Tras apreciar los ronquidos de varios vecinos de tumbona, tras sortear diversas deposiciones caninas y tras pagar 2,5 euros por un botellín de agua en un tenderete que no llega a chiringuito, el ciudadano veraneante es encuestado a quemarropa: ¿Está usted de acuerdo con pagar impuestos? Es una pregunta rara, sobre todo si se hace en un país donde el Estado de bienestar todavía huele a nuevo y cualquier alemán con ganas de pasar el rato podría recorrer (sin perderse) la ruta de los fondos europeos, esos que ignoramos cuando vamos de nuevos ricos y decimos que Bruselas nos molesta. Pero la pregunta, finalmente, se concreta y el resultado es tremendo: el 47% de los españolitos está, a fecha de hoy, en contra de pagar impuestos, según el último barómetro fiscal del Instituto de Estudios Fiscales. Claro que, considerando la historia de España, no faltará quien diga que la existencia del 53% de ciudadanos que defienden el deber de contribuir es motivo suficiente para montar un festival.
A ver. En la mayoría de los países más o menos civilizados, donde la gente sabe perfectamente que los bienes y servicios públicos no caen de los árboles, el debate no es sobre pagar o no pagar impuestos, sino sobre cuántos impuestos son necesarios para que las cosas funcionen y, sobre todo, cómo se administran estos y qué prioridades tienen las administraciones a la hora de gastar los recursos que son de todos. Una sociedad donde casi la mitad de la gente no ve claro qué significa ser contribuyente es una sociedad premoderna, aunque circule en AVE y use internet. Así las cosas, tiene poco sentido que aquí se hable de recetas socialdemócratas o liberales, porque tenemos un problema previo muy gordo: el personal no se quiere enterar de cómo funciona el sistema del que forma parte. Tal vez por eso, proliferan las personas que confunden lo público con lo gratuito, y lo gratuito con el capricho de abrir la nevera y coger lo que a uno le dé la gana. Hasta no hace muchos años, estaba bien visto tratar de engañar a Hacienda y hacer ostentación de ello. Ahora, nadie dice nada pero, según la encuesta mencionada, uno de cada tres ciudadanos justifica el fraude fiscal, una opinión que está especialmente extendida entre los jóvenes de entre 18 y 24 años, precisamente la generación que es fruto directo de una sociedad estable y opulenta, con un abanico de prestaciones y servicios nunca visto antes por estos pagos. ¿Se explica algo de todo esto en la asignatura de educación para la ciudadanía?
No seamos indulgentes con nosotros mismos, so pretexto de que llegamos tarde a la democracia y bla, bla, bla. Como sociedad responsable, suspendemos. Acostumbrados a señalar los vicios de nuestra clase política, no reparamos en los vicios colectivos, esos que nos condenan a permanecer en la prehistoria. Esos que ponen súbditos donde debe haber ciudadanos.
22-VIII-09, Francesc-Marc Álvaro, lavanguardia