6 de diciembre de 2006.
Hoy parece un día propicio para hablar de cuestiones constitucionales, y la legislación electoral y de partidos políticos es sin duda una de esas cuestiones.
Creo que después de casi tres décadas del actual sistema electoral y de la actual legislación de partidos debemos preguntarnos si realmente nos proporcionan una auténtica democracia.
Mi respuesta es que no, que el sistema electoral español y la legislación de partidos políticos han diseñado en España una democracia de mínimos o, en realidad, una plutocracia que cubre las apariencias pero no establece una democracia profunda.
Ley de partidos políticos
Nuestro sistema de partidos es verdaderamente lamentable. Hemos permitido que quede reducido a dos ingentes maquinarias de poder y propaganda sin control ciudadano ni de su propia militancia.
La militancia en un partido político debe ser un acto de responsabilidad sujeto a obligaciones y generador de derechos auténticos. Los partidos impulsan al afiliado-cuota y desconfían del auténtico militante con ambiciones, voz, ilusión participativa y ganas de votar y escoger. La democracia española termina a la puerta de las sedes de los partidos políticos.
Se suele argumentar que esto es producto de la falta de madurez política de nuestra sociedad, y que el tiempo irá mejorando esa situación. No es verdad. Llevamos treinta años de democracia y eso no ocurre. Lejos de aumentar la democracia interna de los partidos políticos, éstos se han blindado contra el cambio. Las camarillas que gobiernan la cúpula de cada partido son inamovibles, hacen y deshacen a su antojo, crean diputados y cargos electos sin que la militancia tenga nada que decir, y pobre de quien discrepe porque en España es muy fácil ser expulsado de un partido político o simplemente ninguneado en su seno.
Ante este panorama, me parece evidente que es necesario reformar la legislación de partidos políticos para obligar a que haya democracia interna. Es triste, pero no podemos dejar exclusivamente en manos de cada partido la organización interna en base a sus estatutos, porque la experiencia demuestra que siempre se opta por modelos escasamente democráticos. No debemos olvidar que todo partido político es una institución de carácter público (no son equiparables a las asociaciones privadas, que pueden organizarse internamente como quieran). La participación política es un derecho inalienable del ciudadano, y se ejerce a través de los partidos políticos. Por ende, estos deben ser estrictamente democráticos y para ello es necesario obligarles desde fuera a serlo.
Una nueva ley de partidos debería definir a grandes líneas el esquema de órganos y su composición; la obligación de que los candidatos que el partido presente en cualquier ámbito sean elegidos en votación secreta por el órgano correspondiente o, mejor, por el conjunto de la militancia respectiva; el derecho a constituir agrupaciones temporales o permanentes en el seno de los partidos para defender líneas específicas de pensamiento o intereses concretos en cada momento; el proceso disciplinario y sus garantías jurídicas internas (con apelación automática en la justicia ordinaria); la dotación de los órganos económicos y la transparencia de las cuentas; y unos cuantos etcéteras.
Los medios tecnológicos actuales hacen evidente que si no se escoge a los candidatos de forma democrática es por simple falta de voluntad. Las cúpulas de los partidos, a cada nivel territorial, se creen dueñas de los mismos y esto sólo podrá cambiar por ley, ya que no hay la menor voluntad de cambio en esas camarillas.
Sistema electoral
El primer asunto a tener en cuenta es el esquema de partidos que tenemos y si responde realmente a la realidad social. En la primera etapa de la Transición tuvimos un esquema pluralista con cuatro o cinco formaciones políticas que representaban visiones políticas diferentes. Eso nos asemejaba a países como Holanda o las democracias escandinavas, que seguramente son los mejores ejemplos de democracia parlamentaria pluripartidista. Después el sistema electoral favorecedor del injustamente llamado "voto útil", la obsesión expansionista de los dos grandes y la dinámica mediática española llevaron al actual bipartidismo que desvirtúa y minimiza la representación social.
La desvirtúa porque nuestra sociedad, como cualquier otra, es mucho más plural que el tándem PP-PSOE, a veces reflejo uno del otro. La desvirtúa también porque asigna al ganador por mayoría relativa una brutal sobrerrepresentación, y en menor medida al segundo más votado, haciendo que las demás fuerzas queden infrarrepresentadas. Y la minimiza porque el sistema impide ferozmente la representación de opciones más pequeñas, salvo si tienen una fuerza muy considerable (más del tres o cinco por ciento, ¿a santo de qué?) en una o varias circunscripciones determinadas. Incluso un partido con el cinco o seis por ciento a nivel nacional quedará fuera del Congreso (para no hablar del Senado) si resulta que tiene sus votos repartidos de forma tal que no supera a sus rivales en la asignación d'Hondt en ninguna circunscripción.
Este sistema responde a los miedos de la Transición, cuando se quería a toda costa un gobierno fuerte y monocolor. Es un inmenso error. Los mejores gobiernos son los de coalición entre dos o tres partidos. Y un partido político no puede estirarse como el chicle para albergar un espectro de planteamientos tan amplio como el del PP o el del PSOE. Hacen falta más partidos, más pequeños y obligados por el sistema a pactar porque las mayorías absolutas no puedan darse más que si de verdad son el resultado de la votación. Esto hará que el parlamento cobre vida como centro real de la política, frente a los despachos y camarillas de un partido hegemónico.
