sense Pressupost, no hi ha Servei Públic

Si entre hoy y mañana demócratas y republicanos no alcanzan un acuerdo sobre el presupuesto para el resto del año fiscal 2011, que acaba el 30 de septiembre, hasta 800.000 empleados federales deberán quedarse en casa a partir de la semana próxima.

Sin una nueva financiación, la administración federal carecerá de fondos para funcionar y se verá obliga a un cierre parcial. El último, que duró 21 días, tuvo lugar entre diciembre de 1995 y enero de 1996, cuando la mayoría republicana en el Congreso echó un pulso al presidente demócrata Bill Clinton por el presupuesto.



El pulso enfrenta ahora a los republicanos, mayoritarios desde enero en la Cámara de Representantes, y a los demócratas del presidente Barack Obama, mayoritarios en el Senado. El ala más conservadora de la oposición, alentada por el movimiento populista Tea Party, exige un recorte de 60.000 millones de dólares en el gasto. La Casa Blanca no está dispuesta a ir más allá de los 33.000 millones de dólares.

La Oficina de Gestión de Personal del Gobierno federal ya ha enviado un documento a los funcionarios con instrucciones por si el viernes la administración se queda sin dinero para mantener sus operaciones. El documento especifica que a partir del lunes, y con excepciones, los empleados federales deberán quedarse en sus casas, no cobrarán por los días trabajados hasta que lo decida el Congreso, y tendrán prohibido trabajar voluntariamente.

Hay confusión sobre quién podrá trabajar y quién no. Algunos no lo sabrán hasta que el lunes acudan a su puesto. Pero es probable que los parques naturales, zoos y museos públicos de Washington cierren, que el departamento de Hacienda paralice las devoluciones, y que durante el periodo de cierre federal los parados dejen de recibir los subsidios que les correspondan. Gran parte de las páginas web federales cerrarán, según dijo un alto funcionario de la Administración Obama en una conferencia telefónica. Los tribunales federales tienen dinero para abrir durante diez o quince días más, y el hospital del Instituto Nacional de Salud en Maryland no aceptará más pacientes.

La parálisis no sería absoluta. Funcionarios considerados imprescindibles quedarían exentos, lo que puede ocasionar problemas de ego: algunos que se creen imprescindibles descubrirán que no lo son. Las fuerzas armadas, el departamento de seguridad interior y el servicio postal seguirán abiertos. La Casa Blanca también, aunque funcionará a medio gas, con menos empleados.

Obama, que ha alertado sobre los efectos económicos del cierre administrativo, se reunió anoche con los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes. Republicanos y demócratas calculan los costes del eventual fracaso de la negociación.

¿A quién culparán los ciudadanos? ¿Al presidente por negarse a aceptar recortes más drásticos? ¿O a los republicanos yal Tea Party por excederse en sus reivindicaciones?

"Los demócratas creen que se beneficiarán de un cierre gubernamental. Estoy de acuerdo", dijo el martes a su grupo parlamentario el republicano John Boehner, presidente de la Cámara. Para el Tea Party, que cuenta con decenas de congresistas republicanos, cualquier concesión es una traición, y la administración federal simboliza todo lo que va mal en EE. UU. Para algunos el cierre sería una victoria contra las oscuras fuerzas del Estado.

Si la historia sirve de guía, en 1996 Bill Clinton emergió como el vencedor. En noviembre de 1995, 800.000 empleados federales se quedaron en sus casas. Volvieron a trabajar, pero al mes siguiente el Gobierno cerró de nuevo y durante tres semanas 284.000 no trabajaron. El coste fue de 1.400 millones de dólares.

Clinton, que como Obama en 2010 sufrió una derrota electoral en las legislativas de 1994, se impuso sin problemas en las presidenciales de 1996. Entonces los votantes culparon a la oposición por su intransigencia. Está por ver qué sucederá ahora.

La batalla es ideológica: los partidarios de preservar un papel para el Estado en la economía contra los partidarios de recortarlo al máximo. Y definirá las elecciones presidenciales de 2012, en las que el presidente Barack Obama aspira a la reelección.

A corto plazo, esta misma semana, la batalla afecta el presupuesto para el resto del año fiscal 2011, que debería haberse aprobado el año pasado pero se ha aplazado repetidamente con medidas provisionales.

Los republicanos, que en noviembre se impusieron en las legislativas con un mensaje antiestado, quieren demostrar que cumplen con lo prometido. De ahí la insistencia en condicionar el presupuesto de 2011 a un recorte inmediato del gasto.

A esta negociación, que de no resolverse llevará a un cierre parcial de las oficinas federales, se superpone un debate de más largo alcance sobre las opciones políticas y económicas en EE. UU. durante la próxima década.

El martes, el congresista de Wisconsin Paul Ryan, figura emergente del Partido Republicano, presentó la propuesta de la oposición para el presupuesto de 2012. El plan incluye un recorte drástico del gasto en ámbitos como la sanidad pública para los mayores de 65 años - un tótem del Estado del bienestar que nadie se había atrevido a tocar-y una rebaja al 25% del tipo impositivo más alto para empresas y particulares.

"No es un presupuesto. Es una causa", proclamó Ryan, una de las mentes más brillantes de la derecha, y firme partidario de la polarización ideológica y las ideas fuertes más que de un consenso blando que acabe preservando el statu quo.

El problema es un déficit descontrolado que lastra la economía estadounidense. Según los más apocalípticos, también amenaza la hegemonía mundial de la superpotencia.

La solución de Ryan consiste, en síntesis, en recortar prestaciones y bajar impuestos. Sólo así, sostiene el congresista de Wisconsin, se relanzará la economía, se reducirá el déficit y aumentará la tasa de empleo, por debajo del 4% en 2015 (ahora roza el 9%).

La propuesta republicana "da a entender que el gobierno debería dejar de ser un proveedor de servicios y, en vez de esto, convertirse en una entidad limitada que recauda impuestos y los transfiere a los gobiernos de los estados y a las empresas privadas para que los administren", resume The Wall Street Journal.

El plan de la Casa Blanca mezcla recortes mínimos con inversiones y subidas de impuestos para los más ricos.

Será difícil que la propuesta republicana prospere. El presupuesto de 2012 será fruto del consenso con los demócratas, que utilizarán los elementos más impopulares del plan Ryan - como los cambios en el sistema sanitario-en la campaña de 2012.

7-IV-11, M. Bassets, lavanguardia