La presente crisis ha puesto al descubierto el contraste sector público-sector privado en España. El privado respondió rápidamente en dos ámbitos: 1) el operativo, con austeridad extrema, reducción de precios, aumento de productividad, esfuerzo exportador, ajustes de capacidad y todo para reducir costes o innovar y compensar la caída de ventas; y 2) en el estratégico, redoblando esfuerzos al sopesar las decisiones, de inversión, de endeudamiento a largo plazo, de aliarse con un competidor o de abordar nuevos mercados. El ajetreo lleva ya cerca de tres años y ha curtido a las empresas que han conseguido resistir y, como dice el tópico, estarán mejor preparadas cuando acabe la crisis.
En el sector público, no se han encendido las alarmas hasta la primavera del 2010 y han obligado a aplicar cura de caballo en gastos operativos (sueldos de funcionarios incluidos) y en inversiones. La suma de política keynesiana y de política pura y dura disparó el gasto del Estado cuando sus ingresos disminuían y aumentó el déficit público sin otra salvaguardia que un nivel de deuda bajo. La fiesta se acabó de golpe por imperativo de la comunidad internacional, que pensó que si España quería fiesta podía tenerla, a condición de no perjudicar la estabilidad monetaria del conjunto, como ya había hecho Grecia.
A la comunidad internacional no le importa cómo se reconduce el déficit público. A Catalunya, sí, y doblemente. En primer lugar, se pide que se revise de una vez el modelo de gasto que ha llevado hasta aquí: el de los 400 euros, el cheque bebé, el PER, el AVE para coser España con Madrid aunque sea con pocos viajeros, el de las autovías vacías, el del desgobierno inmigratorio, el de la burbuja inmobiliaria, el de los ministerios innecesarios, el de la sobreprotección, el aumento de plantillas en plena crisis... En segundo lugar, si hay alguien capaz de diseñar un nuevo modelo, que tenga en cuenta cómo se va a financiar. Clama al cielo que, sin solución de continuidad, existan tres categorías de españoles: los que se lo quedan todo, los que siempre cobran y los que siempre pagan.
El lector sabe dónde se ubica Catalunya, ahora con el añadido de que pequeños mecanismos correctores del Estatut (porcentaje de inversión respecto al PIB, principio de ordinalidad) han sido liquidados por un tribunal, o sea que a seguir pagando. Se comprende pues que muchos catalanes piensen que tal vez llegó la hora de aplicar aquel principio lógico que encaja con su idiosincrasia tacaña y calculadora: quien quiera fiesta, que se la pague.
22-VIII-10, Modest Guinjoan, Barcelona Economia y UPF, lavanguardia