počtic activisme cívic, civil, polític

México perdió el miedo y se movilizó contra la violencia. En un país azotado por el crecimiento explosivo de las organizaciones criminales los ciudadanos no suelen manifestarse. Prefieren quedarse en casa. Pero ayer miles de ellos salieron a las calles. En más de 30 ciudades del país y en otra decena alrededor del mundo, entre ellas Barcelona, Nueva York, París y Buenos Aires.



¿Por qué? Acudían al llamado de Javier Sicilia, el escritor y periodista mexicano que el 28 de marzo perdió a su hijo Juan Francisco, de 24 años, asesinado en circunstancias no esclarecidas junto a otros seis jóvenes, en la localidad de Temixco, vecina a Cuernavaca. Los cadáveres de las víctimas, hallados en un vehículo estacionado junto a la autopista México-Acapulco, estaban atados de pies y manos y presentaban evidentes signos de tortura.

La amplitud de la convocatoria respondió, sin duda, a la proyección pública de Sicilia, premio nacional de poesía y ciudadano activo en su comunidad, pero también a la contundencia de su reacción. Anunció que nunca más volvería a escribir poesía y, tras dedicar unos últimos versos a su hijo, se puso a la tarea de organizar la protesta. "Estamos hasta la madre de ustedes, políticos (...), porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido de la nación (...) y han sido incapaces de crear los consensos que el país necesita para encontrar la unidad" y poner fin a la violencia, dijo el también ensayista y guionista en una carta pública.

Las autoridades del estado de Morelos, cuya capital es Cuernavaca, reaccionaron con una inusitada rapidez. Ayer, la fiscalía hizo saber al abogado de la familia que ya tiene "los nombres y apellidos de las personas que intervinieron en este cobarde crimen".

Por su parte, Javier Sicilia, que antes de participar en la movilización se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con el presidente, Felipe Calderón, exigió que se haga justicia "sin chivos expiatorios ni imbecilidades" y precisó que la protesta representa "una exigencia a las autoridades y a todos los actores, incluyendo las mafias, de párenle mano.Vamos a sentarnos a pensar el país y no a administrar la desgracia".

Pero los ánimos, ya encendidos, se caldearon todavía más poco antes del inicio de las marchas con unas inoportunas declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Desde Cancún, donde participaba en la Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, declaró que la violencia en México "comenzará a experimentar una tendencia a la baja en unos siete años" y que los efectivos del ejército que participan en la lucha contra las mafias de la droga no abandonarán las calles antes "de tres años, cuando los estados y municipios tengas policías suficientes y capacitadas".

El papel del ejército mexicano en la guerra contra el narco está estos días en el centro del debate. Instituciones y personalidades denuncian la intervención de militares en casos de violaciones graves de los derechos humanos. El escritor y ensayista Héctor Aguilar Camín exigió una explicación de las más altas esferas "del gobierno y las Fuerzas Armadas" acerca de las informaciones que involucran a militares o ex militares en los asesinatos de Temixco.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos cifró en 5.397 el número de personas reportadas como desaparecidas en el país desde que Calderón declaró la guerra al crimen organizado en diciembre del 2006. Desde entonces, ha desplegado en el país unos 50.000 efectivos, principalmente del ejército. Según un estudio de Naciones Unidas, elementos de las fuerzas de seguridad mexicanas estarían involucrados en un número indeterminado de estas desapariciones. El informe fue hecho público apenas días después de que el grupo de trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias solicitara al Gobierno mexicano que considere "en el corto plazo" la retirada de las fuerzas militares de las operaciones antinarco. Los enviados de Naciones Unidas precisaron que basaban su petición en un amplio número denuncias que implican a elementos castrenses. Desde el 2006, el combate de los cárteles de la droga ha causado más de 34.000 muertes.

7-IV-11, E. Sabartés, lavanguardia