un altre 20N per a una altra Transició (vers?)

La decisió del president del Govern espanyol de fixar la data del 20 de novembre per a les pròximes eleccions generals té més substància del que podria semblar. El 20 de novembre el general Franco va morir al llit, però l’esdeveniment biològic va marcar el final de la dictadura i l’inici de la transició democràtica. Han passat 36 anys i la democràcia espanyola està donant símptomes tan evidents com alarmants d’esgotament i d’obsolescència, que fa inexorable una segona transició política que arrencarà també un 20 de novembre.

Las instituciones del Estado están bloqueadas o en crisis. Esta misma semana se ha podido comprobar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la ausencia total de lealtad entre el Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas. El movimiento de los indignados se ha apoderado de las calles y sus protestas han tenido la complicidad de amplios sectores de la sociedad y la crisis ha puesto al descubierto un modelo productivo obsoleto y la vulnerabilidad de España frente a los mercados financieros... La sensación de que España se encuentra al final de un ciclo histórico ya nadie lo pone en duda. Lo que no se sabe, claro, es lo que vendrá después. Después de otro 20-N. La teoría de la segunda transición ha sido utilizada anteriormente por distintos actores políticos e intelectuales de diversa orientación. Personajes tan distintos como José María Aznar, el profesor Vicenç Navarro oel propio Artur Mas han defendido la necesidad de una reforma política de alcance como la que impulsó el general De Gaulle y que alumbró a la Quinta República francesa. Aznar incluso llegó a publicar un libro en 1994, o sea antes de ser elegido presidente del Gobierno, proponiendo y proponiéndose para liderar una segunda transición política española. Es exactamente lo mismo que ha pretendido José Luis Rodríguez Zapatero probablemente a petición del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, eligiendo el 20-N como fecha electoral. El mensaje es inequívoco: las elecciones del 20-N no se plantean como un balance del pasado, ni siquiera sobre la conveniencia de una nueva alternancia en el poder del Estado, sino algo mucho más trascendente: quién lidera la segunda transición.

Se había hablado de la segunda transición cuando Aznar y cuando Zapatero protagonizaron la alternancia, pero ninguno de los dos ha sido capaz de llevarla a cabo ni de liderarla. También es cierto que las circunstancias eran distintas. La prioridad de la incorporación de España a la Unión Monetaria y la euforia económica del periodo entre el último lustro del siglo XX y el primero del siglo XXI relegaron los problemas de funcionamiento que empezaban a notarse en el sistema
democrático español.

 

Ahora todo es distinto. Existe la convicción generalizada de que el cambio es necesario en la derecha y en la izquierda, en el centro y en la periferia, y lo defienden los centralistas y los nacionalistas. La pulsión del cambio es transversal, pero existe una diferencia fundamental con la primera transición democrática. En 1975 existía un objetivo común y hasta podría decirse que compartido: sustituir la dictadura por un régimen democrático constitucional. Ahora nadie pretende cambiar el régimen democrático, pero cada uno de los defensores de una segunda transición lo es por motivos distintos cuando no opuestos o incompatibles, de ahí que sea tan importante situarse en posición de liderar o determinar el rumbo de los cambios, máxime teniendo en cuenta que cualquier reforma requerirá consensos amplios.

Durante bastante tiempo, la reforma de la Constitución ha sido un verdadero tabú de la política española, por temor a que en cuanto se abra el melón por cualquier aspecto, todos los demás aspectos serán cuestionados, incluso los consensuadamente menos deseables. Sin embargo, da la impresión de que ahora todo el mundo ha perdido el miedo. La prueba de que el 20 de noviembre se va a plantear como algo más que unas elecciones legislativas la está dando el mismísimo candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, repitiendo cada vez que puede que “hay que romper el tabú de que la Constitución es intocable”. Para movilizar a su alicaída clientela, el PSOE no va a tener más remedio que rivalizar con el PP a ver quién presenta el proyecto de reformas más atractivo.

La lista de asuntos pendientes de la democracia española podría resultar interminable, pero hay cuestiones que gane quien gane las elecciones van a determinar la agenda política. Lo que viene a continuación es un inventario necesariamente superficial de lo más urgente:

La quiebra financiera de las instituciones. El Ayuntamiento de Moyà acaba de anunciar que no pagará las nóminas de sus empleados. En Madrid nadie sabe dónde está Moyà, pero todo el mundo sabe que buena parte de los ayuntamientos españoles están en esa situación, empezando por el de la capital. Lo mismo ocurre con las comunidades autónomas, y hasta ahora sólo Catalunya lleva a cabo políticas de ajuste. Alguien más tendrá que ponerle el cascabel al gato.

La reactivación económica. España no se recupera de la crisis al mismo ritmo que sus vecinos de la Unión Europea. El patrón de crecimiento económico basado en la construcción ha resultado una ruina. La reconversión es urgente; será tan
dolorosa como necesaria y por lo tanto requerirá también de amplios acuerdos.

Reforma de las instituciones del Estado. El Tribunal Constitucional ha dilapidado su prestigio como institución vulnerable a todas las conspiraciones políticas. El Poder Judicial se ha convertido en un campo de batallas gremiales, políticas e ideológicas... y Garzón amenaza con desembarcar en la política otra vez.

La calidad democrática. Los múltiples casos de corrupción política que afectan a prácticamente todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno han puesto de manifiesto la opacidad del sistema y la necesidad de reformas para la regeneración de la vida pública.

La representatividad. Los autodenominados indignados sólo se representan a sí mismos, pero su protesta ha generado simpatías en amplios sectores de la opinión pública. Nadie es capaz de defender ya un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas que otorga poderes omnímodos a las oligarquías de los partidos políticos y que suelen ejercer con métodos antidemocráticos. La reforma de la ley electoral va a ser sin duda una de las grandes batallas de la Segunda Transición, con reforma constitucional o sin ella. Rubalcaba, por si acaso, ya se ha erigido en abanderado del sistema alemán.

El conflicto vasco. Existen expectativas sobre la posibilidad de que ETA anuncie su disolución incluso antes de las elecciones. En cualquier caso, la derrota del terrorismo es una evidencia, pero siempre el final definitivo requerirá una gestión política que corresponderá liderar al Gobierno que salga de las urnas el 20 de noviembre y que sólo tendrá éxito si cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición y del nacionalismo vasco mayoritario, incluido Bildu, claro.

El problema catalán. No por  ser citado en último lugar significa que es el menor de los problemas. Nunca antes la independencia de Catalunya había registrado tantos partidarios. De hecho, fue el president de la Generalitat, Artur Mas, quien en su discurso de investidura anunció la Segunda Transición catalana. Las sentencias del Tribunal Constitucional han dejado el Estatut en vía muerta y la crisis ha contribuido a arraigar la concepción del déficit fiscal catalán como un expolio. El Govern de la Generalitat ha situado el listón en el concierto económico. Y simultáneamente ha habido a una evolución de los partidos mayoritarios favorable a recentralizar el Estado. Todo hace prever un periodo de tensión política, social e institucional.

31-VII-11, J. Barbeta, lavanguardia