Coincido con Montilla, de acuerdo en que este Tribunal Constitucional carece de legitimidad para resolver nada, ni el Estatut ni nada. Y discrepo de Rajoy: ni renovándolo creo yo que el TC pudiera alcanzar cotas más bajas de desprestigio y falta de credibilidad. No con el actual sistema de nombramientos. Pero, coincido con Rajoy: no entiendo que alguien tan inteligente como Montilla crea que cuela que el PP es el culpable de la no renovación. Que en el TC rijan las cuotas partidarias es opinable, amí ya he dicho que me parece muy mal. Pero la realidad no es negociable. Y la realidad es que el TC funciona por cuotas porque así lo acordaron el PSOE y el PP en el Congreso. Discrepo de Montilla: quien ahora bloquea su renovación es Zapatero, no Rajoy.
Al presidente de la Generalitat seguramente le vendría mejor electoralmente que fuera al revés, pero es al derecho; lo que Rajoy le dijo el domingo por teléfono va a misa: no es al PP ni a su líder a quien debe exigirle la renovación del Constitucional, sino a Zapatero y al PSOE. Fue Zapatero el que en el verano del 2008 cambió la ley sin contar con el PP para prorrogar el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, y quien después vetó los nombres que el PP propuso en su cuota del Senado para renovar a los cuatro magistrados que ya habían cumplido su mandato. No Rajoy.
Hay una segunda parte, la acusación de que la culpa de todo este lío es también del PP por recurrir el Estatut ante el Tribunal Constitucional. "No olvidemos que es el PP el que ha recurrido el Estatut", oigo decir al ministro de Fomento, José Blanco. ¿Pero en qué país vivimos, que hasta los políticos más inteligentes hacen trampas en el solitario? Todos estamos obligados a respetar la Constitución, los representantes de los poderes constitucionales más que los demás. Montilla no puede ignorar que quien no ha cumplido su parte del trato en la renovación del TC es Zapatero, ni Blanco puede ignorar que recurrir las leyes que consideren inconstitucionales es un derecho y una obligación de la oposición... y del Gobierno. De los dos. Aunque la realidad, lo sabemos, sea que no es el respeto a la ley lo que los mueve, sino el cálculo electoral. A los dos.
20-IV-10, Consuelo Sánchez-Vicente, lavanguardia