Empezó con la recolección de basura. Desde la década de 1980, las comunidades locales de todas partes han estado descubriendo que pueden garantizar el servicio sin tener que proveerlo ellos mismos. Las compañías privadas recolectaban la basura de los hogares de forma más confiable y eficiente que el servicio público en el pasado.
De pronto ya no hubo retrasos, ninguna huelga, ningunos malos modales. Desde entonces el principio se ha aplicado a muchos servicios: la policía de tránsito y la seguridad en los aeropuertos, luego los ferrocarriles y los sistemas de control de vuelo, los edificios de los hospitales e incluso las prisiones terminaron por ser administrados por asociaciones "públicas-privadas", o "PPP" como se les denomina en el Reino Unido.
El principio es simple. El gobierno garantiza ciertos servicios pero son los agentes privados quienes los proveen. De esta manera los ciudadanos reciben lo que necesitan pero de forma más eficaz y también a menor precio. En un inicio, este fue un proyecto del ala de centro derecha; fue parte de la ola de privatización que barrió a los Estados Unidos y a Europa en los años de Reagan y Thatcher. Desde entonces, la izquierda política lo ha adoptado y le añadió su propia teoría.
El comedido Ministro de Economía y Hacienda británico, Gordon Brown, ve a las PPP como parte de una marejada de cambio en la filosofía del Partido Laboral. Durante un siglo (argumenta) la izquierda peleó contra el privilegio privado fortaleciendo al estado. Ahora el estado dió origen a sus propios intereses fijos, privilegiados, que sólo pueden ser quebrados por una nueva combinación de garantías públicas y suministro privado.
Más recientemente, el Sr. Brown expandió el principio de las PPP para incluír no sólo al suministro de servicios por parte de compañías privadas, sino también por parte de un "tercer" sector voluntario o de beneficencia. El "New Deal" británico para lograr que los jóvenes que han estado desempleados por largo tiempo trabajen incluye la utilización de organizaciones de voluntariado como vehículo de empleo futuro.
El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ahora emplea a varios cientos de miles de voluntarios. En el suministro de ayuda para el desarrollo las ONG han tenido un papel crucial desde hace mucho tiempo. A las PPP se han añadido las asociaciones "públicas-voluntarias", llamémoslas PVP.
Tales eventos no se limitan a Inglaterra; se pueden encontrar muestras de tal esquema en todas partes. Pero ¿cómo puede todo esto funcionar? Que se establezcan asociaciones públicas-privadas y de pronto todo sea más barato y funcione mejor tiene un cierto elemento de magia negra. Pero como la magia negra, el truco no es convincente del todo.
En particular, son dos los riesgos que han sobresalido. El primero es que puede resultar que las "garantías" de servicio del estado cuesten más que las buenas promesas de los ministros. ¿Y si los socios, sean privados o voluntarios, se colapsan? La historia de Railtrack en Inglaterra es una advertencia. Una compañía que no es solvente tiene que ser salvada con el dinero de los contribuyentes.
Cuando eso pasa, surgen cuestionamientos. Qué hay de los "peces gordos" que hicieron fortunas con las PPP. De hecho, qué hay de los no tan gordos accionistas que, al final, también le reclamaban una compensación a un estado que prometió mucho pero no pudo cumplir.
El otro riesgo es más evidente en las PVP. Tales asociaciones convierten a las organizaciones voluntarias en agentes efectivos del estado. Atraídas por el señuelo de las concesiones fiscales, los cuerpos del tercer sector atan su destino a los gobiernos y pierden su independencia. Esto destruye la libertad que define a la sociedad civil. Sobre todo, le da más fuerza a los gobiernos; es centralización por medio del robo. Puede decirse que lo mismo es verdad para las PPP. Generan poder sin responsabilidad.
Los gobiernos prometen todo tipo de cosas e invitan, apoyan y garantizan a los agentes privados o sin fines de lucro. De esta forma el estado se vuelve el único depositario de los propósitos públicos.
Entonces, ¿será tiempo de reconsiderar la fórmula mágica de las PPP y las PVP? Invertir esa tendencia parece ser prematuro. Después de todo, hay mucho que decir en favor del principio de reducir la participación directa del estado en el suministro de servicios. Pero hay algunas preguntas que deben responderse si el principio ha de seguir teniendo aceptación.
Una de ellas es la siguiente: ¿dónde se encuentran los límites del suministro privado de servicios con fines públicos? Para muchas personas las prisiones privadas son inaceptables. También hay quienes se preguntan si no hay una diferencia importante entre el suministro de una infraestructura de servicio y el suministro del servicio mismo (vías públicas y trenes privados, como solían ser). En un sentido más general, bien puede haber límites para la utilidad tanto de las PPP como de las PVP.
Ante todo, sin embargo, debe resolverse la cuestión del control, de la supervisión y el equilibrio ( checks and balances ). En la esfera pública, tenemos instituciones democráticas que ejercitan el control. En la esfera privada, hacemos de la gobernabilidad corporativa un sistema cada vez más cercano a ser suficientemente transparente.
El sector voluntario genera, con razón, cuestiones más complicadas. Pero las PPP quedan flotando. Los gobiernos pueden decir que no eran responsables de los servicios y los proveedores privados pueden decir que sólo hicieron lo que el gobierno quería. Al final, no sólo la democracia podría ser la víctima, sino los contribuyentes también. Democratizar las PPP es, entonces, la siguiente tarea a realizar.
VI-2002, ProjectSyndicate, Ralf Dahrendorf