El fenómeno más perverso que afecta a la calidad de la democracia en Catalunya es la privatización de la política. La gente vota, pero las decisiones las toman unas pocas personas, núcleos dirigentes de partidos políticos que actúan en defensa de sus intereses específicos. Desde el poder, distribuyen los cargos, los empleos públicos, las prebendas y las subvenciones, premian a los sumisos y castigan de manera ejemplar a los rebeldes para perpetuar el statu quo que les conviene.
Este modus operandi tiene bastante que ver con el fenómeno de desafección política que han puesto de manifiesto las últimas consultas electorales. Políticos y politólogos han coincidido en situar el problema en el sistema electoral de listas cerradas y han defendido la conveniencia de que una nueva ley electoral implante las listas abiertas o la elección directa de los diputados como la manera idónea de establecer una relación inmediata entre ciudadanos y representantes. Sin embargo, esta semana se ha hecho pública una propuesta de bases para la ley electoral catalana que tiene en cuenta los intereses de todos los partidos, básicamente territoriales, pero descarta, ya de entrada, la posibilidad de que los ciudadanos elijan libremente a sus diputados sin interferencias politburocráticas.
Hay que decir que el trabajo del equipo que ha dirigido el doctor Josep Maria Colomer es riguroso y moderno en muchos aspectos. Introduce propuestas novedosas como el voto anticipado durante quince días, urnas móviles y voto por internet, pero como la primera obligación de un grupo de trabajo es hacer propuestas que sean aceptables para los que les han confiado el encargo - quien paga manda-, las listas abiertas o un sistema de distritos uninominales han quedado descartados desde el principio. Los políticos hablan mucho, pero como en el fondo no están por la labor, los expertos actúan en consecuencia. Es lo que hay.
Así las cosas, el debate está condenado a encallarse en la distribución territorial de los escaños no por autoexigencia democrática sino por interés de partido. Ylos intereses de los dos principales partidos catalanes son irreconciliables. A los socialistas les conviene primar el área metropolitana de Barcelona, y a convergentes (y republicanos), la representación equilibrada del territorio. Como el Estatut fija como condición para aprobar la ley electoral el apoyo de una mayoría de dos tercios del Parlament, el pacto es imposible. Catalunya lleva 27 años sin ley electoral, y todo apunta que así seguirá, con las listas cerradas que, según los expertos, "producen escasa opción de elección al votante, lejanía entre votantes y representantes, falta de responsabilidad individual de los electos y cierre de los partidos"... En resumen: el sistema de partidos se ha pervertido. Sólo los partidos pueden cambiarlo. Y los partidos se niegan. ¿Adónde va la democracia?
16-XII-06, lavanguardia.