per qu el Gobierno ha indultat Alfredo Senz?

El Gobierno decidió conceder ayer el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a tres meses de prisión e inhabilitación por el Tribunal Supremo (TS), por unos hechos ocurridos hace 17 años. La medida de gracia contaba con el apoyo de la Fiscalía y con la oposición del propio Supremo, que como tribunal sentenciador del caso informó desfavorablemente.

Sáenz fue condenado en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a 6 meses de prisión por un delito continuado de acusación y denuncia falsas. El Supremo, a su vez, redujo la condena a tres meses de prisión e inhabilitación, y Sáenz anunció un recurso al Tribunal Constitucional (TC) mientras se tramitaba su solicitud de indulto.



Los hechos ocurrieron en 1994, cuando Banesto presentó un querella contra cuatro empresarios a quienes reclamaba una deuda de 3,6 millones de euros. El fallo del Supremo sostenía que los hechos denunciados no eran ciertos, y que los querellantes lo sabían. Junto a Sáenz fueron condenados, y ahora indultados, el abogado Rafael Jiménez de Parga y el ex directivo de Banesto Miguel ÁngelCalama.

La concesión del indulto - que es parcial, pues subsiste una multa de 3.000 euros-supone que además de quedar sin efecto las penas principales, puede considerarse que Sáenz sigue cumpliendo los requisitos de "honorabilidad" que exigen las normas bancarias. La apreciación de este requisito corresponde al Banco de España, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Entidades de Crédito.

La decisión del Gobierno, que está en funciones, no despertó crítica alguna por parte del PP. Los populares fueron previamente informados de la medida por parte del Gobierno, a través de los cauces de comunicación habituales entre los responsables de Justicia. Desde el punto de vista legal, no hay obstáculos para que un Gobierno en funciones ejerza el derecho de gracia.

Una sentencia del propio Supremo dictada en diciembre de 2005 avaló la capacidad de un gobierno en funciones para conceder o denegar indultos. El fallo estimaba que estas decisiones no se encuentran entre las excluidas expresamente con el fin de no comprometer la acción del futuro Gobierno.

La concesión del indulto, sin embargo, generó polémica en el ámbito judicial, porque no es frecuente que se acceda a una medida de este tipo con un informe en contra del Supremo. Las objeciones a la decisión fueron expuestas por las diversas asociaciones de jueces, con distintos grados. La crítica más radical fue expuesta por el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, quien cuestionó la vigencia del derecho de indulto, porque se trata de "una facultad que puede interferir" en decisiones ajustadas a derecho.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria dijo a través de su portavoz, Francisco Armengol, que la decisión es "cuestionable" porque "sin motivación, sin conocer las razones, una persona condenada deja de serlo", de modo que "la discrecionalidad puede convertirse en arbitrariedad". La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) fue menos crítica y su portavoz, Pablo Llarena, dijo que se trata de "una medida unilateral" del Gobierno, pero que afecta a "una persona con una trayectoria importante dentro del mundo financiero".

26-XI-11, J.M. Brunet, lavanguardia