"Por un nuevo partido político", Pablo Sebastián
Por un nuevo partido político
Pablo Sebastián, estrelladigital
Un grupo de intelectuales catalanes ha hecho público un manifiesto en el que denuncian la impostura democrática y de progreso del neonacionalismo de izquierdas que lidera y representa el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall en Cataluña. Los firmantes, desde Félix de Azúa y Albert Boadella a Iván Tubau y Horacio Vázquez Rial, entre otros, concluyen su declaración reclamando la existencia de un nuevo partido político catalán que “contribuya al restablecimiento de la realidad”. El Manifest en cuestión tiene un indiscutible valor político, pero no sólo para Cataluña sino también para España, aunque merecía ser completado con la causa original que ha provocado el desvarío del nacionalismo de la izquierda catalana, porque muchos de los males que desvirtúan la democracia y la libertad política de Cataluña son los mismos que habitan en España, una vez que el régimen partitocrático nacido de la transición parece haber agotado su tiempo y ha enseñado sus carencias. Hace falta un nuevo partido político catalán, y también un nuevo partido político español.
Se afirma en El Manifest que en Cataluña “lo simbólico ha desplazado, una vez más, a lo necesario” y escriben esto los firmantes del documento para indicarnos que no hay diferencia entre el nacionalismo conservador de Pujol y el progresista de Maragall. Subrayan la “escandalosa pedagogía del odio”, el deterioro de la educación, el despilfarro de la lengua castellana y la mala política financiera y tecnológica. A la vez, denuncian la utilización que se ha hecho del nacionalismo como pantalla de la corrupción o del nepotismo y del clientelismo con el que los gobernantes catalanes han discriminado a quienes no participan de su religión.
Dicen los autores de tan interesante escrito que hay que volver al respeto de “las libertades, la justicia y la equidad” entre los ciudadanos, como lo define la Constitución de 1978. Y concluyen pidiendo para Cataluña un nuevo partido político, progresista y democrático.
Todo esto, aunque incompleto, está muy bien desde la óptica catalana, y mucho de todo ello se podría repetir en otras comunidades como el País Vasco o Andalucía, donde los males definidos en El Manifest tienen distintas intensidades>
Un grupo de intelectuales catalanes ha hecho público un manifiesto en el que denuncian la impostura democrática y de progreso del neonacionalismo de izquierdas que lidera y representa el Gobierno tripartito de Pasqual Maragall en Cataluña. Los firmantes, desde Félix de Azúa y Albert Boadella a Iván Tubau y Horacio Vázquez Rial, entre otros, concluyen su declaración reclamando la existencia de un nuevo partido político catalán que “contribuya al restablecimiento de la realidad”. El Manifest en cuestión tiene un indiscutible valor político, pero no sólo para Cataluña sino también para España, aunque merecía ser completado con la causa original que ha provocado el desvarío del nacionalismo de la izquierda catalana, porque muchos de los males que desvirtúan la democracia y la libertad política de Cataluña son los mismos que habitan en España, una vez que el régimen partitocrático nacido de la transición parece haber agotado su tiempo y ha enseñado sus carencias. Hace falta un nuevo partido político catalán, y también un nuevo partido político español.
Se afirma en El Manifest que en Cataluña “lo simbólico ha desplazado, una vez más, a lo necesario” y escriben esto los firmantes del documento para indicarnos que no hay diferencia entre el nacionalismo conservador de Pujol y el progresista de Maragall. Subrayan la “escandalosa pedagogía del odio”, el deterioro de la educación, el despilfarro de la lengua castellana y la mala política financiera y tecnológica. A la vez, denuncian la utilización que se ha hecho del nacionalismo como pantalla de la corrupción o del nepotismo y del clientelismo con el que los gobernantes catalanes han discriminado a quienes no participan de su religión.
Dicen los autores de tan interesante escrito que hay que volver al respeto de “las libertades, la justicia y la equidad” entre los ciudadanos, como lo define la Constitución de 1978. Y concluyen pidiendo para Cataluña un nuevo partido político, progresista y democrático.
Todo esto, aunque incompleto, está muy bien desde la óptica catalana, y mucho de todo ello se podría repetir en otras comunidades como el País Vasco o Andalucía, donde los males definidos en El Manifest tienen distintas intensidades: la nacionalista más alta si cabe en Euskadi y la clientelista evidente en Andalucía. De igual manera que la corrupción en Andalucía ha sido “ejemplar” (todo empezó allí, con el ‘caso Juan Guerra’) mientras que el deterioro de la educación y el desprecio del castellano es en el País Vasco consustancial.
Pero la deformación democrática y el recorte de libertades que los nacionalismos han provocado en varias comunidades autónomas tienen unas causas y un origen político que no convendría obviar, porque en ese pecado original no sólo está el mal nacionalista sino también la crisis política de identidad, democracia y libertades de España como consecuencia del agotamiento del régimen nacido de la transición y de la Constitución de 1978. Y también de las malas reglas del sistema político español (la partitocracia), que son en definitiva la causa mayor de lo que acontece en nuestro país y en Cataluña, aunque allí ahora lo vemos con mayor nitidez por la debilidad notoria, política y de liderazgo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la voracidad del tripartito catalán, en el que Pasqual Maragall y Josep Lluís Carod-Rovira lideran el disparate nacional catalán.
El sistema político español no incluye ni el principio imprescindible en toda democracia de representatividad directa entre electores y sus representantes —jefe de Estado, presidente del Gobierno, presidente autonómico, diputados, senadores, concejales, etc.— porque los españoles delegan el voto en los partidos y no eligen directamente a ninguno de sus representantes en las instituciones democráticas.
A esta carencia se une otra de mayor cuantía, cual es la no separación de poderes del Estado, porque el que gana las elecciones en España (o en Cataluña, o en Andalucía, o en Euskadi, etc.) se queda con el control de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Prensa (radio y televisión) la Banca (cajas de ahorro) y grandes empresas. Es decir, en España hay separación de funciones pero no de poderes, y cuando este modelo se aplica a un territorio más pequeño como Cataluña o el País Vasco, controlado además por el nacionalismo, se hace irrespirable y deriva en autocracias como la que ahora denuncia con acierto El Manifest.
Hace falta, sin lugar a dudas, un nuevo partido político en Cataluña. Y en España también. O ¿acaso no creen los firmantes de El Manifest que no hay corrupción en el Estado? O que no hay abuso de poder, ni clientelismo, ni deterioro cultural, ni desprecio a la educación, ni atraso tecnológico, etcétera. Todo esto no es una “cualidad” exclusiva de Cataluña. Todo esto forma parte del mal español y tiene su origen en las carencias democráticas que en aras de un pragmatismo posibilista se pactaron al inicio de la transición con la esperanza, quizás, de llegar un día a la democracia en vez de quedarnos donde estamos, en la eterna transición. De lo contrario, en el Parlamento español se habrían debatido muchas cosas: el golpe de Estado del 23F, la corrupción felipista (y la pujolista y otras más), el crimen de Estado de los GAL, la persecución del castellano en el País Vasco y Cataluña, el terrorismo, la entrada en la guerra de Iraq, etcétera. Todo esto, al igual que la propia redacción de la Constitución, se ha dejado para el debate en el cuarto oscuro de la partitocracia española, del que por arte de magia salen los consensos que todo lo tapan y todo lo visten de bondad nacional. Algo parecido a lo que están haciendo en Cataluña con el nuevo Estatuto para que los ciudadanos de esas latitudes lo reciban como un regalo y un modelo de convivencia pactado, ¡otro consenso ejemplar!
