Max Weber, que además de filósofo era un estudioso de la administración pública, se lo veía venir hace más de un siglo. Se empieza profesionalizando la política para que sea cosa de unos pocos, pero se corre la tentación de tejer una red clientelar de amigos y conocidos. Weber intentó advertir de los excesos de las burocracias, pero los políticos fueron más rápido dando cargos e incorporando colaboradores que el pensador reflexionando sobre ello.
En estas elecciones, los candidatos han convertido la austeridad en propuesta, como si fuera el mandamiento que resume todos los otros. Tiene su lógica: cuando la caja está vacía, sólo se pueden prometer iniciativas (desde rebajas de impuestos hasta obras públicas) si se recortan gastos. Y entre estos dispendios figura la reducción del número de empleados públicos. No son de temer despidos masivos como ha anunciado David Cameron en el Reino Unido, pero resulta evidente que, gane quien gane, deberá acabar con las alegrías de los asesores que poco asesoran, de los informes que de nada informan y, sobre todo, recortar funcionarios que no funcionan. En el punto de mira están embajadas, memoriales y entes varios.
Escribía esta semana Jordi Barbeta que, de los 86.000 nuevos empleados de la Generalitat de los años del tripartito, sólo 35.000 son mossos, maestros o sanitarios. Y que el aumento del gasto corriente ha sido superior a la nueva financiación de la que tanto alardeó el Govern en su día. La sensación de que la política es una oficina de colocación y de que los partidos actúan como un Inem hecho a medida de sus militantes escandaliza a los ciudadanos. La nómina de empleados de la Generalitat no puede estar a expensas de los cambios políticos. Como tampoco puede ser que un alto cargo caído en desgracia intente ser incorporado poco después como funcionario, como estuvo a punto de ocurrir en el Departament d´Interior.
Se diría que nos amenaza la privatización de la política, la consideración de la cosa pública como un coto cerrado para consumo de las propias organizaciones. Pero ese temor sólo crea desafección y alejamiento de los electores hacia sus elegibles. Una de las pocas cosas positivas de los tiempos de dificultades como los actuales es que los ciudadanos no están dispuestos a seguir asistiendo impávidos al espectáculo del reparto de la comedora. El ajuste exige rigor en las cuentas y en las personas. Catalunya debe de ser el único país del mundo donde conviven seis administraciones (contando las veguerías). Eso es caro e ineficiente.
Políticos, canteranos y parlamentarios se agarran a sus cargos con uñas y dientes como si estuvieran convencidos de que no hay vida fuera del partido que asegura su sustento. Están tan preocupados por su supervivencia, que no se dan cuenta de que contribuyen a la anorexia de la democrática.
19-XI-10, Màrius Carol, lavanguardia