La proporcionalidad matemática exacta es una exigencia democrática porque unos votos no pueden valer más que otros. Un 44 % de votos nunca puede conferir una mayoría absoluta de escaños, sino que deberá otorgar un 44 % de escaños. Y un 1 % de votos no es un porcentaje despreciable que podamos tirar a la papelera, sino que representa a un grupo de votantes que han elegido nada menos que 3 ó 4 escaños de los 350 que tiene el congreso, por ejemplo. No debería haber más umbral que el matemático, ni existir forma alguna de sobrerrepresentación ni de infrarrepresentación.
Se echa en falta importar algunas cosas de otros sistemas electorales más avanzados, pero siempre pensando en la mayor democratización del sistema. Por un lado, en un país de compleja composición territorial debería existir una lista estatal que otorgue parte de los diputados, junto a los elegidos por circunscripciones. Esto funciona (y muy bien) en algunos países de nuestro entorno europeo. Así se garantiza la representación de las fuerzas transversales que no acumulan un gran numero de votos en un sitio concreto pero sí a lo largo y ancho del territorio. El mismo sistema debería aplicarse también a los parlamentos autonómicos.
Por otro lado, deben pasar a un sistema de elección nominal pero sin caer en el error británico de elegir un sólo representante por circunscripción, ya que esto nuevamente favorece el bipartidismo y confiere el 100 % de la representación de un lugar a una persona que tal vez haya recibido un cuarto o menos de los votos. Es mejor escoger un mínimo de cinco o seis por lugar y corregir además con las listas generales antes mencionadas, que acudir a pesados sistemas de segunda vuelta que, una vez más, favorecen el bipartidismo y anulan a los demás. La democracia no puede reducirse a dos voces, como los "tigres" y "leones" de aquel programa infantil de Torrebruno.
En la elección por circunscripciones, se debe votar por prioridad, mediante mecanismos como el Voto Único Transferible de algunos países. Esto implica que si mi primera opción ya tiene suficientes votos para conseguir su escaño, o tan escasos que matemáticamente no lo obtendrá, entonces mi voto pasa a mi segunda opción, etc. El mecanismo es matemático y asegura la máxima fidelidad del resultado final a los deseos de la mayor cantidad de gente con independencia de su voto por opciones mayoritarias o minoritarias. Por supuesto, esto implica que los partidos nos presenten un grupo de candidatos (escogidos democráticamente en su seno) y que nosotros escojamos de entre ellos, pudiendo configurar nuestra papeleta con candidatos presentados por más de un partido, libremente. Así votaremos a la persona y el escaño será suyo, no de su partido, recobrando el parlamento su razón de ser y su condición de centro de la vida política al no saberse de antemano los resultados de las votaciones, al poder discrepar parlamentarios de un mismo partido y al votar de vez en cuando de forma distinta compañeros de filas en temas que les separen.
La mayor crítica que se suele hacer a este tipo de propuestas es su relativa complejidad, como si hoy en día no hubiera medios técnicos para resolverla (como ya ocurre en otros países). Además, el ciudadano no es idiota y sabe votar por prioridades.
Las circunscripciones ideales son de entre cinco y diez elegibles. Así se puede conocer a los candidatos y priorizar su elección según las preferencias de cada uno, frente a macrocircunscripciones como Madrid y Barcelona donde se elige a todo un 10 % del parlamento más o menos mediante listas de las que el ciudadano medio no conoce más que a los dos o tres primeros, y los demás son "colados" en la cámara no porque les vote nadie sino porque en los cenáculos de su partido les han puesto en la lista. Por eso los partidos se creen dueños de los escaños y les cabrea tanto el llamado "transfuguismo" (que muchas veces responde a intereses espurios pero otras veces es legítimo, sobre todo si el "tránsfuga" donde se va es al grupo mixto y por discrepancias programáticas reales con su partido).
Además de todo esto, mi opinión es que el ciudadano tiene derecho al voto blanco efectivo. El actual voto en blanco significa "no me gusta ninguna lista" pero a continuación te obliga a repartir tu voto entre todas las listas, en la proporción del resultado electoral. Esto es una gran injusticia para los que han escogido votar en blanco. Los votos blancos deben significar escaños vacíos. Si esto implica que siempre vamos a tener un dos o tres por ciento de escaños sin asignar, pues qué se la va a hacer, es la voluntad de la gente. Se trata de una minoría muchas veces más grande que la que respalda a algunos partidos pequeños, y que por lo tanto debe estar representada. De lo contrario el voto en blanco es sencillamente inservible como mecanismo político.
Y del Senado, mejor ni hablar. No sirve para nada y no hay ni ha habido jamás voluntad real de convertirlo en una cámara territorial "a la alemana". Quizá lo mejor sería simplemente abolirlo. Varios países europeos tienen sistemas unicamerales (Portugal, Dinamarca...) y nuestras propias comunidades autónomas también, y es un sistema que no va mal. Menos gasto público absurdo.
Como liberal me parece que los partidos políticos deben autofinanciarse con las contribuciones de sus afiliados y simpatizantes, y que éstas deben ser transparentes. El actual sistema perpetúa a los partidos ya parlamentarios negando financiación a los que no tienen escaños, lo cual es una injusticia más de nuestro marco de acción política.
Tal vez algunas de las ideas expuestas en este artículo parezcan radicales o tendentes a crear una situación de ingobernabilidad. Yo creo que tender hacia este tipo de medidas obligaría a madurar tanto a nuestros partidos como a nuestra sociedad civil.