Mira por donde, la primera caja de ahorros intervenida no ha sido ninguna de las que los rumores apuntaban como víctimas seguras tras estos largos veinte meses de crisis financiera. Y tampoco el motivo ha sido el previsto: falta de recursos, insolvencia, fuga de depósitos, morosidad desbocada... No. Ha sido Caja Madrid y no a causa de problemas de solvencia, sino a consecuencia de la acción de irresponsables banderías políticas.
Desde que le estalló el asunto del espionaje, a Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, no le sale una a derechas, que así es como le gusta a ella que le salgan las cosas. El asalto a Caja Madrid se le ha complicado de tal manera que puede acabar convirtiéndose en el fiasco definitivo de su maltrecha carrera hacia el liderazgo nacional del PP.
El desencadenante de todo fue el intento de desplazar a un presidente, Miguel Blesa, díscolo (hablar de traición sería demasiado), y colocar a otro completamente afín, por ejemplo el vicepresidente en el Gobierno regional, Ignacio González. De paso, la razzia debía servir para apuntalar el control de la Comunidad sobre la entidad de ahorro. Se trataba de poner en marcha un sistema de vasos comunicantes: se gana poder político en la entidad reforzando el peso de los ayuntamiento afines reduciendo el de los que están en el otro bando del mismo partido. Una vez logrado el control total, se utiliza la palanca económica, la gestión de la caja, para reforzar a la presidenta en la Puerta del Sol.
Pero la cosa ha ido mal, muy mal, y la Blitzkrieg inicial ha provocado el desembarco de Normandía. La partida comenzó con un Blesa condenado y solo frente a un abrumador dominio de Aguirre. Pronto cambio el escenario y se topó con la oposición del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, cuyo ayuntamiento veía reducida la presencia en la caja a lo simbólico, y además no estaba dispuesto a aceptar sin resistencia que su principal rival se hiciera con la caja, nunca mejor dicho, de Caja Madrid. Y al final, seguimos aún en el campo popular,resultó que Mariano Rajoy, el presidente del PP, tampoco veía claras las intenciones de la lideresa.
El golpe de gracia a su operación ha llegado hace dos días, cuando Pedro Solbes, el vicepresidente segundo, anunció que el Gobierno recurrirá ante el Constitucional la ley Aguirre al considerar que vulnera la normativa estatal del sector. La consecuencia inmediata será la suspensión cautelar de la normativa de la Comunidad durante varios meses en los que Blesa seguirá ocupando la presidencia de la entidad.
El movimiento de Zapatero tampoco es neutral. Además de la obvia lectura política, seguir golpeando en la zona más sensible del PP, su propia división interna, y en uno de sus feudos más valiosos, con su intervención logra ocupar el papel que hasta ahora se esperaba que desempeñase Rajoy, el de árbitro entre las dos fracciones en pugna. Desde ahora, el Gobierno es un agente activo en la disputa, cuando hasta ahora era un simple espectador.
Para Blesa y Caja Madrid la consecuencia más obvia es que desde ahora no queda más salida que un pacto entre el PP y el Gobierno para buscar un nuevo candidato que le sustituya, lo que le deja las manos bastante atadas para hacer cualquier movimiento de envergadura. La lucha política ha dejado intervenida de facto a Caja Madrid.
Excepto en el caso de que el Banco de España y el Gobierno echen mano de Caja Madrid para salvar alguna entidad en dificultades. Es decir, que la cuarta entidad financiera del país fuese llamada a dirigir alguna fusión terapéutica. No sería tan extraño pues la entidad madrileña y La Caixa son las eternas candidatas a tragarse colegas con problemas, consecuencia evidente de la enorme distancia en términos de dimensión que las separa del resto.
En este hipotético caso, tanto para el gobernador del Banco de España como para Solbes sería preferible hablar con Blesa que con alguien recién nombrado por Aguirre. Y para Blesa sería una bendición con salvavidas.
La mala noticia, como siempre, es que las malas artes de algunos en Madrid acabarán sirviendo para legitimar la intervención del Estado en un ámbito en el que las autonomías tenían el papel principal.
29-III-09, Manel Pérez, lavanguardia