Política española en prensa extranjera.

-Sobre Catalunya; Financial Times; enero-2006.
-El 'follón' catalán; The Economist; enero-2006.

Sobre Catalunya

La mayoría de los historiadores futuros observará con satisfacción que cuando en España, tres décadas después de la muerte de Franco y de pasar de una dictadura a una democracia, un jefe del ejército habló de una posible intervención militar si Catalunya obtenía un mayor grado de autogobierno, el país se agitó un poco pero distó mucho de sufrir una gran conmoción. El teniente general José Mena Aguado pasará a la historia como un anacronismo. Ya no estamos en los tiempos del pronunciamiento militar. España es una democracia segura de sí misma y próspera en el seno de la Unión Europea, un centro económico y cultural, así como un miembro de prestigio de la comunidad internacional. Su sistema político federal -a pesar de las tensiones con los vascos y los catalanes- debe considerarse un éxito.

Sin embargo, en un discurso pronunciado el viernes pasado, el teniente general Mena se refirió a los planes del gobierno autonómico catalán para ampliar sus poderes como una repetición de la historia previa a la Guerra Civil (hizo mención a los debates de mayo de 1932 sobre el estatuto de autonomía de Catalunya). Se trata de un chantaje reaccionario. Por desgracia, el teniente general no está del todo equivocado cuando afirma que el artículo 8 de la Constitución faculta al ejército para defender la "integridad territorial" de España. La carta magna democrática española, aprobada en diciembre de 1978, tiene defectos, con reconocieron muchos en su momento. Ese mismo artículo fue utilizado por los oficiales franquistas para justificar el golpe de Estado fallido de febrero de 1981.

Esa época ya ha acabado. De todos modos, puede ser de utilidad que los gobiernos y los ciudadanos españoles lo recuerden. El Gobierno central, que está en manos socialistas, hace bien arrestando al teniente general. Su intención es destituirlo con el apoyo pleno del jefe del Estado Mayor; y debe dejar bien claro que quien se atreva a emularlo correrá la misma suerte.

El Gobierno catalán -también en manos socialistas- debe actuar con cautela. Tiene derecho a pedir, por ejemplo, las mayores capacidades recaudatorias de que ya disponen los vascos. La petición de que Catalunya sea considerada una nación refleja un deseo cultural apoyado de forma democrática por los ciudadanos catalanes. No se trata necesariamente de separatismo; el artículo 2 de la Constitución ya reconoce la existencia de "nacionalidades" dentro de España. Tampoco debería causar gran alarma la petición de una mayor autonomía judicial, siempre que los tribunales superiores de España sigan teniendo la última palabra. Con todo, los catalanes, que se vanaglorian de ser más europeos que el resto de los españoles, deben recordar los principios de solidaridad de la UE. Entre ellos, las transferencias fiscales de las regiones más ricas a las más pobres. ¿Por qué sería eso algo justo dentro de Europa e injusto en España?

Por lo demás, habría que enmendar la Constitución española de modo que quedara clara la supremacía de lo civil sobre el poder militar. Por desgracia, el PP, que aún no ha acabado de digerir su expulsión del poder tras los atentados de marzo del 2004 en Madrid, parece creer que Mena tiene razón. Ahí podría existir para la unidad de España una amenaza mayor que las ambiciones autonomistas de Catalunya.

Financial Times, 10-I-06 (lavanguardia, 11-I-06)

El 'follón' catalán

Cuando un general habla de intervenir con las armas para mantener la integridad territorial de un país, cualquier demócrata debe preocuparse. Cuando el país es España, que emergió de la dictadura de Franco solamente hace 30 años y sufrió un intento de golpe de Estado en fecha tan reciente como en 1981, las preocupaciones deben multiplicarse. El Gobierno español hizo correctamente arrestando la semana pasada al general José Mena Aguado, jefe del ejército español, después de que él dijera en público que el nuevo Estatuto constitucional de Catalunya, que le da más autonomía y el reconocimiento como nación, puede hacer necesaria la intervención militar. Citó el artículo 8 de la Constitución española, que da al ejército la misión para garantizar la integridad y el orden constitucional del país. El Estatuto catalán, aprobado de forma aplastante por el Parlamento regional el pasado septiembre, ahora está siendo debatido por el Parlamento español en Madrid. La Constitución española de 1978 devolvió muchos poderes que se habían centralizado bajo Franco a 17 comunidades autónomas, lo que se hizo sin incidentes.

Euskadi y Catalunya, que tienen la máxima autonomía, han hecho una amplia campaña para obtener más. Una considerable minoría, por su parte, quiere la independencia. En el caso vasco, el debate ha sido desfigurado por la violencia de ETA. Gran parte de la clase política en Madrid ha rechazado de forma intransigente considerar más autonomía para las regiones y mucho menos plantear una eventual independencia. La buena voluntad del gobierno Zapatero, elegido en marzo del 2004, para negociar con Euskadi y Catalunya ha sido un cambio bienvenido. Aun así, hay argumentos respetables contra la flexibilidad de Zapatero. Los nacionalistas nunca estarán satisfechos con las concesiones de mayor autonomía judicial y fiscal. Ellos siempre piden más para tener mayor margen de negociación. Además, la posición negociadora de Zapatero está minada, porque, en Madrid, su gobierno depende de los votos de la izquierda nacionalista catalana. Mientras, en Barcelona, el Gobierno socialista está en coalición con el mismo partido nacionalista que presiona en Madrid. Hay un gran problema financiero. Euskadi y, especialmente, Catalunya están entre las regiones más ricas de España. Darles demasiada autonomía fiscal podría ir contra el deseable proceso de transferir dinero de las regiones ricas a las pobres del país. Efectivamente, un deseo para limitar las transferencias fiscales a Madrid es una fuerza que hay detrás del nuevo Estatuto catalán.

Zapatero está aún en el camino correcto para negociaciones favorables. El rechazo arbitrario del anterior gobierno del Partido Popular, bajo José María Aznar, incluso para hablar con los nacionalista vascos y catalanes sirvió simplemente para alimentar el fervor secesionista en ambas regiones. Otros países como Gran Bretaña con respecto a Escocia, y Canadá con respecto a Quebec, han descubierto que el mejor camino para desactivar las peticiones de independencia puede ser concediendo más autonomía e incluso, si es necesario, reconocer las peticiones de ser una nación. Una democracia moderna debería ser capaz de acomodar la autonomía regional, e incluso un claro deseo de independencia. Pero nunca debería ser intimidada por un general.

The Economist, 14/20-I-06