Por lo menos la mitad de la información política española es de casos de corrupción. Entre los casos antiguos sin juzgar, pero que la prensa mantiene vivos; los también antiguos cuyos juicios se están celebrando; los casos pintorescos de declaraciones filtradas por la policía y otros episodios de alta resonancia, un extranjero que haya llegado a España un día como el de ayer puede llegar a la conclusión de que ha entrado en un país de barra libre para robar. Sólo hay dos datos positivos.
El primero, que llevamos por lo menos un par de meses sin descubrir ningún escándalo nuevo, lo cual es una rigurosa novedad. Yel segundo, que los casos conocidos están, por fin, en algún trámite procesal, en periodo de instrucción o de juicio oral.
Sobre el primer dato positivo tenemos una carencia básica: ignoramos si no se publican casos nuevos porque aquí todos los cargos públicos se ha vuelto honrados sin excepción o porque todavía no han sido descubiertos, lo cual entroncaría mejor con nuestras acreditadas tradiciones. Sobre el segundo, me gustaría conocer cuál es el grado de confianza y de esperanza de limpieza que tienen los ciudadanos en la cantidad de juicios que se están celebrando. Porque no nos engañemos: la impresión popular es que aquí nunca pasa nada. Mucho alboroto, mucho titular, pero al final grandes casos de corrupción publicada se desvanecen en la niebla del tiempo y lo que más escuece en la sociedad: no se sabe de nadie que haya devuelto el dinero.
Desde luego, no hay proporción entre las noticias de presuntos cohechos o apropiaciones indebidas y el número de sentencias dictadas. Por tanto, hay más penas de telediario que penas de los tribunales, lo cual es injusto para los inocentes y demoledor para la fiabilidad de las instituciones. Si la gente percibe impunidad, no confiará ni en el honor de las personas, ni en la eficacia de las investigaciones, ni en una justicia que en el mejor de los casos es lenta, ni en la capacidad del sistema para depurarse a sí mismo.
Y miren ustedes: si hay inocentes condenados por la opinión popular y hay culpables que burlan a la justicia, es todo el sistema el que hay que revisar.
10-I-12, Fernando Ónega, lavanguardia