El acuerdo alcanzado para que la OTAN lleve a cabo acciones en Afganistán de lucha contra la droga coincide en el tiempo con la filtración de un informe en que varias agencias de espionaje de Estados Unidos consignan que el país vive una “espiral descendente”. ¿Síntoma de que la situación es desesperada y de que es preciso cambiar de estrategia e implicarse a fondo en uno de los principales focos de problemas? ¿Qué debe hacer España, que tiene desplegados a cerca de 800 soldados en el país, ante tal situación? De momento el Gobierno español ha dicho (junto con Alemania, Italia y Polonia, entre otros) que se abstendrá de participar en este tipo de misiones, lo que no impide que la medida siga su curso, puesto que se ha acordado que la participación sea voluntaria. Aún así, la posición de España pone de manifiesto y amplifica una de las dificultades que la misión tiene sobre el terreno: los muy distintos grados de compromiso.
Según el que fue enviado especial de la UE en Afganistán, Francesc Vendrell, la situación está en su peor momento desde 2001 y en invierno podría llegar al rojo vivo. Por un lado, las acciones internacionales cada vez producen mayores bajas civiles, se deteriora la situación en las áreas tribales y la mala cosecha anuncia problemas alimentarios, al tiempo que perviven la precariedad económica, la debilidad de las instituciones, la dificultad de proveer servicios y la corrupción. Por el otro, los talibanes parecen ganar fuerza, en parte gracias a la financiación que aporta el narcotráfico y al empleo de una efectiva propaganda que pretende situar a su favor el descontento con el Gobierno y las tropas extranjeras. Con todo ello, el respaldo de la población puede seguir deteriorándose hasta llegar a un punto insostenible.
Pese a los avances logrados en algunos ámbitos, la situación es tal que se plantea la necesidad no solo de enviar más efectivos, sino también la de adoptar nuevas estrategias. El propio presidente Karzai tantea ahora posibilidad de negociar con los talibanes, para lo que solicitado la intermediación de la familia real saudí. A la vez, se persigue ampliar el radio de las potencias internacionales que están involucradas en el conflicto, en parte para mitigar la percepción de que el país está sometido al oprobio occidental. En este sentido, se invita a China a jugar un mayor papel, tanto desde punto de vista económico (actualmente la mayor inversión en territorio afgano es china, para explotar una mina de cobre), como desde el punto de vista diplomático, favoreciendo la colaboración de un tradicional aliado suyo: Pakistán. Por su parte, el nuevo Gobierno pakistaní emite señales positivas con la renovación de mandos en los servicios secretos y al hacer una apuesta más decidida de lucha contra el terrorismo, aunque la proliferación de atentados indiscriminados en Pakistán no es una buena noticia para la seguridad en la región. También puede tener graves consecuencias el que EEUU intervenga directamente en el oeste de este país, lesionando la soberanía pakistaní y fomentando el nacionalismo pashtún.
No hay duda que la droga es una de las claves del asunto en Afganistán. Desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito se afirma la inextricable relación entre drogas y conflicto en el país. El negocio de la droga, concentrado en las áreas más conflictivas, representa una importante fuente de financiación para la insurgencia y es a la vez -directa o indirectamente- un medio de subsistencia para gran parte de la población, que no halla mayores réditos en cultivos distintos a la amapola del opio. Pese a haberse recortado la producción en 2008, tras cifras récord en 2006 y 2007, es preciso recordar que el 92% de la heroína en el mundo es de procedencia afgana. A lo que cabe añadir que la multiplicación de laboratorios en Afganistán ha hecho aumentar el consumo interno, favoreciendo la propagación del VIH.
La medida ahora aprobada por la OTAN, que de momento no cuenta con respaldo explícito de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, permitirá operaciones contra el negocio de la droga por parte de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), que desde 2003 dirige la OTAN. Ha sido impulsada por EEUU, aunque cuenta con el apoyo del Gobierno afgano y del Reino Unido. Significa una ampliación del protagonismo de la alianza atlántica en la región; una presencia fuera de área que China, Rusia y los países de Asia Central ‘toleran’ (siempre y cuando no sea a largo plazo), ya que pretenden evitar que la desestabilización del país pudiera afectar a su propia seguridad.
Con la materialización de este acuerdo, nos encontramos ante el problema del desconcierto: la falta de una visión compartida y de una mayor coordinación internacional. La posición de España es la de no llevar a cabo este nuevo tipo de misiones. Se aduce la necesidad de “afganizar” el proceso; en este caso ofreciendo ayuda a las autoridades afganas para que sean ellas las que lideren este tipo de operaciones. Sin embargo, pese al apoyo a la policía y al ejército afgano, la realidad es que la seguridad se ha deteriorado también en las zonas del norte en las que operan las tropas españolas. Concretamente, en la provincia de Baghdis, donde se encuentra el Equipo de Reconstrucción Provincial a cuyo cargo está España, se ha constatado una importante entrada de combatientes talibanes. Por otro lado, las provincias del norte también están crecientemente amenazadas por el hecho de encontrarse en las rutas del narcotráfico hacia Asia Central, que luego se dirigen a Europa.
España se muestra reacia a incrementar su despliegue, pese a que su aportación sigue siendo significativa: es el noveno país en número de soldados integrados en la ISAF, lleva invertidos cerca de 217 millones de euros en ayudas a la reconstrucción y la estabilización, y mantiene el compromiso de aportar otros 81 millones hasta 2011, sin olvidar que la misión en Afganistán ya se ha cobrado 84 vidas hasta la fecha.
Obviamente, es una decisión legítima el que España no quiera exponer sus soldados a mayores riesgos ampliando el alcance de sus misiones o destinándolos a las regiones más conflictivas del sur y el este, donde están tropas estadounidenses, británicas, canadienses y holandesas. Sin embargo, ello tiene sus implicaciones. No pocas veces se lamenta que Europa esté a merced de Estados Unidos en cuanto a seguridad y defensa, y que las políticas europeas se confundan con las de EEUU, que criticamos al mismo tiempo que se dejan claros los límites del propio compromiso. A veces queremos estar en misa y repicando.
No son extrañas las dificultades para forjar una posición común europea entorno a un tema como este, en el que se arriesgan tantas vidas. Prevalece el punto de vista que cada país adopta por su cuenta, con un ojo puesto en las repercusiones electorales y con el otro evitando proyectar hacia fuera la imagen de ser un socio que contribuye poco. Aún así, sería positivo que tengan lugar más debates sobre la cuestión a escala europea, con el objetivo de alcanzar una visión común para evitar que el conflicto devenga una guerra de ocupación, y para liderar nuevas iniciativas de forma conjunta.
Hacia dentro, es de esperar que en España y en cada país europeo se mantenga un debate en profundidad sobre la participación en conflictos como el de Afganistán, y sobre los medios y límites para la defensa de la propia seguridad. Un debate en el que se deberán evitar las imágenes distorsionadas y las falsas expectativas, puesto que hay mucho en juego. En lo que respecta a Afganistán, hoy se sabe que no existen soluciones a corto plazo. Aunque el cometido de la misión española es apoyar la estabilización y la reconstrucción, lo que a veces se interpreta como misión humanitaria, también sabemos hoy que globalmente la intervención internacional actúa en una situación de conflicto, no de post-conflicto.
Alex González, Coordinador del Programa Asia, Fundació CIDOB, 16-X-08, cidob