Amazònia: no és el progrés, és una -criminal- estupidesa

De poco están sirviendo las advertencias de expertos y ecologistas. La Amazonia avanza hacia el desastre. No hay manera de detener la deforestación de selvas, ríos y zonas minerales. Madereros, carboneros y latifundistas quieren más leña y cultivos, y su inmenso poder –encarnado en el PMDB, aliado de Dilma Rousseff en el Gobierno brasileño– ha aligerado las exigencias del Código Forestal, que reduce los límites del espacio protegido. Hace tiempo que indígenas y ambientalistas reclaman a Rousseff que detenga esta espiral: en febrero, le entregaron medio millón de firmas. No protestan en vano. Rousseff les escucha e incluso ha anunciado que vetará la ley que amnistía a los hacendados que devastaron la Amazonia en las últimas décadas. Sin embargo, sus avances son lentos. Este año, ya han muerto siete defensores de este espacio. Y el nuevo código, de entrar en vigor, permitiría que se arrasara una superficie equivalente a catorce veces Catalunya.

"Brasil se despertó hoy con la noticia del asesinato de un defensor de la Amazonia y se acostó con la noticia de que nuestros diputados aprueban el asesinato de la selva”. Así de duro se mostraba el martes Paulo Adário, director de la campaña de Amazonia de Greenpeace, después de que el Congreso brasileño aprobase el nuevo Código Forestal. No era para menos: el día había arrancado con la muerte de Zé Claudio, un líder ambientalista del Estado de Pará, y de su mujer, María do Espírito Santo. Y había concluido con el apoyo masivo del Congreso –410 votos a favor y 63 en contra– a un código forestal que ofrece una amnistía parcial a los deforestadores y reduce drásticamente el porcentaje obligatorio de selva en propiedades privadas.


             Zé Claudio & María do Espírito Santo

El asesinato de Zé Claudio, considerado por algunos como el sucesor del mítico líder Chico Mendes, fue la crónica de una muerte anunciada. Zé Claudio vivía en el Asentamiento Agroextractivista Praia Alta Piranheira, en el sudoeste del Estado de Pará, en armonía con la selva. Zé Claudio no cortaba los troncos de las castanheiras, tan codiciados por los madereros. Apenas extraía sus frutos. Vivía de la tierra, cultivando sosteniblemente.

Su nombre aparecía en la lista de amenazados de muerte elaborada por la Comisión Pastoral da Terra (CPT) fundada por Pere Casaldáliga –125 personas marcadas para morir, sobre todo en la Amazonia–. Fue exterminado con varios tiros de escopeta en la cabeza. Su mujer, Dona Maria do Espírito Santo, también falleció. Los sicarios les arrancaron las orejas. Una prueba de que el crimen fue encargado por alguien.

Felipe Milanez –periodista, abogado y ambientalista– muestra su indignación. Con el Código Forestal. Y con el asesinato. “Ellos no querían que su tierra se convirtiese en pasto. Y el código apunta para ese lado, incentivando la deforestación. Una terrible paradoja de Brasil, donde reina la impunidad”, afirma.

Milanez, que visitó el asentamiento de Zé Claudio, recuerda emocionado a la pareja asesinada en un texto para Terra Magazine: “Dona María habla de amenazas. Intimidaciones. Recados. Angustias. Los madereros quieren cortar las castanheiras. Los carboneros quieren hacer carbón. Los hacendados quieren pasto”. En octubre de 2010, la pareja ya estaba cercada por la muerte. No son los únicos asesinatos. En 2010, hubo 34, según la CPT. Una cifra que va al alza. En el 2009 murieron 26 personas. En el 2011, de momento, van siete. Cuatro en la última semana.

El Código Forestal ha desatado las alarmas de los ambientalistas y de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, para quien “es una vergüenza para el país”. La principal polémica está en una enmienda que amnistía las multas de quienes deforestaron áreas protegidas hasta el 2008. Pero hay muchas más. El código reduce el porcentaje de selva obligatorio en propiedades privadas del 80% el 50%. Y disminuye la franja de protección de los márgenes de los ríos de 30 a 15metros a cada lado. Además, flexibilizando
la protección de manantiales, el código facilita la llegada de la agricultura a la Amazonia. Aldo Rabelo , diputado del Partido Comunista de Brasil, aliado del Gobierno y responsable del código, afirmó sin tapujos lo que para muchos es un escándalo: “Vamos a regularizar el 90% de las propiedades rurales que estaban en situación ilegal”.

Dirceu Fumagalli, de la coordinación nacional de la CPT, afirma a La Vanguardia que el código busca “el avance del capital sobre la selva, ríos y zonas de minerales”. El denominado agronegocio cerca a la selva. La soja del sur de la jungla ya sale hacia Europa a través del puerto de Santarém, en el río Amazonas. Las exportaciones brasileñas de productos agrícolas baten récords. Y el ganado avanza imparable.

El líder rural Cesar Batista denuncia lo que considera la gran contradicción de Brasil: “Aunque el país posee áreas cultivables, el agronegocio pretende reducir la selva y aumentar el área para cultivo y ganado. El código implicará un avance sobre la vegetación”. Y nadie como Cesar Batista, hermano del diputado João Batista, asesinado en 1989 en el Estado de Pará, para hablar de deforestación y violencia. Cesar huyó del estado de Pará, amenazado de muerte. “Aparte de mi hermano, perdí a casi diez amigos: todos asesinados por el latifundio. En Brasil hay regiones donde la única ley es la del 38 (del revólver)”. En su opinión, el código disparará la violencia. El número de conflictos en el campo en el 2010 ascendió a 1.186. Benedito Jonás, vicepresidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipixuna (cerca de donde murió Zé Claudio), argumenta que no hay necesidad de aumentar el área cultivada: “Necesitamos tecnología, financiación y apoyo de los gobiernos”.

¿Qué pasará con la Amazonia si el Senado aprueba el código? Los ambientalistas auguran una catástrofe. Los datos parecen darles la razón. En abril, la deforestación en la Amazonia aumentó un
570%, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). “Hay una carrera de deforestación
incentivada por las modificaciones del Código Forestal”, dice Paulo Adário, de Greenpeace. El diario Estado de São Paulo pidió a Gerd Sparovek, profesor de la prestigiosa Universidade de São Paulo, que calculase la superficie que podría ser deforestada legalmente si el código entrase en vigor. El resultado habla por sí solo: 220.000 kilómetros cuadrados. Casi la mitad de la superficie de España, catorce veces la superficie de Catalunya.

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, insinuó que puede llegar a vetar la aprobación del Código Forestal. Para compensar que el Partido Verde rompió con el Partido de los Trabajadores (PT) hace años, Rouseff prometió desplegar más sensibilidad ambiental durante la pasada campaña electoral. Un Código Forestal razonable fue una de sus promesas. Sin embargo, la denominada bancada ruralista, formada por
diputados con intereses en la agricultura que poseen millones de hectáreas, ha dinamitado el debate. La bancada ruralista está compuesta, principalmente, por diputados del derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). Y el PMDB, aparte de gobernar el principal estado agrícola, Mato Grosso, es el gran aliado de Dilma a nivel nacional. Llama la atención que la mayoría de diputados del PT también había votado a favor del código. Sin embargo, Rousseff se guarda debajo de la manga una carta importante: el PT, por primera vez, gracias a la insistencia de Lula, es fuerte en el Senado. Rousseff está convenciendo a los senadores del PT para que no ratifiquen el código. Además, en el Senado, verdes y otros partidos izquierdistas que crecieron mucho en las anteriores elecciones también votarán en contra.

5-VI-11, B. Gutiérrez, lavanguardia