La continua provisionalidad
Enrique Costas Lombardía, economista
Casi todos los servicios sanitarios autonómicos exceden año tras año sus presupuestos y, en cuanto el momento político es propicio, hacen aflorar el déficit acumulado y lo endosan al Estado. Es una pauta antigua y segura: en las dos últimas décadas, con distintos métodos de financiación, han sido frecuentes, y periódicas, las operaciones de saneamiento del sistema. En la práctica, nuestra sanidad pública ha vivido y vive como los ricos manirrotos: el dinero (del presupuesto o de la deuda) sigue al gasto en lugar de ceñir el gasto al dinero de que se dispone.
Las comunidades autónomas entienden que este endeudamiento permanente (y hasta hoy liquidado con generosidad) es la secuela inevitable de una, dicen, insuficiencia financiera que padece el sistema. Juzgan que España destina a la sanidad pública relativamente poco dinero, menos del que correspondería a su posición en el mundo industrializado, y la asistencia que prestan los servicios autonómicos a las crecientes necesidades médicas sólo puede mantenerse generando deuda. El derecho de los españoles al libre acceso a la asistencia sanitaria estaría peligrosamente sostenido por el déficit.
¿Necesita efectivamente el sistema nacional de salud más dinero? Sin duda. La demanda médica es indefinidamente expansible y está muy avivada por la incesante progresión de la tecnología, las expectativas de los ciudadanos y otros factores. En sanidad, nunca bastante es bastante, como en un pozo sin fondo. Wildavsky enunció esto como una ley económica: "El gasto sanitario alcanza en todo caso el nivel de los fondos disponibles, por muy alto que ese nivel sea". Es obvio que los recursos financieros limitados del Estado no pueden seguir la demanda médica acelerada. Esa insuficiencia financiera no se debe a que las cantidades presupuestadas para sanidad sean inferiores a unas obligaciones concretas previstas, sino a que el sistema, encerrado por los políticos en la irrealidad, está comprometido en derecho a proveer asistencia sin fin: dar todo o casi todo a todos, en toda ocasión, a precio cero en el momento del servicio, como si los textos legales o la solidaridad social o los fines humanitarios de la medicina hubieran mágicamente liberado a la sanidad pública de la escasez natural.
¿Cómo evitar que el sistema sufra de insuficiencia financiera? ¿Dónde puede encontrar el Estado dinero suficiente para cubrir una demanda médica sin límites naturales?
Cualquier nuevo método o vía de financiación o aumento de la aportación del Estado sólo puede tener efectos temporales; será una tregua, no una solución: proporcionará más dinero, pero irremediablemente muy pronto reaparecerá la deuda, intervendrá la política y se instalará otra vez el ciclo déficit/saneamiento/déficit que mina la sanidad pública.
El sostenimiento del sistema requiere, antes que nada, encajarlo en la realidad. El problema financiero del sistema es el propio sistema tal como está, en una situación artificial, de provisionalidad continua, que permite a los políticos justificar con la falta de dinero los fallos asistenciales y de funcionamiento, y retrasar la adopción de incómodas medidas de afianzamiento y modernización. Entre ellas habría que incluir una forma de financiación que sea sentida por el bolsillo de los contribuyentes (quizá una tasa o un impuesto finalistas, o un copago anual en el IRPF) de modo que la sociedad pueda percibir y medir el esfuerzo específico que le exige la continua expansión del gasto sanitario, e indicar con su voto el punto en que lo considera insoportable.
lavanguardia, 18/07/2005