Barcelona quizá no sea el país de las maravillas loado de forma machacona por la propaganda institucional del Ayuntamiento, ni esa capital planetaria en la que creemos vivir cuando, por ejemplo, ingenuamente, esperamos en vano que la visita de Benedicto a la Sagrada Família merezca honores de portada en los medios de comunicación del mundo entero. La realidad es que, para gran parte de la prensa internacional, lo más remarcable del acontecimiento del pasado domingo fueron las efusivas y exhibicionistas demostraciones de amor protagonizadas ante la catedral por cuatro activistas -mal contados- de los derechos de los homosexuales. La anécdota elevada a la categoría de noticia.
Barcelona tampoco es, sin embargo, el desastre generalizado, la ciudad de los horrores en la que nada funciona, descrita a menudo en algunos discursos de la oposición política y en la crítica sin matices de una parte no menor de la ciudadanía y de los medios de comunicación. En este sentido, justo es reconocer las cosas que aquí se hacen bien o, como mínimo, mejor que en otras muchas ciudades en las que la exigencia vecinal y el compromiso de las autoridades municipales parecen más relajados.
El anterior comentario viene a cuento de la designación de Barcelona como una de las finalistas al galardón de ciudad accesible que concederá la Comisión Europea el próximo 2 de diciembre. La capital catalana junto a Colonia son las únicas grandes ciudades que optan a esta distinción, a la que también aspiran Ávilay Turku (Finlandia).
Por poco que el lector haya viajado desprovisto de prejuicios, habrá observado que Barcelona, en materia de accesibilidad, resiste con éxito la comparación con las grandes capitales europeas. Desplazarse por Madrid en metro o hacerlo por las calles de Londres o París puede convertirse en una tarea imposible para las personas con movilidad reducida.
Barcelona tampoco fue diseñada pensando en quienes padecen algún tipo de merma en sus capacidades motoras, y, aunque sigue presentando déficits importantes al respecto - algunos difícilmente subsanables-,nadie podrá negar el esfuerzo realizado en los últimos años para mejorar las condiciones de vida de su gente en el espacio y el transporte públicos. Algunos datos avalan ese esfuerzo: un 97,5% de las calles con aceras accesibles, la totalidad de los autobuses y tranvías, el 85% de la red de metro, más de un centenar de kilómetros de calles de plataforma única, una decena de áreas de juegos infantiles adaptadas, la próxima implantación del sistema de teleasistencia para personas con discapacidades auditivas y visuales... En este ámbito, me atrevería a afirmar que los poderes públicos han ido claramente por delante de la iniciativa privada, que todavía hoy se muestra cicatera e insensible a las necesidades de miles de personas.
14-XI-10, Ramon Suñé, lavanguardia