Un estudio sociológico de la Oficina Antifrau de la Generalitat de Catalunya encargado al Centre d´Estudis d´Opinió (CEO) revela que los catalanes suspenden severamente a los políticos por lo que creen su falta de honestidad frente a la corrupción y culpan a los partidos políticos de financiarse ilegalmente. Hasta el 85% de los 2.000 encuestados afirma que la corrupción está muy o notablemente extendida entre los partidos, un fenómeno que más de la mitad cree que ha aumentado en los últimos años y que un 78,8% considera muy grave.
Aunque a nadie debe sorprender la percepción que los ciudadanos tienen de la corrupción política, es cierto que preocupa el alto porcentaje que asegura que los políticos no están para servir a los ciudadanos, sino para servirse de la política. Más del 64% responde que los motivos por lo que una persona se decide a entrar en política son básicamente el poder y la influencia que se obtienen en el ejercicio del cargo (42,9%) o simplemente para enriquecerse (21,7%). Más de dos terceras partes, el 67,8%, consideran que los políticos no actúan con honestidad, frente al 27,2%, que considera que sí lo son mucho o bastante, mientras que el 52,7% de los encuestados están convencidos de que las formaciones políticas se financian de manera ilegal, siempre o casi siempre, frente al 38,2%, que asegura que no lo hacen nunca o casi nunca.
Más del 71% de los encuestados considera que las administraciones públicas no son transparentes en su gestión y que los organismos administrativos de la Generalitat no cumplen con los niveles exigibles de transparencia e integridad. Además, casi el 80% afirma que los políticos hacen poco o muy poco para poner fin a la falta de transparencia y a la corrupción. El 85% cree que un político implicado en un asunto de corrupción no debería ser apartado de sus funciones hasta que se resuelva el caso. Contra la experiencia en casos similares habidos en España, sólo un 4,9% votaría a un partido incurso en un caso de corrupción, mientras que el 40,3 dice que votaría a partidos no afectados, y el 53,8% no iría a votar o lo haría en blanco. Tampoco los medios salen bien parados de esta encuesta, ya que sólo el 30% tiene la percepción de que ofrecen informaciones objetivas, mientras que el resto cree que no.
La corrupción es el cáncer de la democracia y la lucha contra el fenómeno debe ser asumida hasta el fondo. Para ello, debe reformarse la financiación de los partidos y la ley electoral de forma que los políticos honestos, que los hay, dispongan de los medios suficientes para hacer frente a esta lacra.
10-XII-10, lavanguardia