Un colaborador de este periódico hacía notar, poco tiempo atrás, que España es, a estas alturas, el país de Europa con mayor número de profesores universitarios con relación al tamaño de la población. Cabe añadir que nuestro país se encuentra, en cambio, en las posiciones más bajas del ranking del continente según las cifras de personal al servicio de la administración de justicia respecto del total de habitantes. Alguien debería explicar, tal vez, las razones de una asignación de recursos humanos tan particular.
Sin moverme del mundo universitario, me parece necesario añadir que, en muchos casos, no sobran profesores, sino que faltan. Se da la extraña circunstancia de que, desde hace mucho tiempo, las universidades amplían generosamente las plantillas de docentes de los centros en que no hacen ninguna falta y niegan recursos donde sí son necesarios. En la mayoría de las facultades y escuelas, los estudiantes gozan de verdaderos profesores particulares. En otras, los alumnos son tratados como auténticos borregos amontonados de viaje al matadero.
Quien firma estos párrafos - como la mayoría de sus colegas de las facultades de Economía de todo el país-debe asumir la docencia con cursos que superan el centenar de estudiantes. No vaya a creer el lector que se trata de una excepción. En algunas ocasiones, se llegan a superar los doscientos alumnos por grupo. Para mayor escarnio, muchos profesores de otros centros apenas si cuentan con estudiantes o, directamente, no tienen ninguno. El viejo absentismo del profesorado universitario, contra el que los estudiantes demócratas de los años 1960 y 1970 nos movilizamos masivamente, ha reaparecido bajo los ropajes más variados y las más pintorescas justificaciones.
Las consecuencias de tales abusos son fáciles de imaginar. Es imposible gestionar decentemente grupos de estudiantes del tamaño al que me estoy refiriendo. Más allá de un máximo de 40/ 50 alumnos por grupo, no cabe efectuar un seguimiento individualizado y una evaluación continua. La transformación de los estudios hacia un nuevo sistema, como pretende el plan Bolonia, no ha servido para modificar ni un milímetro la aberrante distribución de los recursos docentes en las universidades públicas. Al revés, el problema se ha ido agudizando en los últimos años.
Para los profesores, la experiencia es atroz: sólo la corrección de una docena de pruebas, ejercicios o trabajos por cada estudiante absorbe todo el tiempo disponible. La posibilidad de comentar los resultados con los alumnos - la base del nuevo sistema de docencia-es nula. La sobrecarga de trabajo implica condiciones laborales intolerables y, por ende, atenta contra la salud de los profesores.
Para los estudiantes y sus familias, se trata de un fraude masivo del que nadie se responsabiliza. Se les engaña con el falaz argumento del alto coste por alumno de la enseñanza universitaria, cuando, en realidad, ellos están subvencionando las condiciones auténticamente suntuarias de profesores y alumnos de otros muchos centros. Esto da la razón a la desconfianza, cuando no al rechazo abierto, de los estudiantes hacia el discurso oficial de las autoridades universitarias sobre el nuevo plan, que entienden como simple hipocresía y mentira.
Todo ello con el agravante de que la distribución de los recursos de profesorado no depende de las autoridades ministeriales o autonómicas, sino de los rectores y los equipos de gobierno. No cabe echarle la culpa a los gobernantes. La autonomía universitaria, por la que luchamos en nuestra juventud, ha acabado convertida en instrumento de toda clase de abusos y corruptelas. ¡Vivir para ver!