En 1984, cuando la mayoría del Parlamento había aprobado la despenalización del aborto pero, a causa de un recurso de Alianza Popular, aún no había entrado en vigor la nueva ley, escribí un reportaje sobre el viaje a Londres - vuelo chárter y forfait-de un grupo de mujeres cuyo denominador común era la clandestinidad y el desconsuelo. No se crean que abundaban las mujeres solteras, había varias madres de familia numerosa con cinco e incluso siete hijos, y tan sólo una viajaba con su marido. Recuerdo, en especial, a una chica de catorce años acompañada por su madre, y las recuerdo porque apenas se miraban, cada una con su dolor a cuestas pero por separado. Dos tipos de pesadumbre distintos, dos clases de vergüenza diferente que a ratos las hacían tiritar. Pero cuando la niña se dormía en el autobús que las trasladaba al hotel, o del hotel a la clínica en el frío amanecer londinense, la madre la arropaba en silencio. Tan sólo conseguí de ella una declaración, y por supuesto protegiendo su anonimato: "Nunca pensé que tuviera que enfrentarme a esto, abortar siempre me pareció un sacrilegio, pero ¿qué quiere?, ¿que anteponga mi fe al futuro de mi hija y le arruine la vida?".
El Tribunal Supremo acreditaba por entonces 300.000 abortos clandestinos en España de aquellas que no podían pagarse un viaje a Londres - un 10% morían en manos de aborteras que utilizaban desde perejil hasta agujas de punto-.Ocho años después de su despenalización, creíamos que en España se había superado este debate con la lógica de que nadie está a favor del aborto, a menudo una experiencia traumática, sino de su regulación. Me pregunto qué ocurriría en nuestros entornos cercanos, en las oficinas, fábricas, supermercados e incluso comedores familiares, si levantaran la mano aquellas mujeres que abortaron voluntariamente. En el 2007, lo hicieron 12 de cada 1.000 españolas que ahora son sometidas a juicio moral cuando sólo desde la propia conciencia o desde las creencias personales se puede afrontar una decisión de tal magnitud. Claro que ha sido un error del Gobierno situar el nudo mediático del nuevo proyecto de ley en la libertad de las menores de 18 años para abortar sin autorización paterna. Nuestro imaginario es incapaz de vislumbrar a una adolescente, a nuestra propia hija, pasando por un trance tan complejo sin compartir su dolor, ni su difícil encrucijada, con sus padres. Estar de acuerdo con esa estampa que dibuja la nueva ley nos remueve las tripas y, sin lugar a dudas, contribuye a desidealizar la familia y los valores supremos del diálogo y la confianza.
El contexto social para llevar este tema a debate es pésimo, pero no es excusa suficiente para posponer las barbaridades que se cometen con la ley actual. Ante la movilización de un buen número de españoles, reconforta que al menos Mayor Oreja haya reconocido que durante ocho años los ministros del PP miraron hacia otra parte sin tocar ni una coma de la ley vigente que permite abortar a las 33 semanas de gestación. Todos los que defendemos la vida tendríamos que reflexionar acerca del verdadero hueso de la cuestión: ¿de qué se trata, de dividir a la sociedad entre provida y promuerte, de hablar de genocidio infantil o de frivolidad feminista? ¿Sería mejor volver a criminalizar a las mujeres y enviarlas de nuevo a Londres? ¿O sería preferible mirar a otro lado, como hicieron Mayor Oreja y el PP, y frenar los abortos de embarazos avanzados, como garantiza la nueva ley de plazos acorde con la legislación europea? Y en cuanto al asunto de las adolescentes, lo deseable sería que contaran con la confianza y el amor suficientes para tratar este tema en familia y recibir su aliento. La otra opción significaría que en muchos casos se verían obligadas a tener un hijo no deseado. ¿Cuántos de nosotros asumiríamos esta responsabilidad?
21-X-09, Joana Bonet, lavanguardia