La naturaleza humana es corruptible, ya lo sabemos. Pero que la corrupción varíe entre países es cosa de factores institucionales, culturales y morales.
Los 20 países menos corruptos en el 2008 -según Transparency International- están entre los 28 con mayor renta. Los 20 más corruptos están casi invariablemente entre los más pobres del planeta. Pero la economía y la riqueza no lo explican todo. En Italia el nivel de corrupción casi triplica su nivel de renta, que ocupa el número 21 en el ranking mundial. Y Venezuela, número 54 en renta, ocupa el lugar 158 en corrupción.
Inversamente, Uruguay y Chile están entre los 23 países menos corruptos con niveles de renta próximos al de Argentina, que ocupa el puesto 109 de corrupción. La economía importa, sí, pero importa más el Estado y la moral pública.
Hay corrupción cuando se violan las normas de cooperación que subyacen al contrato social entre ciudadanos. Si yo defraudo a Hacienda defraudo a todos los contribuyentes endosándoles el coste de los bienes públicos que disfruto de balde; si cobro al adjudicar una obra pública elevo artificialmente su coste, yme lleno el bolsillo a costa de mis conciudadanos. Ese contrato cívico que rompo al defraudar sostiene al Estado -al entramado institucional y normativo que regula el espacio público- y es retroalimentado por el Estado.
Pues para que las normas de cooperación se interioricen y estabilicen es necesario que haya control, que los cargos y menesteres más vulnerables a la corrupción, por andar cerca del poder y el dinero, estén bajo control público y rindan cuentas a la sociedad. Y ello exige tanto una ciudadanía activa e informada, como calidad del gobierno y del sistema político. Si observamos el índice de calidad gubernamental del Banco Mundial para el 2008 vemos que Chile y Uruguay superan con creces a Italia, y Argentina -por no hablar de Venezuela- puntúa muy bajo en eficacia gubernamental, calidad reguladora o legalidad. Al violar el contrato cívico, la corrupción atenta contra la solidaridad como principio de organización social, y pone en riesgo la justicia y la integración. Las sociedades más solidarias, por el contrario, conceden menos incentivos y oportunidades a la corrupción. Los ocho países con mayor gasto social - Dinamarca, Suecia, Finlandia, Suiza, Islandia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y Noruega-están entre los diez menos corruptos y sus ciudadanías participan y confían.