El PSC acusó ayer a CiU del cobro de comisiones ilegales después de conocer el auto de un juez de Barcelona que considera que en el año 2003 un constructor pagó comisiones del 20% cuando trabajó para Adigsa, empresa pública de la Generalitat dedicada a la promoción de vivienda. El auto, sin embargo, ha quedado superado después de que ayer mismo la Audiencia de Barcelona decidiera reabrir el caso al ordenar un nuevo peritaje. La investigación arranca de cuando Pasqual Maragall, en febrero del 2005, acusó en el Parlament a CiU de cobrar comisiones del 3% de la obra pública contratada y el entonces fiscal jefe de Catalunya, José María Mena, abrió diligencias.
El juez encargado de las pesquisas dictó auto de conclusión de la causa, expresando que existían indicios de delito de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación de funcionario público y falsedad en documento oficial y mercantil. En este auto, avanzado ayer por El País,se señalaba como supuestos responsables de estas conductas irregulares a cuatro ex directivos de la sociedad, a tres constructores y a un intermediario, José María Penín, que ha sido el centro de todas las averiguaciones, porque desde el principio se dijo que él era el encargado de tramitar los pagos, y porque además tenía vínculos familiares con Felip Puig.
El magistrado expresaba en su escrito que el plan de Adigsa de viviendas para jóvenes fue "ideado y creado con la finalidad de captación de voto por el partido en el gobierno autonómico, CiU". También se hablaba del cobro de comisiones del 20%, si bien no se definía el destino final de este dinero.
El auto en cuestión, sin embargo, ha quedado superado después de que ayer mismo se conociera que la Audiencia de Barcelona ha ordenado la realización de un nuevo peritaje, consistente en la valoración de unas fincas incluidas en el citado plan de viviendas para jóvenes, tal como pidió el letrado de uno de los acusados. En primera instancia, el juez del caso denegó llevar a cabo este trabajo, pero ahora la sección segunda ordena que se realice. Esto quiere decir que las investigaciones se han reabierto, que el juez deberá nombrar un perito y a la vista del resultado de su trabajo dictar otro auto de conclusión, según fuentes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La reacción política no se hizo esperar. El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, recordó que el Govern está personado en la causa como "parte afectada", mientras desde el PSC José Zaragoza acusaba a CiU del cobro de comisiones ilegales e instaba a Felip Puig - que en al época era conseller de Política Territorial- a que "dé la cara y no se esconda detrás de sus subordinados". El presidente de CiU y secretario general de CDC, Artur Mas, garantizó que ni su partido ni los altos cargos de su partido habían cobrado comisiones ilegales, mientras CDC emitía un comunicado para negar que hubiese acusaciones en firme y recordar que el proceso judicial sigue abierto. ERC e ICV-EUiA se mostraron partidarios de aclarar el caso y el PP pidió una comisión de investigación en el Parlament.
red, lavanguardia, 17-X-07.