En Ciutat Vella se ha descubierto el chiringuito de un grupo de políticos y funcionarios que aplicaba un estilo mafioso y que se beneficiaba de la sordera, esperemos que involuntaria, de sus superiores en el partido. Lo que ha aparecido bajo la manta de este tinglado huele muy mal por la naturaleza de la corruptela, por el tiempo que ha durado y por las más que posibles extensiones a otros distritos de Barcelona. ¿Hasta qué nivel llegaba la cobertura política de estos presuntos chorizos? ¿Por qué no se actuó con más contundencia cuando se tuvo las primeras sospechas de corruptela de uno de los principales implicados y sólo se optó por cambiarlo de destino?
Más allá de esta trama, el caso Ciutat Vella ha aflorado el caduco sistema de funcionamiento político de los distritos de Barcelona. A diferencia de los 41 concejales del pleno del Ayuntamiento de la capital, los 188 consejeros que hay en los 10 distritos de la ciudad no son cargos electos sino que han llegado al escaño por designación a dedo de los grupos políticos a los que representan. Cada partido tiene derecho a un número de consellers en función de los votos obtenidos en las elecciones. Por ejemplo, en Ciutat Vella hay 17 consejeros nombrados dedocráticamente que tienen como principal mérito la simpatía o afiliación al partido que los designa.
Hasta hace año y medio, estos consellers no cobraban sueldo alguno por su cometido político y sólo percibían dietas que sumaban en total 450.000 euros anuales. Desde enero del 2009, todos cobran un salario público. De los 188 consellers,hay 10 (uno por distrito) que cobran 36.000 euros brutos anuales por "dedicación exclusiva". Estos diez consejeros pertenecen a los partidos del gobierno (PSC e ICV). 49 consellers cobran 18.000 euros brutos anuales por la "dedicación plena", y los 129 restantes perciben 12.000 euros brutos anuales por la "dedicación ordinaria". La factura de este régimen salarial sube a casi tres millones de euros, seis veces más que el sistema anterior. No hace falta saber latín para ver que esta manera de funcionar es muy tentadora para los amiguismos por la discrecionalidad y la opacidad de los nombramientos y porque generan las llamadas menjadores (comederos) de los partidos. No en vano, el nuevo régimen salarial se aprobó con los votos de todos los grupos, excepto ERC, que se opuso.
La Carta Municipal de Barcelona, la ley especial de la ciudad que costó más de dos décadas aprobar, prevé cambiar este anacrónico sistema por el de la elección directa de los consellers por sufragio universal. Esta fórmula más democrática no se ha aplicado porque antes hay que modificar la ley electoral estatal. Así que tenemos dedocracia para rato. Con todo esto no quiero decir que todos los consejeros de distrito sean sospechosos, sino que no sólo se deben a sus partidos y a su propia conciencia.
11-X-10, Enric Sierra, lavanguardia