglesias coptas. En noviembre pasado, cuando fanáticos musulmanes atacaron una iglesia copta en Alejandría, varios coptos resultaron heridos. Seis meses después, otro fanático atacó tres iglesias durante los ritos dominicales y mató a algunos fieles e hirió a muchos más. Los coptos marcharon por las calles de Alejandría durante los tres días siguientes para protestar por la indulgencia de las autoridades hacia los culpables, porque se utiliza a su comunidad como chivo expiatorio, o incluso por una mano oficial detrás de los ataques para justificar la prórroga de la ley de Emergencia.
Los marginados de Egipto, que cada vez se rebelan más contra un régimen que superó desde hace mucho su mandato legítimo, son quienes alimentan las cuatro guerras internas de Hosni Mubarak. La batalla contra los jueces bien puede resultar el talón de Aquiles del presidente. La justicia es un valor central para los egipcios, y su ausencia está en el núcleo de todas las protestas. No puede haber evidencia más contundente que la cantidad sin precedentes de personas que se han manifestado pacíficamente en solidaridad con los jueces.
lavanguardia, 5-VI-06