Carles Boix, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Chicago.
Desde su llegada a la Generalitat, el Gobierno tripartito ha decidido poner en práctica una serie de medidas de choque para modificar el sistema educativo catalán al objeto de reforzar, de acuerdo con sus compromisos electorales, la cohesión social y la igualdad en las escuelas catalanas. Desafortunadamente, es poco probable que esos cambios logren lo que se proponen. Por el contrario, lo más previsible es que reduzcan todavía más tanto la ya de por sí menguada libertad de elección de las familias como la capacidad educativa de los centros escolares. A la vista de todo ello, lo más aconsejable es reconducir el sistema educativo catalán hacia un modelo más ambicioso, que impulse la escuela sin sacrificar la igualdad de oportunidades de los más jóvenes.
Las decisiones de la Generalitat contienen dosis iguales, y poco convincentes, de continuismo y de cambio. El ejecutivo catalán ha mantenido las bases esenciales del sistema anterior que, como es bien conocido, determinaba el acceso de los estudiantes a su centro preferido en función los puntos que acumulaban de acuerdo con un baremo oficial. Tras una cierta polémica, la Conselleria d'Educació ha modificado parcialmente ese baremo. Cualquiera que se dedique a examinarlo verá que a partir de ahora la localización geográfica es determinante, bien directamente (un domicilio próximo garantiza 30 puntos), bien a través de tener hermanos o hermanas (que cabe suponer viven en el mismo domicilio) en el centro de elección (otros 40 puntos). Tener una renta familiar mínima y ciertas discapacidades se llevan prácticamente el resto de los puntos posibles (unos 30 más).
De entrada, la utilización de un ránking de puntos seguido después de un concurso público y, no lo olvidemos, de una lotería de por medio en caso de empates, se me antoja como un procedimiento extrañísimo para decidir la trayectoria humana y educativa de cada uno de nosotros. Primero, la distribución de los estudiantes se realiza en función de criterios (el domicilio) que no tienen en cuenta las preferencias educativas de las familias. Segundo, la determinación del centro no atiende a las potencialidades de los críos en edad escolar, es decir, no admite la posibilidad de que diferentes niños tengan necesidades que requieran escuelas diferentes. Finalmente, dado que nuestra sociedad no se caracteriza precisamente por la movilidad en la vivienda, el criterio de domicilio no estimula el desarrollo de estrategias pedagógicas nuevas y diversas en nuestro país. Esto es curioso dado que si algo nos han repetido una y otra vez los pedagogos catalanes es que Catalunya estuvo en su momento en la avanzadilla de la experimentación y de la creación en materia educativa.
Lo más sorprendente, sin embargo, es que el sistema actual sacrifica la libertad de elección de las familias y desatiende las necesidades personales de los alumnos sin por ello acercarse al objetivo de una mayor igualdad educativa y social. Es posible que la utilización del criterio de residencia se deba a la voluntad de reforzar el concepto de barrio y de comunidad vecinal. Pero lo cierto es que la residencia está directamente ligada con el nivel de renta familiar, particularmente en un mercado inmobiliario que ha experimentado subidas de precios extraordinarios y en donde más de la mitad de los ingresos familiares se los traga el pago de la hipoteca. Al final del camino, primar la residencia es reforzar las diferencias sociales que el Gobierno actual dice querer combatir.
Dado que el sistema actual dificulta la libertad de elección familiar, reduce la creatividad pedagógica y sofoca la competitividad entre centros, sin por ello generar de una manera efectiva más igualdad de oportunidades, necesitamos imaginar un nuevo modelo educativo, más dinámico y moderno, que haga posible tanto la libertad de elección de las familias como la realización personal y movilidad social de nuestros hijos e hijas.
El mejor instrumento para lograr estos objetivos consistiría en el establecimiento de un sistema de cheques escolares, es decir, la asignación de una cantidad mensual a cada persona en edad escolar con total libertad para gastarla en su centro educativo de preferencia. Esta cantidad cubriría la totalidad o la mayor parte del gasto educativo por alumno. Adicionalmente, y en aras de reforzar el principio de igualdad de oportunidades, la cuantía del cheque escolar podría graduarse en función de la renta familiar de cada alumno.
Este mecanismo de asignación de escuelas y de alumnos no solamente incrementaría la libertad de elección sino que comportaría una ventaja adicional. Las familias pasarían a ejercer un mayor control sobre las escuelas y a incentivar una mejor enseñanza. Como en todo mercado competitivo, dada la posibilidad de perder estudiantes, tanto las escuelas públicas como privadas menos eficaces se verían obligadas a mejorar en su capacidad de enseñanza. De hecho, la Administración pública podría emplear la demanda de las familias como un mecanismo para determinar qué instituciones educativas son más problemáticas y, con esa información en la mano, proceder a apoyarlas financieramente y a corregir su actuación. Finalmente, con garantías adecuadas, el sistema de cheques escolares no tendría porqué conducir a situaciones de discriminación o a la generación de un sistema educativo dual. Bastaría para ello con que la Generalitat invirtiera el dinero que gasta en gestionar el sistema actual de asignación de alumnos en una inspección escolar más contundente o que impusiese un cierto cupo para ciertos sectores marginales en todos y cada uno de los centros.
El final lo escribo en afirmativo. Pidamos un mayor esfuerzo imaginativo por parte de la Administración actual para que el sistema educativo concilie las dosis de libertad y creatividad que han hecho de Catalunya algo valioso y dinámico con la cohesión social que todos deseamos.
lavanguardia, 28-VI-04