En el año recientemente inaugurado se desvelarán importantes incógnitas respecto a algunas de las políticas que tienen un efecto más singular en Catalunya, con permiso de las medidas adoptadas y por adoptar para hacer frente a la crisis económica. En el terreno de la financiación autonómica sabremos, dentro de unas semanas, cuáles son las características concretas de la revisión del sistema, que no han quedado suficientemente aclaradas con la presentación realizada por el Gobierno central al acabar el 2008. Demos por supuesto que los recursos aumentarán y deberían ser suficientes para financiar adecuadamente la creciente demandas de servicios públicos, acuciadas por el intenso crecimiento de la población, que no ha sido reconocido hasta ahora por el diseño del sistema de financiación (en el caso de las comunidades de régimen común, a diferencia de lo que sucede en las comunidades forales).
A partir de aquí y para resumir en una sola las preguntas que deben tener respuesta, la mejor candidata es: ¿Seguirán recibiendo menores recursos relativos los territorios que más aportan a los recursos financieros comunes? Ésta es una situación que no tiene parangón entre los modelos de financiación territorial existentes en el mundo desarrollado. Quedémonos ahora en los términos nominales (euros corrientes) de la respuesta. Y dejemos para otra ocasión el hecho, muy relevante, de que la existencia de importantes diferencias en los niveles de precios entre regiones deberá ser reconocida algún día, para evitar que - como sucede ahora-al final de la intervención pública el poder adquisitivo real promedio de las familias en regiones relativamente ricas, como Catalunya y Baleares, sea menor que el de las familias en regiones relativamente pobres como Castilla y León y Cantabria.
Otro ámbito en el que se esperan respuestas a cuestiones importantes es el de la gestión de las infraestructuras. En el terreno de la movilidad cotidiana, habrá que ver si el 2009 alumbra la transferencia a la Generalitat de la gestión de los servicios ferroviarios de cercanías, con la imprescindible dotación para inversión que permita corregir el deterioro de la red y de sus prestaciones en los últimos 15 años. Seamos optimistas respecto a esta cuestión. No tanto, sin embargo, respecto al desenlace de la reforma de la gestión de los aeropuertos. Primero, es muy probable que el año 2009 no alumbre un desenlace propiamente dicho para la cuestión. Segundo, porque la coincidencia de planteamientos expresada - y explicitada-por el Ministerio de Fomento y el PP en la reciente sesión de 16 de diciembre de la comisión de Fomento del Congreso no permite albergar muchas esperanzas sobre un avance sustantivo de la reforma de los aeropuertos españoles, al menos en lo relacionado con su gestión individual. Sin duda, va a ser un año interesante e ilustrativo éste que acaba de comenzar.
14-I-09, Germà Bel, lavanguardia