Luis Suñer fue un empresario valenciano, propietario de Avidesa, que en 1980 resultó ser quien más dinero pagó al fisco, tras hacerse públicas las listas de los principales contribuyentes durante el Gobierno de UCD. Cuando le preguntaron a Suñer si se consideraba el hombre más rico de España, el industrial respondió que no tenía claro que fuera el más rico pero sí el más tonto. Han paso treinta años y, aunque la conciencia fiscal de los ciudadanos ha cambiado, todavía existe cierta comprensión hacia quienes contratan irregularmente o realizan servicios sin factura, lo que constituye una manera de considerar que quienes cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales son, si no tontos, al menos unos ingenuos.
En España, la economía sumergida se acerca al 20% del PIB, mueve casi 250.000 millones de euros y genera cuatro millones de empleos. Hace medio año, el entonces ministro de Trabajo Celestino Corbacho mostró su preocupación por el peso del empleo irregular y aportó cifras preocupantes que fueron rebatidas por la vicepresidenta económica, Elena Salgado, que le respondió que sus datos no tenían base científica.
Ahora que el Gobierno no sabe como cuadrar sus números, ha decidido establecer un plan de afloramiento del empleo ilegal, dando a la patronal y a los sindicatos un segundo borrador para incentivar a los empresarios a regularizar el empleo no declarado y para estimular a los trabajadores a ser más exigentes con quienes realizan servicios sin factura. El Ejecutivo ha dejado de mirar al otro lado (es posible que en las últimas semanas la ministra Salgado ya disponga de datos científicos) y ha dado a las partes hasta pasado mañana para consensuar un documento para abordar esta estafa a la sociedad, que tiene efectos directos sobre la equidad, la eficiencia y la competencia.
Lo sorprendente del caso es que ni la patronal ni los sindicatos parecen tener demasiado interés en hacer aflorar la economía sumergida, de acuerdo con su disquisiciones bizantinas sobre si el empleo irregular es una cuestión de costes o de fraudes. En el fondo, aceptan la situación como un mal menor, que al menos rebaja tensiones sociales. Sin embargo, los porcentajes actuales de la economía sumergida no son soportables: sólo Portugal, Italia y Grecia superan a España en este capítulo. Nuestro país estaría seis puntos por encima de la media de la OCDE.
Hace unos años se contaba en las escuelas de negocios que la región de Nápoles era donde se fabricaba el 80% de los guantes pero no había ni una sola industria censada a la que dirigirse. El Gobierno tiene un plan B para el dinero en B. Está obligado para que no continúe el escarnio con quienes cumplen sus obligaciones fiscales. Aquí no fabricamos guantes, pero hemos aprendido con ellos a hacer juegos de manos con las facturas.
25-IV-11, Màrius Carol, lavanguardia