José García Montalvo, economista de la UPF.
La tibia reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y la publicación de la memoria tributaria del 2003 han generado bastante revuelo. La reforma mantiene la diferencia entre el tipo impositivo de las rentas del trabajo y del capital. Por su parte los datos del IRPF del 2003 muestran que más del 70% de los ingresos provienen de las rentas del trabajo. Algunos comentaristas han puesto el grito en el cielo al observar que los asalariados declaran unos ingresos medios de 20.300 euros mientras que los profesionales y empresarios declaran una media entre 12.000 (estimación por módulos) y 13.700 (estimación directa) euros.
Con todo estos hechos son de sobre conocidos, por mucho que algunos analistas achaquen al deseo de ocultar estas cifras el apagón informativo puesto en marcha por el gobierno del Partido Popular. Las memorias tributarias de mediados de los 90 mostraban los mismos resultados: los trabajadores asalariados siempre han declarado unos ingresos medios más altos que los empresarios y profesionales. Es más, las memorias de que diponemos de mediados de la década de los noventa mostraban que habían contribuyentes con ingresos de más de 100 millones de las antiguas pesetas que tenían cuenta vivienda.
Es cierto que se podría haber aprovechado la oportunidad de la reforma para aproximar la tributación de las rentas del trabajo y del capital. Sin embargo, las desigualdades tributarias importantes no son éstas. En la actualidad se están produciendo cambios tributarios que atentan contra el principio de igualdad de oportunidades y dificultan la movilidad social. Me estoy refiriendo a las bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aunque su eliminación es competencia del gobierno central, las comunidades autónomas están introduciendo cambios que reducen su coste a prácticamente cero. Además, en algunas comunidades, por ejemplo Madrid, la enorme bonificación en la donación de pisos eleva considerablemente las posibilidades de elusión fiscal de los grandes patrimonios.
El igualitarismo en los resultados, que predica que todos somos iguales y debemos ganar lo mismo, nunca ha sido de mi agrado. Creo que cada uno debe cobrar en función de su esfuerzo y su capacidad de asumir riesgos. Y si unos ganan mucho más que otros, pues ¡mejor para ellos! Si al final el patrimonio lo colocan en activos financieros cuyos rendimientos tributan a un tipo más bajo que los del trabajo, pues ¡mejor para ellos!
Ahora bien, lo que no parece de recibo en una democracia que se precie es reducir a sabiendas la igualdad de oportunidades. En Estados Unidos, cuando el presidente Bush intentó eliminar el impuesto sobre sucesiones en el 2002 se encontró con una sorpresa: que los ricos se oponían. Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, los Rockefeller, entre otros plutócratas, no creían que una sociedad basada en una aristocracia de ricos fuera superior a una sociedad basada en el mérito personal. Ya sé que algunos me dirán que los ricos consiguen eludir en gran parte el pago del impuesto de sucesiones. Pero eso mismo se aplica a otros impuestos y no por ello se eliminan. Impuesto de sucesiones, sí. Por higiene impositiva.
lavanguardia, 3-III-06