La corrupción hecha por la gente de a pie cuenta con una complicidad social tan amplia que casi nadie tiene la sensación de estar cometiendo un delito. La factura que todos pagamos por ello es tremenda.
Francesc es el nombre imaginario de alguien que podría ser yo mismo. O usted. Pues bien, Francesc no notó que se le disparase ninguna alarma ética cuando la agencia que vendía su piso sugirió la posibilidad de que el comprador abonase una parte del importe en negro. Y tampoco tuvo ningún problema moral cuando se vio con un maletín que contenía algo más de 100.000 euros en metálico. Su única preocupación fue comprobar que los billetes no fuesen falsos y decidir dónde los escondía. Francesc, todo hay que decirlo, se considera a sí mismo un buen ciudadano.
¿Por qué en España cuando suena la palabra corrupción todo el mundo piensa en los políticos, en los periodistas o en los grandes empresarios, como pone de relieve el último barómetro realizado por Transparency International (TI)? Quizás se deba a un problema semántico, pero los pequeños -y los grandes- actos de corrupción protagonizados de forma directa por la gente de a pie son tan frecuentes y cuentan con una complicidad social tan grande que no llegan siquiera a arañar nuestra autoimagen de personas decentes.
"El ciudadano normal, a lo que más parece temer es a pasar por tonto", explica Ángel García Fontanet, magistrado del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. "Yo incluso creo que el legislador ya calcula los tipos pensando en estas prácticas como inevitables. Y respecto a los políticos resulta evidente que no son más corruptos que los ciudadanos. Simplemente están más controlados y sus actos son más visibles".
Y para ilustrar lo que dice, cuenta la anécdota de un amigo suyo que -para no demonizar una profesión concreta- podría ser notario, odontólogo o albañil. Sus ingresos eran varias veces superiores a los suyos y, sin embargo, no paga prácticamente nada de impuestos. "´Yo no quiero que con mi dinero se perpetúe la dictadura´, decía". Así que cuando llegó la transición y con ella la Generalitat, pareció el momento propicio para preguntarle a alguien tan profundamente catalanista como él: "¿Y ahora qué? ´Ni un duro. Yo no tengo el control del gasto público´".
De esta forma, mientras a uno se le detraían religiosamente de su salario los impuestos de los que dependía directamente la calidad de la enseñanza o la sanidad, el otro pasaba por liberal durante la dictadura y por listo en democracia.
¿Por qué sucede esto? Aquí coinciden todos los especialistas en fraude fiscal: la posibilidad de sanción por no pagar el IVA, por poner un ejemplo, es un riesgo tan remoto que se convierte en asumible. Y nadie piensa en los efectos que para el conjunto de la sociedad tienen este tipo de acciones. "Este país tiene moral privada, pero no pública, algo que refleja muy bien el refrán catalán ´robar al comú no és robar a ningú´", cita el magistrado García Fontanet que, como presidente de la Fundació Carles Pi i Sunyer, organizó una jornadas sobre la corrupción en España.
"La fiscalidad es una de las instituciones que mejor refleja la moral de la sociedad. Hasta el punto de que en los países donde funciona se comprueba que se mantienen más bajos los índices de corrupción.Yal contrario. En el caso de España, sabemos que Hacienda tiene uno de los sistemas informáticos más modernos del mundo. Pero resulta obvio que falta la voluntad política".
Las leyes no están hechas para el justo. Ya lo sabía san Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema fiscal no puede estar basado exclusivamente en la virtud del que tiene que gestionarlo. Porque, ¿qué puede hacer un inspector de Hacienda si una inmobiliaria le ofrece pagarle de golpe el salario de 15 años de honrado cumplimiento de su deber? Y todo a cambio de la minucia de falsear cinco actas de inspección, el trabajo de un par de semanas.
Podría escribirse una enciclopedia con casos similares. Pero retenemos, por paradigmático, el de otro funcionario público que, destinado al control de los notarios madrileños, acabó siendo fichado por éstos. Y así pasó de inspector a asesor. "¿Es con la virtud con lo único que contamos para luchar contra esto? Hay que tener un poco de realismo, pues lo peor no es aquel señor que al menos tuvo la ética de irse al sector privado. Lo peor son los submarinos que se quedan dentro haciendo méritos".
La constatación de que la Administración apenas depura a ningún funcionario debería llevarnos a pensar que todos son buenos. Pero no. Significa simplemente que no hay control. Que en la Administración nadie agradece nada y eso no es tratar con realismo al funcionario cumplidor. Así que cada año se produce una deserción de cumplidores al bando de los incumplidores.
Políticos y periodistas
La mayoría de los españoles consideran que los partidos políticos son las instituciones más corruptas, seguidos de los medios de comunicación y del sector empresarial, mientras que perciben a las ONG, los servicios de salud y las fuerzas militares como los sectores menos afectados por la corrupción, según el Barómetro Global de la Corrupción del 2004 de TI, cuyo presidente en España, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Jesús Lizcano, señaló que estos tres sectores "más corruptos" ya ocuparon el liderato en el informe del año 2003.
Las encuestas realizadas por TI vuelven a mostrar que percibimos la corrupción como un delito en el que resulta necesario el concurso de un funcionario público. Cuando Roldán llenaba portadas, nadie parecía fijarse en los empresarios que lo habían sobornado.
"La gente distingue entre corrupción y corruptelas. Y de las segundas tiende a pensar que no le afectan, mientras que las primeras las percibe como más graves. Y es en la Administración local, la administración con la que tiene más contacto, donde el ciudadano percibe mayores índices de corrupción, que asocia a la especulación". Para el profesor, hemos avanzado durante los últimos años en un incremento de una ética de la rentabilidad social. "Muchos sectores en España están desarrollando códigos deontológicos, de buen gobierno. Sin embargo, seguimos sin firmar el pacto mundial contra la corrupción que ya han subscrito 117 países, entre ellos Afganistán o Argelia".
Según la encuesta de TI, sólo el 2% de los españoles asegura haber pagado él o algún miembro de su familia un soborno. La cifra muestra de nuevo los problemas semánticos del término corrupción, que acostumbramos a relacionar principalmente con funcionarios públicos. Pero, llámense sobres, engrases, tarugos (en la industria farmacéutica), fraude fiscal, economía sumergida... la corrupción empapa nuestra sociedad situándonos entre los países más corruptos de Europa.
"En Ciudad de México, el 98% de los delitos quedan impunes, o en la Argentina de Menem la corrupción era tan estructural que quien quería tirar adelante se veía obligado a corromperse", explica Jorge Malem, profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat Pompeu Fabra y autor de Globalización, comercio internacional y corrupción (Gedisa 2000).
"En esos contextos no es rentable ser ético. En el otro extremo se podría situar Finlandia, el país con menos corrupción del mundo. Y, no es casualidad, con el mejor sistema educativo. En España, el nivel de educación ha aumentado. También los controles. Y es que la mejor forma de prevenir la corrupción pasa por la mejora de la educación a largo plazo. Y, a corto, por el incremento de los controles. Para que los que pagan no tengan la sensación de estar haciendo el tonto".
Manuel Díaz Prieto, revistaLaVanguardia, 6-II-2005