A propósito del Archivo de Salamanca
Borja de Riquer, catedrático de historia contemporánea
He leído con no poca sorpresa el artículo “El Archivo de Salamanca” escrito por Pedro Schwartz y publicado en “La Vanguardia” el 2 de junio. A medida que iba leyendo su crítica a la votación del Congreso de los Diputados de hace unos días, en la que se calificaba de “expolio” la incautación de documentos realizada por el ejército franquista y se instaba al actual Gobierno a negociar con la Generalitat su restitución, he pasado de la sorpresa a la estupefacción. Asombra ver cómo hay gente capaz de dar totalmente la vuelta a las cosas más obvias. Resulta que es ahora, en el 2004, cuando el señor Schwartz descubre “la dimensión política” de todo un asunto que fue provocado por la represión que siguió al fin de la Guerra Civil. ¿Se puede ser tan ingenuo? La tesis central de su texto casi parece una provocación ya que no es otra que defender “la permanencia del Archivo (de Salamanca) como símbolo de la definitiva terminación de la Guerra Civil en la conciencia de los españoles”. ¿Lo dice en serio? ¿Perpetuar una expoliación política, darla por buena, es un signo de reconciliación, de superación de la Guerra Civil? ¿Hay quien pueda creerse eso? Realmente, mal servicio se hace a la democracia si con el pretexto de una supuesta “superación” de la Guerra Civil mantenemos y damos por buenos los actos violentos y las disposiciones represivas de la dictadura franquista.
También se equivoca el articulista al analizar la naturaleza del contencioso. No se trata, en absoluto, de una cuestión típica de “nacionalismos enfrentados”, como pretende, sino de simple justicia democrática, de restituir a sus propietarios legítimos lo que les fue incautado por la fuerza. Hasta el propio Manuel Fraga Iribarne, en abril de 1980, solicitó en una proposición no de ley presentada al Congreso que “se traspasen a la Generalitat de Catalunya aquellos documentos que constituyeron, en su día, los archivos de la misma”.
Pero no sólo hay argumentos basados en la ética política para justificar el retorno de la documentación incautada, también hay una clara base científica. El señor Schwartz, que afirma haber sido vicepresidente del patronato del Archivo de Salamanca, debe saber algo de archivística. Supongo que no desconoce ni el principio de procedencia de la documentación ni tampoco qué significa en realidad la “unidad de un archivo”, tantas veces citada. Supongo que no ignora, en primer lugar, que el general Franco nunca creó un archivo en Salamanca sino un depósito de documentos, con exclusivas finalidades represivas. Luego, ya en mayo de 1979, esos fondos pasaron a depender del Archivo Histórico Nacional, como Sección de Guerra Civil, y finalmente, en 1999, ya durante el primer Gobierno del PP, se procedió a crear, con el objeto de blindar legalmente esa documentación frente a las demandas catalanas, el denominado “Archivo General de la Guerra Civil Española”.
Igualmente debe saber el señor Schwartz que los fondos reunidos en Salamanca llegaron allí a partir de la previa destrucción de “la unidad” de otros archivos (el de la Generalitat, el de cientos de ayuntamientos, de partidos, de sindicatos, de entidades, de particulares, etcétera). Y seguramente tampoco desconoce que difícilmente puede tener unidad archivística un conjunto de documentos totalmente heterogéneos por su variada cronología (los hay incluso de mediados del siglo XIX), por su dispar procedencia y carácter (desde la correspondencia del pretendiente carlista Carlos VII o del socialista Pablo Iglesias hasta las listas de miembros de sociedades naturistas, pasando por las actas de las elecciones legislativas de 1933) y por su sesgada procedencia territorial (evidentemente allí no hay ni un solo documento de Salamanca, ni de Castilla-León, ni de Galicia, ni de Sevilla, etcétera). Lo que hay en Salamanca no puede ser “el archivo” de la Guerra Civil. Seamos serios: no existen, en archivística, los archivos de una época (no lo hay de la guerra de Independencia ni de la de Cuba, por ejemplo), sino solamente archivos creados a partir de la “procedencia” institucional de los fondos (de ministerios, ayuntamientos, entidades públicas o privadas) o archivos generales de carácter territorial (Histórico Nacional de Madrid, Nacional de Catalunya, etcétera). Un “Archivo General de la Guerra Civil” es una anomalía archivística creada a partir de intereses políticos, y eso lo saben todos los especialistas. Otra cosa es cómo compensar políticamente a la ciudad de Salamanca, que ha convertido esta cuestión en un tema de “orgullo local”, ante la previsible salida de muchos de los documentos originales depositados en “su” archivo.
Ahora, lo que procede es cumplimentar la proposición aprobada por el Congreso, aunque eso realmente no es nada sencillo. Tiene una enorme complejidad técnica y exige una no menor habilidad política para que nadie se sienta finalmente “derrotado” en este largo y enojoso asunto. Pienso que el Ministerio de Cultura tiene recursos y posibilidades para concentrar en la ciudad de Salamanca mucha de la documentación histórica dispersa en numerosos archivos estatales con el fin de crear un centro de estudios que tenga una cierta coherencia científica, como planteaba recientemente Javier Tusell en su conciliador artículo “El pacto de Salamanca”, publicado en “La Vanguardia” el pasado 15 de mayo. Por su parte, la Generalitat debería encauzar y ponderar las legítimas demandas catalanas de recuperación de la documentación incautada, garantizando en todo momento su ordenación, su perfecta conservación y su idónea ubicación. Puede ser un proceso complejo, y quizás no demasiado rápido, pero debe ser políticamente claro y también coherente desde el punto de vista archivístico. A los casi veintisiete años del restablecimiento del Estado de derecho, de las libertades políticas y de la Generalitat de Catalunya, es insostenible éticamente que la documentación incautada por motivos políticos no haya sido aún devuelta a sus legítimos propietarios. Que no haya tenido lugar hasta ahora ningún acto de restitución de dichos fondos constituye no sólo una irregularidad jurídica injustificable en una sociedad democrática sino también una vergüenza. Y leyendo ciertas cosas a veces uno tiene la sensación de que para algunos ya ha prescrito totalmente el espíritu de la transición, de la reconciliación y de la amnistía. No, señor Schwartz, mientras permanezca en Salamanca la documentación incautada, ese archivo no simbolizará la “reconciliación” sino todo lo contrario, evidenciará que aún persisten en España los efectos de la Guerra Civil y de la victoria franquista.
lavanguardia, 7-VI-04