Albert Branchadell, professor de lingüística a la UAB.
El 13 de junio, la Unión Europea de los 25 estados miembros y 20 lenguas oficiales va a celebrar sus primeras elecciones. Es sabido que las elecciones europeas, en ausencia de un auténtico sistema de partidos europeo e incluso de una cultura política europea común, se desenvuelven esencialmente en clave estatal. Atendiendo a esta circunstancia, ¿en qué medida la cuestión lingüística es relevante en la campaña de los partidos españoles? En cualquier caso, ¿qué efectos pueden tener los resultados electorales de España en el régimen lingüístico de la Unión?
Una ojeada a los programas electorales puede ser instructiva para conocer la posición de los partidos españoles ante el asunto lingüístico. Un rasgo común es que los partidos españoles no se ocupan de proponer políticas lingüísticas de alcance europeo y limitan sus propuestas en este área al reconocimiento o no de las lenguas españolas diferentes del castellano. En este sentido, el programa del PP es el más cristalino: no tiene nada que decir sobre el posible reconocimiento de esas lenguas. Por omisión, el PP no se propone alterar el actual régimen lingüístico de la Unión para ampliar el número de lenguas oficiales, pero tampoco para dar mayor relieve al castellano, que, a pesar de su potencial demográfico y su indiscutible atractivo cultural, no ha logrado entrar en el club de lenguas hiperoficiales que lidera el inglés, secundado por el francés y el alemán. Por su parte, el manifiesto electoral del PSOE contiene una frase tan vaga como inédita: “Promoveremos en la UE las lenguas con carácter oficial en España”. Por más etérea que sea, es la primera vez que un gran partido español concurre a unas elecciones europeas con semejante promesa. Como suele ocurrir en estas materias, el PSC es más explícito que su partido hermano. En su manifiesto electoral el PSC se propone, lisa y llanamente, “conseguir que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea”. En este empeño del reconocimiento, siguen a los socialistas las demás candidaturas. IU reitera, con verbo incluido, la vaguedad del PSOE (“promoveremos en la UE las lenguas del Estado español”), del mismo modo que ICV-EUiA repite la explicitud de los socialistas catalanes (“que el catalán tenga el estatus de lengua oficial en la Unió Europea”). El documento base de la coalición Galeusca defiende “la plena oficialidad de las lenguas de cada una de las naciones sin Estado, y de manera especial del catalán, gallego y euskera”, punto que reitera. Convergència i Unió, socio mayoritario de la coalición, en su programa particular. Algo parecido sucede con la coalición Europa dels Pobles y su socio mayoritario, Esquerra Republicana de Catalunya.
Así pues, parece ser que, excepto el PP, todos los demás partidos españoles con expectativas de obtener representación en el Parlamento Europeo son más o menos partidarios de la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea. Es el momento de responder a la segunda pregunta: ¿qué efectos pueden tener los resultados electorales de España en el régimen lingüístico de la Unión? La respuesta, francamente, es “pocos”.
Para empezar, la cuestión lingüística no es prioritaria para la mayoría de los futuros eurodiputados. En segundo lugar, el Parlamento Europeo ni siquiera es competente para determinar el régimen lingüístico de la Unión. No lo es ahora ni lo será con la nueva Constitución europea, que fija en su artículo III-339 que será el Consejo de Ministros quien regule por unanimidad el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión. En el mejor de los casos, los resultados electorales de España pueden servir para reforzar la posición que el Gobierno español ya viene defendiendo desde la investidura de Zapatero, y faciliten el acercamiento del catalán (o, mejor, del catalán-valenciano), el gallego y el euskera al estatus semioficial del que goza el irlandés.
Si Rodríguez Zapatero consigue su propósito, se habrá producido una auténtica revolución en el trato que los sucesivos gobiernos democráticos españoles han dispensado a las lenguas diferentes del castellano en sus relaciones internacionales. Y además se hará inaplazable resolver el auténtico problema, que es el reconocimiento del catalán y las demás lenguas españolas en España. Sería bastante exótico que los ciudadanos de lengua catalana pudieran relacionarse en catalán con las instituciones de la Unión y no pudieran hacerlo con las de su propio estado, que encima tiene la obligación constitucional de respetar y proteger su lengua.
lavanguardia, 6-VI-04