dificultat exercici de la lliure competència

Gerardo Laplana, propietari d´una estació de servei a Tamarit de la Llitera, respira satisfet, encara que confesa que esgotat, després d´haver guanyat una batalla judicial al gegant Repsol que l´ha tingut enredat als tribunals dotze anys amb tants d´altres litigis. Y todo para evitar que sus derechos fuesen pisoteados y por mantener a flote su negocio y vivos los puestos de trabajo asociados a la estación de servicio, denominada San Cristóbal.



Gerardo, que ahora tiene 71 años, fue uno de aquellos propietarios de gasolineras -como entonces se llamaban las estaciones de servicio- que en 1987 firmó un acuerdo de venta de su empresa a la petrolera española CAMPSA (luego Repsol), al tiempo que firmaba un contrato de arrendamiento de la instalación para su explotación y se comprometía a comprar el combustible a la operadora, con la que pactarían de mutuo acuerdo los precios de venta al público. Acuerdos similares al que firmó Gerardo Laplana se formalizaron alrededor de 1.400 en toda España.

Todo fue bien hasta que en 1996 se liberalizaron los precios de los combustibles y la petrolífera decidió, unilateralmente, fijar los precios de venta sin tener en cuenta los intereses de su arrendatario, ya que mientras a éste le convenía ser competitivo en los precios -había otras estaciones de servicio cerca- a la petrolera le movía su política de precios. "Los precios que nos imponía Repsol nos arruinaban, porque eran más caros que los de la competencia y cuando pedíamos precios más bajos, la petrolera nos decía que aplicásemos las rebajas sobre nuestra comisión, dejándonos sin márgenes de negocio", explica Gerardo.

Este tamaritense no quiso doblarse a las exigencias del gigante y tras una escalada de escaramuzas y el inicio de los sucesivos litigios, en febrero de 2006, Gerardo vio como Repsol decidía que su estación de servicio vendiese los combustibles más caros de España, tal como denunció el propio empresario públicamente. Veinticuatro meses después, con sentencia judicial firme de por medio, la gasolinera San Cristóbal, de Tamarite de Litera, tiene a gala exhibir en sus postes los combustibles más económicos de la zona, sobre todo en lo referido al gasóleo, el más consumido por el parque móvil español. La resolución del recurso que la petrolera alzó contra la primera sentencia dejó inamovibles los precios el pasado mes de diciembre, de modo que ahora, en plena escalada mundial de los crudos, Gerardo Laplana espera poder resarcirse de las pérdidas acumuladas durante años aprovechando su capacidad para negarse a que se modifiquen los precios en la estación. "Es difícil recuperar el nivel de ventas, aunque los precios estén más baratos que en el entorno, porque en estos meses en que los combustibles han estado al máximo nivel de precios hemos perdido hasta el ochenta por ciento del negocio", señala el empresario tamaritense.

El asunto no es cualquier cosa, porque en el caso de Gerardo Laplana se ha resuelto en los tribunales españoles por su propia iniciativa y prurito personal, pero en muchos otros casos la protesta por el trato al que se sienten sometidos estos profesionales está en manos de los tribunales de la Comunidad Europea. "Me han amargado la jubilación, pero estoy contento porque he visto que trabajando y luchando se consigue lo que se quiere", manifiesta Gerardo, que confía en haber librado la última batalla judicial con la petrolera, porque, añade, "¿qué más me puede hacer?, si me ha desabastecido, me ha cortado el suministro, me ha subido los precios… Prácticamente, ya lo he padecido todo".

24-III-8, C. Silván, heraldo