El vicepresidente Chaves viajó a Barcelona el martes dispuesto a resolver problemas y anunció algún cambio de criterio del Gobierno español en el reparto de la financiación autonómica favorable a las posiciones de la Generalitat. En lo que no pudo comprometerse Chaves, ni poco ni mucho, fue en que Catalunya pudiera gestionar su aeropuerto principal. Al día siguiente, el vicepresidente viajó a Valencia y allá el presidente Camps le habló también de las urgencias financieras, pero puso mayor énfasis en las infraestructuras, con especial referencia al eje ferroviario del corredor mediterráneo. El vicepresidente del Gobierno se comprometió también allá a mejorar la financiación, pero a la reclamación de las infraestructuras respondió encogiéndose de hombros.
En la financiación, cada euro que logran administrar las comunidades autónomas es uno menos que gestiona la Administración del Estado, así que el eterno forcejeo resulta exasperante, pero es - hasta cierto punto-comprensible. Sin embargo, tal como se ha comprobado esta semana, con la financiación autonómica el Gobierno regatea, pero ante la reivindicación de las infraestructuras se cierra en banda, sobre todo cuando la plantean las comunidades que objetivamente más las necesitan, las que crean más riqueza y, por supuesto, pagan más impuestos.
Cuando Valencia reivindica un eje ferroviario que facilite la circulación de mercancías y personas hacia el norte lo hace porque lo necesita para aumentar las exportaciones y por lo tanto generar más riqueza. Esa riqueza iría, además, en beneficio del conjunto español. Sin embargo, los gobiernos de España se han negado antes y ahora sistemáticamente a programar el ancho de vía europeo en el litoral. Cuando las instituciones y la sociedad civil catalana se pronuncian por una administración autóctona - públicaoprivada-del aeropuerto de El Prat no es por un capricho nacionalista, sino para que las empresas catalanas puedan competir mejor en el mercado global y aumentar su contribución a la hacienda española. Por eso estaba decidido y pactado el traspaso del aeropuerto de El Prat durante la negociación del Estatut. Sin embargo, un golpe de mano organizado por un tal Palao desde el Ministerio de Fomento, concitando el apoyo simultáneo de sindicatos, bancos y compañías de bandera, hizo sucumbir a un Zapatero todavía poco avisado.
¿Acaso el desarrollo de las comunidades más dinámicas supone una amenaza para el Estado? Y si es así, ¿para qué tipo de Estado? Cuenta Manu Garayoa, brillante analista financiero e incomprensible defensor de la causa madridista, que, en cierta ocasión, en el Bernabeu, se anunció la llegada del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hubo silbidos y, a continuación, una voz puso las cosas en su sitio: "Aquí no somos autónomos, aquí mandamos". Y los que mandan, ni vuelan ni dejan volar.
26-IV-09, Jordi Barbeta, lavanguardia