recuperació de llibertats civils després de l´11S

La principal consecuencia del 11-S y el 7-J en el Reino Unido ha sido el cuestionamiento del multiculturalismo. Hasta los atentados de las Torres Gemelas primero, y el metro y los autobuses de Londres después, existía el consenso (cuestionado tan sólo por algunos intelectuales de derechas) de que la fórmula británica de integración cultural basada en el laissez faire era la ideal, en oposición a la francesa o norteamericana de imponer los valores nacionales a los inmigrantes. Pero ya no es así, y existe un agrio y encarnizado debate.



En Londres hay barrios como Walthamstow, en el nordeste de la capital, que no desentonarían en Islamabad o Karachi si no fuera por la arquitectura victoriana, el tráfico civilizado y los autobuses de dos pisos. Las mezquitas llaman con regularidad a la oración, los hombres visten con serual qamis y las mujeres con túnicas que les cubren todo el cuerpo excepto los ojos, y en las tiendas y mercadillos se venden productos típicos asiáticos. Y lo mismo ocurre en Birmingham, Manchester, Leeds, Liverpool y todas las grandes ciudades. La política multicultural permitió que esas comunidades llevaran existencias paralelas acorde a su religión, su cultura y sus valores, sin que el Gobierno o las instituciones interfieran en lo más mínimo, haciendo la vista gorda a lo que se predicara en sus mezquitas, lo que dijeran sus imanes, e incluso a prácticas repugnantes desde el punto de vista occidental como los matrimonios forzosos, la imposición del velo a las chicas jóvenes o las mutilaciones sexuales.

Los atentados hicieron pensar a muchos que tal vez esa tolerancia y esa aceptación del hecho diferencial islámico no fuera la mejor idea. Pero el problema de Gran Bretaña es que no tiene unos valores republicanos como los franceses, ni un lema al que rendir culto como el de la liberté, egalité et fraternité,ni un patriotismo al estilo de los Estados Unidos, ni una adoración a la bandera de las barras y estrellas. De hecho hay varias banderas además de la Union Jack (la inglesa, la escocesa, la galesa), y casi tantas interpretaciones como ciudadanos de lo que significa ser británico.

Cierto que ahora existe una mayor suspicacia de los blancos hacia los musulmanes, que se vigila lo que se dice en las mezquitas, que la policía para con mucha mayor frecuencia en la calle a los ciudadanos de origen islámico (y también a los negros) como si su aspecto les hiciera de por sí sospechosos, y que ese comportamiento racista ha sido un factor en los disturbios de principios de agosto. Pero básicamente las relaciones entre los distintos grupos, que no son buenas, se sustentan en la rivalidad a la hora de conseguir los puestos de trabajo y los beneficios del Estado, cada vez más escasos en tiempos de austeridad. La mayoría de recriminaciones tienen ahí su origen.

Desde un punto de vista político y legal, el actual Gobierno de coalición ha dado marcha atrás a las draconianas medidas adoptadas por sus predecesores laboristas contra los sospechosos de terrorismo. Tony Blair, campeón del recorte de libertades con el pretexto de la seguridad, no dudó en enviar los tanques al aeropuerto de Heathrow para alertar de la "amenaza inminente" de ataques terroristas e intentar conseguir el apoyo de los ciudadanos a la guerra de Iraq (cosa que no consiguió). Pretendió también destrozar el hábeas corpus y ampliar a 90 días el plazo en que una persona puede permanecer en prisión sin que se presenten cargos contra ella, se le notifique de qué actividad delictiva se le acusa y se le permita entrar en contacto con sus abogados.

El plazo de tres meses para la detención sin cargos resultó imposible de digerir incluso para los propios diputados de su partido, y al final se tuvo que conformar con 28 días. Pero en el 2008, y también con el convencimiento de que el miedo y la seguridad dan votos, su sucesor, Gordon Brown, intentó ampliarlo a 42 días, logrando que la Cámara de los Comunes lo refrendara. Los Lores, sin embargo, tumbaron el proyecto de ley por una abrumadora mayoría.

El Gobierno de David Cameron tiene sobre la mesa un replanteamiento de todas las medidas antiterroristas para acomodarlas a la legislación europea de derechos humanos, disponiéndose a reducir el plazo de detención sin cargos de 28 a 14 días (que aun así es uno de los más altos del mundo occidental), y a suavizar las órdenes de control para vigilar a sospechosos de terrorismo contra quienes no se han presentado cargos por falta de pruebas: un toque de queda, necesidad de comparecer todos los días en la comisaría de policía más cercana, limitación del acceso a internet, etcétera.

La actual Administración ha cometido muchos errores - gestión económica, excesivos recortes presupuestarios que han estrangulado el crecimiento, falta de sensibilidad que ha contribuido a las tensiones sociales, supeditación a Rupert Murdoch, escándalos de corrupción…-,pero a la hora de encontrar un equilibrio entre libertad y seguridad es mucho más realista que sus predecesores laboristas y, de momento al menos, no ha recurrido a la explotación del miedo al terrorismo.

8-IX-11, R. Ramos, lavanguardia